ELOBSERVADOR HABRIA UN MILLON DE NUEVOS POBRES


Los últimos que paguen la cuenta (mientras esperamos el derrame)

El Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina es la principal referencia de la situación social en nuestro país. Su investigador principal analiza la coyuntura actual, en la que hay mejores diagnósticos, pero no se vislumbran las soluciones que, a su juicio, no pueden esperar.

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Foto:AFP

El gobierno anterior nunca acompañó diagnósticos que dieran malas noticias. En el actual escenario, aunque todavía muy poco ha ocurrido en materia de recuperar, mejorar y poner en discusión renovadas estadísticas oficiales de interés social, cabe al menos confiar en que existen decisiones referidas a ampliar y mejorar el acceso a la información pública. Mientras esperamos que esto tenga lugar, el Observatorio de la Deuda Social Argentina mantiene su misión de contribuir a la tarea de dar cuenta del estado del desarrollo humano e integración social de nuestra sociedad, y mostrar los avances o retrocesos alcanzados en esta materia. Nuestros informes han presentado sobradas evidencias de que la sociedad argentina experimentó en la década pasada, pero también durante estos últimos años, mejoras evidentes en materia de inclusión ciudadana, bie-nestar económico y derechos sociales. Sin embargo, pese a las extraordinarias oportunidades internas y externas, no tuvo lugar ningún cambio cualitativo en dirección a un desarrollo socioeconómico-ambiental sustentable. La pobreza, la marginalidad y la desigualdad son actualmente más estructurales que hace veinte o treinta años.  
Asimismo, nadie puede negar que hace un lustro que la economía está estancada en materia de inversión y crecimiento, sin creación de nuevos empleos, y sometida a un desgastante proceso inflacionario, un generalizado desorden macroeconómico y un insostenible déficit fiscal. El final relativamente febril en materia de consumo, protección y estabilidad social del último período fue posible en la medida que se desplazaban desequilibrios, esquivaban deudas y traspasaban vencimientos.

En ese marco, el gobierno saliente fue dilapidando activos financieros, productivos, energéticos, ambientales, sociales, intelectuales y políticos para mantener un clima de fiesta. La ampliación de los programas de asistencia a los pobres permitió mantener la paz social. La negación de problemas acuciantes, entre ellos la inflación, la pobreza o la inseguridad, fue un instrumento del discurso político oficial para, a través de una grieta retórica, mantener invisibilizada la grieta social. Por otra parte, la impotencia para acordar consensos sociopolíticos amplios impidió una vez más que el país pudiera contar con un plan estratégico para enfrentar tanto la emergencia como los problemas del subdesarrollo.
Según la información que releva de manera sistemática el Observatorio, a diciembre de 2015 el 6% de la población sufría indigencia extrema y, más ampliamente, entre el 25% y el 29% (según la fuente de datos que se utilice) se encontraba en situación de pobreza por ingresos. Asimismo, el 48% de los hogares urbanos del país –el 54% de la población– se encontraba afectado por al menos una de las formas que adopta la pobreza estructural: inseguridad alimentaria (15%), tenencia irregular o vivienda precaria (22%), falta de acceso a la red de agua corriente y servicios sanitarios (17%), padecimiento de enfermedades crónicas sin cobertura médica (20%), exclusión de la seguridad social (25%) o exclusión educativa (20%).
Las investigaciones muestran que más del 47% de los ocupados no está afiliado a la seguridad social, el 25% de la fuerza de trabajo está desocupada o realiza trabajos de indigencia y el 30% de los hogares necesita recibir algún programa social de subsistencia.
Este cuadro estructural de exclusión social no tiene
como particular ni principal fuente la herencia recibida, sino que constituye el resultado de la acumulación de varias décadas de desaciertos, omisiones y anomias dirigenciales.

Entusiasmo y temor. En este contexto, el arribo del actual gobierno ha generado tanto un exaltado entusiasmo como un creciente temor. La nueva administración apuesta a alcanzar soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica; a partir de lo cual confía en lograr un derrame de bienestar.
En lo inmediato, el Gobierno se propuso salir del default, recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales, instalar un tipo de cambio más comprometido, bajar retenciones a las exportaciones, normalizar las variables macroeconómicas, reactivar la paralizada obra pública, corregir las distorsiones en los precios de las tarifas, ajustar el costo laboral por medio de una baja del precio relativo de los salarios, entre otras medidas; todo lo cual se supone habrá de mejorar el clima de negocios, atraer inversiones, bajar la inflación, retomar el crecimiento, reactivar el empleo y reducir la pobreza.
Pero crear las condiciones para dar lugar al esperado derrame implica atravesar –a juicio de sus protagonistas– una tan dolorosa como inevitable transición, sobre todo en materia de aumento en el costo de vida para los sectores más pobres. En este marco, con el fin de reducir el riesgo de obturar la paz social, el nuevo gobierno también se ha preocupado en activar una serie de medidas de alivio social: aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales y jubilados; entre otras medidas; a la vez que algunas de las cuales todavía son proyectos (ampliación de la AUH, reactivación de la construcción a través de la inversión pública en infraestructura).

Mientras se espera que este plan de ajuste heterodoxo (no centrado en el equilibrio fiscal ni monetario) logre su cometido de recuperar la confianza y la inversión, algunos actores sociales, en particular los agentes económicos empoderados (léase empresarios) supieron y pudieron, una vez más, protegerse frente a la incertidumbre. Entre otros abusos, aumentaron precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aun a pesar de la caída del consumo y la creciente recesión.
La inversión de riesgo con recursos propios requiere para ellos de mayores garantías. Es decir, la estanflación especulativa sigue siendo la moneda de cambio de un empresariado nacional con escasa vocación capitalista. Es frente a este comportamiento que los actores sindicales, sabiendo del riesgo estratégico que corren, han negociado
salarios reales a la baja buscando cubrirse del espanto en materia de desempleo. De ahí la demanda legítima de mayor protección, aunque al menos todavía no exista ni vaya a existir una verdadera crisis ocupacional.
Pero el mayor riesgo económico en realidad lo están experimentando las pymes y microempresas, y con ellas una amplia capa de trabajadores asalariados precarios, trabajadores independientes, pequeños comerciantes y trabajadores eventuales (al menos 3,5 millones de trabajadores); en buena medida votantes de un cambio, los cuales, además de carecer de visibilidad y de representación política, o debido a ello, no han sido objeto de una especial protección social frente a la tormenta perfecta generada por la caída del consumo, el aumento de los precios y la creciente amenaza de despido. Un segmento al cual no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni los aumento en los programas sociales, etc. Justamente, es esta masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares los que constituyen los “nuevos pobres” generados por las medidas “normalizadoras” adoptadas por el actual gobierno.
El último informe de hace unos meses del Observatorio de la Deuda Social Argentina buscó llamar la atención sobre un aumento en la tasa de pobreza de entre 24% y 27% o entre 29% y 33% (según la fuente de datos que se utilice) durante el primer trimestre del presente año. La estrategia adoptada para salir del desorden económico preexistente habría generado más de un millón de nuevos pobres; fundamentalmente segmentos sociales provenientes del sector informal y de clases medias bajas. Este dato, aunque “impactante”, no deja de ser una estimación conservadora, más aún si consideramos la dinámica socioeconómica de los meses subsiguientes.

 

Contra el mensajero

En este marco, un hecho notable es que, a partir de esta cuidada puesta en escena de información relevante, hubo diferentes y no menos extrañas reacciones. Por una parte, sorprendió un discurso kirchnerista sensible al aumento de la pobreza, cuando en general este sector político no dudó en falsificar estadísticas sociales, a la vez que siempre fue crítico –cuando no amenazante– frente a las estimaciones de la UCA. No menos turbador fue registrar la reacción de algunos portavoces del nuevo oficialismo, antes siempre proclives a valorar las estadísticas sociales del Observatorio. Al igual que en tiempos no tan lejanos, algunos sospecharon de las intenciones políticas, otros pusieron en duda la metodología, y no faltaron los que sometidos a una desbordante fidelidad de clase buscaron negar la realidad. Afortunadamente, muy diferente a otras épocas, no fue ésa la reacción de la mayor parte de los funcionarios del Gobierno, quienes inmediatamente procuraron acceder a la información, entender la problemática y no confrontar con los datos sino con la realidad. El problema es que las islas de fantasía no son buenas para promover debates ciudadanos o acuerdos sociales que fortalezcan las instituciones de la democracia y permitan resolver equilibradamente las emergencias y proyectar políticas de desarrollo a largo plazo.
Al respecto, aunque no es ésta la oportunidad para profundizar el tema, cabe advertir sobre el riesgo que encierra poner un exceso de expectativas en el supuesto derrame que podrían generar las nuevas inversiones. Esto debido fundamentalmente a que el sistema económico argentino presenta una serie de históricas barreras estructurales y socioculturales que operan como freno al crecimiento con inclusión social. Por otra parte, ¿está el Gobierno repartiendo con equidad los costos de la fiesta? No parece. El estudio presentado por el Observatorio muestra que rápidamente pueden sumarse nuevos miles de personas a esa condición si el derrame o las medidas de protección social tardan más de lo previsto, resultan débiles o no llegan.

 

*Investigador del Conicet-UBA-UCA. Director del Observatorio de la Deuda Social Argentina.



Agustín Salvia