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Los dólares de la soja hallan un límite ambiental en Córdoba

Condenas por fumigación ilegal, protestas y freno a nuevas plantas de semillas abren un interrogante sobre la expansión de una actividad que para el Gobierno es sinónimo de ingreso de divisas. Las Madres de la Soja y la batalla de Monsanto. El espejo de las movilizaciones contra la minería.

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Foto:Cedoc

La producción agropecuaria, que el Gobierno considera clave para generar divisas, se enfrenta por primera vez en la Argentina a protestas sociales que le ponen un freno por motivos ambientales. El epicentro de las movilizaciones es Córdoba, que puede convertirse, como lo fue Esquel en Chubut, con su resistencia a la actividad minera, en una tendencia extensiva a otros distritos del país.

En los últimos años, cerca de la capital provincial, nació el movimiento Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que perdieron a sus hijos y lo atribuyen al efecto de agroquímicos utilizados cerca de sus casas. En agosto de 2012, la Justicia cordobesa condenó a un productor y a un aeroaplicador por fumigaciones ilegales. Desde septiembre de 2013, vecinos y militantes medioambientales mantienen bloqueados los accesos a la localidad de Malvinas Argentinas, donde la fabricante de semillas transgénicas Monsanto había comenzado a construir una planta de acondicionamiento de maíz. La obra fue finalmente paralizada por la Justicia, y la pelea sigue. “A la problemática de las multinacionales asociadas al monocultivo, se le suma la devastación de los bosques nativos, los incendios e inundaciones, que han generado una conciencia muy fuerte que vincula la problemática social con el modelo de desarrollo”, explica Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, es un polo de producción de maquinaria agrícola y vive del campo, pero el intendente Juan Jure, sin embargo, en noviembre negó por decreto la instalación de una estación experimental a la misma Monsanto, aduciendo que ponía en juego “la paz social”.

Se trata de un debate sensible para la administración de Cristina Kirchner. En la Argentina la cosecha llega a 100 millones de toneladas de granos, de los que la mitad corresponde a soja. Sólo en 2013 la exportación de la oleaginosa generó US$ 19.301 millones y se espera que este año llegue a US$ 22.968 millones, según estimaciones del Estudio Bein y Asociados. Por retenciones a productos primarios, en tanto, el Estado recaudará  más de $ 29.335 millones en 2014. “La hipótesis, aun de un gobierno con sensibilidad popular como el nuestro, es que el esquema de negocio que Monsanto ha determinado asegura la mayor producción”, admitió en una entrevista a la Agencia Paco Urondo el ex titular del INTI Enrique Martínez. Por estos días, el Gobierno se desvive porque el campo venda parte de la cosecha que tiene acumulada en silobolsas para que descomprima el mercado cambiario. Un debate financiero que, desde la provincia mediterránea, puede, a mediano plazo, sumar una variable ecológica.

Reclamos. Heterogéneas, las protestas tienen un núcleo común. Ponen en cuestión el llamado “modelo Monsanto”, que resume con el nombre de una de las multinacionales fabricantes de semillas (hay varias más, como Pioneer, Dow, Nidera o Syngenta) la producción agropecuaria basada en cultivos genéticamente modificados para que resistan herbicidas (el más extendido es el glifosato), de manera tal que se pueda producir más. Se cuestiona el impacto de los cultivos transgénicos y de los plaguicidas (llamados “agrotóxicos” por los ambientalistas) en la salud. “Hay enfermedades crónicas que aparecen hasta 15 años después, como el mal de Parkinson, que es difícil de visualizar, aunque está muy probado el vínculo con el modelo sojero”, ejemplifica Javier Souza Casadinho, titular de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina y declarante en el juicio por fumigación ilegal en Córdoba. El volumen de estos químicos usados en la Argentina pasó de unos 30 a unos 400 millones de litros, al compás de una cosecha que se disparó tras la llamada “revolución tecnológica”.

Monsanto, el blanco de los ambientalistas, es un gigante de capitales estadounidenses que lidera el mercado de la producción tanto de semillas transgénicas como de “protección de cultivos”, como llaman a los plaguicidas. Factura unos US$ 15 mil millones al año en todo el mundo, y la Argentina es su tercer mercado detrás de Estados Unidos y Brasil. “Ya han pasado 15 años de uso de la biotecnología en el campo y no existe un solo caso que demuestre que afecta a la salud”, se defiende Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto en la Argentina. La compañía asegura que está decidida a cambiar su estrategia para convencer a los críticos de que no hay contaminación (ver aparte).

Así, dicen, esperan intervenir a través de un flamante mecanismo de audiencias públicas habilitado por la Legislatura de Córdoba, para insistir con la planta de Malvinas Argentinas, una inversión de US$ 400 millones que en 2012 importantes ejecutivos de la compañía le presentaron en Nueva York a la propia Cristina Kirchner. No hay plazos de ejecución de la obra ni mucho menos de su puesta en marcha. Pero aseguran que no se van del país porque lo consideran estratégico.

Prioridades. “El grado de conflictividad y el mapa de conflictos ambientales en la Argentina crece”, asegura Walter Pengue, doctor en Agroecología y coautor del Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pengue añade que, si como intenta el Gobierno en plena tensión financiera, “se deja que todo lo regule el mercado o la desesperación por los sojadólares que vendrán a partir de cada abril, los derechos de la gente quedan sublimados”. “El límite ambiental para la producción de soja ya existe”, expresa, y va más allá de Córdoba y los hechos de los últimos tiempos.  “La sociedad urbana y rural es crítica cuando se la fumiga de manera sistemática, por lo que es necesario orden y prolijidad en este proceso”, apunta en referencia a movimientos como los encabezados por Sofía Gatica, la referente de las Madres de Ituzaingó, que ha sufrido amenazas y golpes a lo largo de estos meses de denuncia y protestas. La regulación de la apligación de agroquímicos es una de las normas que más se han extendido en el país. En Cañuelas, provincia de Buenos aires, no se puede fumigar hasta a 2 mil metros de los cascos urbanos.

La estructura productiva de Córdoba permite entender que haya espacio para un “no” al agro. Como en Esquel, donde la minería asomaba como alternativa excluyente al turismo, la provincia mediterránea tiene diversificada su fuente de ingresos. “Tiene una fuerte expansión sojera en los últimos años, pero a diferencia de otras, como Santa Fe, tiene mucha industria automotriz y servicios, como el turismo”, contextualiza Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones. En la Universidad de Río Cuarto, entrevén que puede haber una reacción similar, en no mucho tiempo, nada menos que en Rosario, puerto agropecuario y foco del derrame inmobiliario de la soja. “Hay alguna similitud en términos de la agudización de las problemáticas ambientales y en algún momento se va a traducir en políticas públicas, porque la dinámica institucional y social va generando puntas de contrahegemonía”, afirma Ruiz, coautor de estudios que terminaron recomendando al municipio de Río Cuarto rechazar la llegada de Monsanto.

En la Sociedad Rural, que nuclea a grandes terratenientes y productores, relativizan el impacto que pueda tener la reacción cordobesa sobre el futuro de la agricultura en la Argentina. “Hay que tener conciencia al aplicar agroquímicos y hay que difundir buenas prácticas, porque no hay otra manera hoy de produciir alimentos con volúmenes de forma moderna”, asegura su presidente, Luis Etchevehere. Desde la Mesa de Enlace, que  la SRA comparte con otras entidades agropecuarias, apuestan a que la producción de granos alcance hasta los 160 millones de toneladas en 2020. El debate con tonada cordobesa que está comenzando abre una incógnita sobre todo tipo de proyecciones.

 

“La otra mejilla”

J.S.

La multinacional fabricante de semillas transgénicas Monsanto asegura que se dio cuenta de que tiene que “cambiar”. Luego de años de silencio en los que recibió acusaciones, el gerente de Asuntos Corporativos, Adrián Vilaplana, afirma: “Nos dimos cuenta de que hay que dar un paso al frente, y si no nos creen, poner la otra mejilla”. Según el ejecutivo, no hablar ha llevado a que Monsanto hoy sea sinónimo de contaminación y de muerte. Por eso, van camino de una política de puertas abiertas. Están invitando a vecinos y ambientalistas a que conozcan la planta semillera de Rojas, en provincia de Buenos Aires. “Queremos que vengan los activistas Sofía Gatica y Raúl Montenegro, pero no vienen porque se les acaba el discurso”, desafía Vilaplana. El objetivo de Monsanto es hablar para que no haya más casos como el Soledad Berruti, la autora del libro Malcomidos, que denunció –en la revista Anfibia– hostigamientos y hasta una campaña de difamación de parte de la compañía.



Victoria Rojas / Jairo Straccia