ELOBSERVADOR LAVA JATO EN AMERICA LATINA Y AFRICA

Odebrecht, país por país, gobierno por gobierno

Desde diciembre pasado, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer las confesiones de los ejecutivos de la constructora brasileña, once países quedaron envueltos en el caso. Cómo avanzó y cómo retrocedió la Justicia.

Mandatarios. En Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, el caso alcanza a varios presidentes y ex presidentes.
Mandatarios. En Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, el caso alcanza a varios presidentes y ex presidentes. Foto:cedoc

El colectivo periodístico Investiga Lava Jato, que integra PERFIL y coordinan Convoca  y Folha de Sao Paulo, repasa la situación del caso Odebrecht en Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Panamá, México, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Angola y Mozambique. Las confesiones de sobornos alcanzaron a 11 países de América Latina y Africa. Los avances han sido dispares y el caso se ha convertido en un fiel reflejo de cómo funcionan las instituciones, el sistema judicial y político en cada país. Desde ex presidentes detenidos hasta silencio de ultratumba.

PERU (Oscar Libón, Convoca).El equipo especial del Ministerio Público a cargo del caso Lava Jato tiene cuarenta investigaciones en proceso a nivel nacional, relacionadas a la presunta corrupción de empresas brasileñas en el país durante los tres últimos períodos presidenciales. La principal se abrió en junio de 2015 debido a presuntos pagos de sobornos entregados por la compañía brasileña Camargo Correa a funcionarios de Alejandro Toledo y Alan García, como fue revelado por Convoca en alianza con la plataforma Brío. Tiempo después se iniciaron investigaciones por las coimas vinculadas a la constructora OAS y recién en noviembre de 2016 por el caso Odebrecht.

Entre los investigados figuran los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, así como ex ministros, un viceministro, ex altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras entidades públicas, además de autoridades municipales y regionales, empresarios y abogados.

Hasta el momento, el Poder Judicial ha ordenado la prisión preventiva para ocho personas bajo la acusación de haber recibido sobornos de Odebrecht para beneficiarla con contratos de obras y concesiones. Una de ellas es para el ex mandatario Toledo que está prófugo en Estados Unidos.

La semana pasada, el ex presidente Humala y su esposa Nadine Heredia fueron recluidos, en diferentes penales, por un caso de presunto lavado de activos relacionado a los US$ 3 millones supuestamente entregados por la constructora brasileña para la campaña electoral del Partido Nacionalista en 2011. Odebrecht confesó haber pagado coimas por US$ 29 millones en Perú, pero las pesquisas fiscales indican que hubo más sobornos. El caso también está investigándose en el Congreso peruano desde hace seis meses.

El Ministerio Público mantiene en reserva el contenido total del preacuerdo de colaboración suscrito con Odebrecht en enero pasado. Sólo se informó que la constructora se comprometió a brindar información sobre los funcionarios peruanos implicados en sobornos y a abonar al Estado peruano 30 millones de soles como adelanto (más de US$ 9 millones).

VENEZUELA (Lisseth Boom, de RunRun.es, y Jesús Alberto Yajure, de El Pitazo). Conocer los nombres de los funcionarios e intermediarios en Venezuela que cobraron US$ 98 millones en sobornos para obtener y mantener megacontratos de la constructora Odebrecht, podría depender de una sola persona: la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien desde el Ministerio Público se encarga de investigar el capítulo local del caso de corrupción más grande de la historia de Brasil.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz aseguró en una entrevista que funcionarios vinculados a las obras habían recibido comisiones que “depositaron en el extranjero, en algunos casos a nombre de familiares”, afirmó Ortega.

En enero de 2008, el ministro de Planificación y Desarrollo, Haiman El Troudi, designó a su propia esposa, María Eugenia Baptista Zacarías, en el cargo de Directora de Relaciones Institucionales. El Troudi es actualmente diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido de  Nicolás Maduro. Su esposa aparece como directora de la sociedad Publicicorp, SL. registrada en el número 8 de la calle Alcántara en Madrid, España. Pero ésta no es la única sociedad levantada por la familia de la esposa de El Troudi. Su suegra, Elita del Valle Zacarías Dias, constituyó en julio de 2016 tres sociedades inmobiliarias en París. Tienen por objeto la compra y venta de bienes inmobiliarios.

La esposa y suegra de El Troudi se convirtieron en las primeras imputadas anunciadas por el Ministerio Público. La fiscal Ortega Díaz ya había solicitado en noviembre pasado la detención del brasileño Euzenando Praceres Azevedo, director de la constructora Odebrecht en el país. Azevedo, quien estaba fuera de Venezuela para la fecha, se acogió a los acuerdos de delaciones premiadas y colabora con las autoridades brasileñas. Baptista y Zacarías Dias deberán comparecer el próximo 27 de julio.

Siguiendo la política del silencio adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro sobre el escándalo Odebrecht, la Fiscal no mencionaba a la constructora desde el 16 de febrero de 2017, cuando viajó a Brasil para firmar un convenio de cooperación para investigar las empresas del caso Lava Jato con la Procuraduría General de Brasil. Hizo mutis casi cinco meses hasta el pasado jueves 29 de junio, cuando públicamente aseguró que podría solicitar antejuicio por el caso Odebrecht, en medio de una crisis generalizada que ahoga al país caribeño.

Existe la expectativa por conocer los nombres de Odebrecht en Venezuela luego de que las delaciones premiadas ventilaran el 12 de mayo de 2017 que el propio Maduro pagó en 2012 –entonces en el cargo de canciller– al menos 11 millones de dólares en efectivo provenientes de las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez a Mónica Moura, esposa del publicista João Santana, estratega y asesor de la campaña presidencial de Chávez de 2012.

En Venezuela aún no hay reacciones oficiales sobre las revelaciones de #InvestigaLavaJato, que comprobaron que Odebrecht pagó vía Caja 2 al menos US$ 13 millones de un total de US$ 98 millones en sobornos en 2014 por cuatro obras que aún no se han construido.

COLOMBIA (Por Colombiacheck). El escándalo de Odebrecht en Colombia ha dejado hasta el momento ocho personas en la cárcel o con medida de aseguramiento –como la prisión domiciliaria–. Otras 13 quedaron imputadas por varios presuntos delitos. El funcionario de más alto nivel que está en la cárcel y que confesó su culpabilidad es Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte durante el mandato presidencial de Alvaro Uribe Vélez. El ex congresista Otto Bula Bula está preso aunque se declaró inocente.  

La fiscalía colombiana envió copias de la información que recabó a la Corte Suprema de Justicia para que indague al congresista Bernardo Miguel Elías Vidal y al ex congresista  Plinio Olano.  

Las ex ministras Gina Parody y Cecilia Alvarez se suman al escándalo de Odebrecht. La Procuraduría colombiana las ha vinculado formalmente a un proceso disciplinario.

Según las confesiones de Odebrecht, publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre último, la multinacional brasileña pagó sobornos en Colombia por más de US$ 11 millones entre 2009 y 2014. La compañía obtuvo beneficios que superaron los US$ 50 millones.

Los representantes de Odebrecht sólo han revelado información de estos hechos ilícitos sobre el contrato de Ruta del Sol.

BRASIL (Flávio Ferreira, Folha de Sao Paulo). Hasta el momento, la condena del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y seis meses de prisión, dictada por el juez federal Sergio Moro, es la principal decisión judicial de la Operación Lava Jato en Brasil.

El caso también llevó a la presentación de la denuncia penal contra el presidente Michel Temer, acusado de corrupción pasiva. La Procuraduría General de la República alega que Temer actuó para favorecer los negocios del empresario Joesley Batista, de la empresa JBS.

Ahora la Procuraduría negocia una posible delación premiada con dos grandes constructoras brasileñas que operan en varios países de América Latina y que también son investigadas en el caso Lava Jato: OAS y Queiroz Galvão.

ECUADOR (Christian Zurita, Mil Hojas). El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel, ha repetido incansablemente que en 2008 estuvo a punto de sacar a patadas de su oficina a Marcelo Odebrecht. El conflicto sucedió porque la constructora se negó a ejecutar arreglos de importancia en una central hidroeléctrica. Por esa razón la empresa fue expulsada del país, pero en 2011 Odebrecht regresó con fuerza y logró firmar US$ 4 mil millones en contratos, la mayor parte bajo la responsabilidad de Jorge Glas.

Hoy se sabe que las obras fueron sobrefacturadas por más de US$ 500 millones y que el principal implicado hasta el momento es Ricardo Rivera Aráuz, tío materno y hombre de confianza del vicepresidente.

El Ministerio Público de Ecuador acusó a Rivera de haber recibido el 1% de cada contrato y addenda firmada por la empresa en el país. Se han abierto siete investigaciones, existen siete detenidos y un prófugo: el Contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni, la máxima autoridad en la vigilancia de los recursos del Estado, hoy acusada de recibir dinero de Odebrecht.

Jorge Glas no ha sido involucrado en la investigación penal, pero la oposición parlamentaria intenta llevarlo a juicio político y destituirlo.

EL SALVADOR (Jimmy Alvarado, El Faro). La Fiscalía General confirmó el 13 de junio comunicaciones con la Justicia brasileña para intercambiar información sobre los aportes monetarios de Odebrecht que fueron gestionados para la campaña de Mauricio Funes, quien fue elegido presidente en 2009.

El fiscal general Douglas Meléndez dijo que no podía confirmar el monto todavía, pero aseguró que según algunos testimonios de “criteriados” brasileños podía concluirse que se trataba de varios millones de dólares. Funes negó en redes sociales que su campaña se nutriera de aportes de Odebrecht.

De acuerdo a las confesiones de Joao Santana y Mónica Moura –los publicistas que hicieron la campaña de Mauricio Funes–, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva intercedió para hacer llegar aportes a la campaña de Funes debido a la amistad que mantenía con Vanda Pignato –quien en ese entonces era la esposa de Funes– porque ella es brasileña y había militado en el Partido de los Trabajadores (PT).

En una planilla de la División de Operaciones Estructuradas que registra una cuenta mantenida entre Odebrecht y el Partido de los Trabajadores, figura la siguiente anotación: “Evento El Salvador vía Feira: 5.3”. Según las confesiones de Marcelo Odebrecht, Fernando Migliaccio y Hilberto Silva, ese apunte hace referencia a un aporte de la campaña de Mauricio Funes.

Los publicistas aseguran que recibieron US$ 3 millones para producir la campaña de Mauricio Funes, quien en septiembre de 2016 se exilió en Nicaragua en medio de una investigación en El Salvador por un incremento patrimonial injustificado, no relacionado al caso Odebrecht.

En la misma planilla de Odebrecht también aparece otro monto equivalente a US$ 3 millones que fueron destinados a la campaña electoral de otro ex presidente de América Latina: Ollanta Humala de Perú, hoy con prisión preventiva junto a su esposa, Nadine Heredia.

ARGENTINA (Emilia Delfino, Diario PERFIL). Odebrecht admitió haber pagado al menos US$ 35 millones en Argentina, pero aún no se conoce la confirmación oficial de los destinatarios de los pagos. Tres de sus obras están en la mira judicial por presuntos sobreprecios, cartelización y coimas: la planta potabilizadora Paraná de Las Palmas; la ampliación de los gasoductos de 2006; y el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

El caso toca de lleno a ex funcionarios del matrimonio Kirchner y al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, ex socio de Odebrecht.  

El principal obstáculo para probar los sobornos es que la legislación argentina no permite un acuerdo de colaboración en los mismos términos en los que se realizó en Brasil. La Justicia no ha ordenado ninguna detención y no se ha concretado el pago de multas, ya que no está contemplado de esa manera en la legislación.

Además de Odebrecht, hay otras constructoras brasileñas y argentinas investigadas por formar parte de un presunto cártel de la obra pública. Camargo Correa es investigada por otra planta potabilizadora. Techint es blanco de una causa por el caso Angra3. Contreras Hermanos afronta un expediente por presuntos sobornos.

Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue acusado de recibir dinero del doleiro Leonardo Meirelles, confeso gestor del pago de sobornos de dos constructoras que operaron en la Argentina: OAS y Odebrecht. A pesar de los pedidos del fiscal Federico Delgado, ninguno de los jueces de la causa permitió que se investigara. Ahora, el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió que la Corte Suprema tome la decisión de reabrir o no la investigación contra el jefe de Inteligencia.

PANAMA. El Ministerio Público creó la Fiscalía Especializada Anticorrupción para investigar el caso Odebrecht. El 24 de enero, formuló cargos a 17 personas por blanqueo de capitales, entre ellos ex funcionarios y empresarios. Aunque no revelaron las identidades, en el listado están dos hijos del ex presidente Ricardo Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares; y los socios de la firma Mossack Fonseca –conocida en el mundo por los Panamá Papers–, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack. Hasta el momento, se han abierto 24 causas y hay 36 personas procesadas.

La procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, se reunió con sus pares de la Fiscalía de la República Federativa de Brasil el 9 de junio con la finalidad de coordinar los mecanismos de colaboración solicitados por Panamá en el caso Odebrecht.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha logrado un acuerdo con las autoridades de Brasil que permita tener acceso a los testimonios brindados por los ejecutivos de la empresa en las delaciones. Esto ha ocasionado un aluvión de críticas en el país y hasta denuncias contra Porcell, que no acepta el compromiso de no usar esa información para afectar a Odebrecht ni a sus colaboradores brasileros.

El capítulo Panamá de la organización Transparencia Internacional (TI) emitió un comunicado donde manifestó su “decepción y frustración” por el trabajo del Ministerio Público. Dijeron que ante las evidencias de que el caso muestra una gran corrupción en Panamá, para el país es más importante “reconstruir sus instituciones, identificar y castigar a sus funcionarios corruptos, que penalizar a los ejecutivos brasileños que ya están encausados en su propio país”. Las administraciones de dos ex presidentes y el actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, otorgaron contratos a Odebrecht y piden investigarlos. El gobierno panameño presentó una querella contra la constructora brasileña en febrero. Además, se anunció la terminación del acuerdo con la constructora para el Proyecto Hidroeléctrico Chan II.

MEXICO (Raúl Olmos, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad). Las autoridades  han decidido imponer una estrategia de silencio en el caso Lava Jato para evitar que el escándalo de corrupción internacional haga eco en la opinión pública. Además, la investigación va muy rezagada. La Procuraduría General de la República abrió un expediente del caso apenas el pasado 17 de enero de 2017, casi un mes después de que ejecutivos de la constructora Odebrecht confesaron en una Corte de Estados Unidos que habían pagado US$ 10,5 millones en sobornos entre 2010 y 2014 a funcionarios mexicanos a cambio de contratos de obra.

La petrolera mexicana Pemex decidió reservar por tres años (hasta 2020) todos los contratos asignados a Odebrecht, mientras que la Procuraduría argumenta que está impedida legalmente para dar a conocer avances de la investigación y para informar los nombres de los políticos o funcionarios públicos involucrados en la red de corrupción internacional. La reserva de información se extendió a 20 años en el caso de un contrato asignado por Pemex para suministrar gas etano hasta 29% más barato, para que Odebrecht lo procese en una planta petroquímica que instaló en el estado de Veracruz.

Lo poco que se ha logrado saber del caso Odebrecht en México ha sido por investigaciones periodísticas, principalmente de la revista Proceso y de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que ha difundido sus reportajes en alianza con los sitios AristeguiNoticias, Animal Político y el periódico El Financiero. Gracias a estas investigaciones independientes, hoy se sabe que Odebrecht recibió un trato privilegiado durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa (del partido conservador Acción Nacional), quien permitió incumplimientos, autorizó ampliaciones de contrato y pagos ilegales en la modernización de la refinería de Minatitlán, en el estado de Veracruz, lo que provocó que el costo de la obra creciera en 80% (equivalente a US$ 450 millones). Pese a graves irregularidades en las que incurrió Odebrecht, documentadas por la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de México, el gobierno del actual mandatario, Enrique Peña Nieto (del Partido Revolucionario Institucional), otorgó por asignación directa más contratos millonarios a la constructora. En todos los casos se otorgaron ampliaciones o addendas a los contratos.

Entre 2006 y 2015, Odebrecht obtuvo en México contratos por alrededor de US$ 2.500 millones, además de ganar el suministro de gas etano a precio preferencial para un negocio que representa ventas anuales por otros US$ 2.500 millones y la concesión para la explotación del servicio de agua en Veracruz. El contrato más cuantioso corresponde a la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, en el norte de México, el cual se asignó en forma directa a través de una red de empresas de papel que Pemex creó en paraísos fiscales.

Las investigaciones periodísticas también han podido confirmar un soborno por US$ 383 mil para la ejecución de una represa hidroeléctrica en el estado mexicano de Michoacán y la transferencia de US$ 3.754.000 a una empresa fantasma ligada al ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte. En ambos casos, los fondos fueron transferidos por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a través de empresas offshore.

GUATEMALA. (Daniel Villatoro, Plaza Pública). Nadie ha sido acusado. En Guatemala no se han revelado los pagos de coimas de Odebrecht a políticos y funcionarios.

La investigación está a cargo de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), financiada por Naciones Unidas.

Según Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la investigación se encuentra en reserva por lo que no da más detalles excepto que Guatemala sí tiene un convenio con las autoridades brasileñas para compartir información.

En un operativo del caso Petrobras, en diciembre de 2014, en la oficina del presidente de OAS se encontró un papel con el nombre del entonces ministro de Obra Pública y futuro candidato a la presidencia: Alejandro Sinibaldi, prófugo y acusado de aceptar sobornos de proveedores durante su gestión. El papel escrito a mano también incluía menciones al entonces presidente, Otto Pérez (en prisión por defraudación aduanera), posibles pagos a su publicista español, Antonio Solá, y presuntos pagos a 105 diputados por un monto de 40 mil dólares cada uno.

Odebrecht llegó a Guatemala en 2012 cuando el Congreso aprobó dos préstamos para la ampliación de una carretera que empieza en la frontera con México; uno con Bndes de US$ 280 millones y otro con un banco centroamericano por US$ 119 millones. La vía fue diseñada con una extensión de 140 kilómetros que a pesar de que terminó reducida en 48 kilómetros fue construida por el mismo precio inicial.

MOZAMBIQUE (Adérito Caldeira, Jornal A Verdade). La Justicia de Mozambique no está investigando las denuncias de corrupción de Odebrecht y optó por ignorar la revelación de que Norberto Odebrecht pagó sobornos a altos funcionarios del gobierno para poder obtener términos favorables en la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Nacala.

En un acuerdo de reducción de pena rubricado en diciembre de 2016 con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la constructora admitió haber pagado sobornos por US$ 900 mil a funcionarios del gobierno de Mozambique.  

En febrero pasado, el Gabinete Central de Combate a la Corrupción (GCCC) mozambiqueño afirmó que estaba investigando el caso de sobornos. Sin embargo, vencido el plazo, la Fiscalía General de la República brasileña identificó los ocho países que habían presentado solicitudes de documentos y testimonios de ejecutivos de la constructora, y Mozambique no era uno de ellos.

El aeropuerto de Nacala comenzó a ser construido en el norte de Mozambique en septiembre de 2001, con un costo inicial de US$ 111,7 millones. Después de dos agregados a la construcción original, quedó concluido y fue inaugurado en diciembre de 2014, con un costo final de US$ 216 millones, de los cuales 125 fueron financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil (Bndes). El resto lo de-sembolsaron dos bancos mozambiqueños. El aeropuerto funciona apenas dos días por semana, cuando recibe un vuelo de la compañía aérea mozambiqueña.

A pesar de que no estén identificados los funcionarios de “alto nivel” que fueron sobornados, @Verdade averiguó que por el gobierno de Mozambique, que en ese momento era dirigido por Armando Guebuza, lideraron las negociaciones los entonces ministros de Transportes y Comunicaciones, Paulo Zucula, y Finanzas, Manuel Chang, y el presidente del Consejo de Administración de la Empresa Aeropuertos de Mozambique en ese momento,  Manuel Veterano.

ANGOLA (Rafael Morais, Maka Angola). En este país, la multinacional brasileña está en el paraíso de la impunidad.

Las revelaciones en los Estados Unidos, según las cuales Odebrecht aportó US$ 50 millones en 2012 para la campaña de reelección del presidente José Eduardo dos Santos, fueron recibidas con indiferencia institucional.

El Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) gobierna hace 41 años y José Eduardo dos Santos hace 37.

Para quebrar la normalización de la impunidad entre los ciudadanos, el 27 de enero pasado escribí al ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Rui Mangueira, y al fiscal general de la república, general João Maria de Sousa, informándoles de los actos de corrupción de Odebrecht en Angola. Sin embargo, las autoridades angoleñas ignoraron pura y simplemente esa admisión y fingen que todo está bien en el reino de la podredumbre. Ni siquiera se dignaron a responder. El fiscal general también es empresario y ha defendido, de forma obtusa, los conflictos de intereses como un derecho de la ciudadanía.

La mayor indignación causada por Odebrecht en Angola fueron las declaraciones de Emilio Odebrecht durante una delación, según las cuales prácticamente fue su empresa quien enseñó a los angoleños a usar el inodoro. Ante eso, tanto los miembros del régimen como la sociedad informada se manifestaron profundamente indignados ante tamaña mentira. “Para dar una idea, no teníamos condiciones de quedarnos en residencias, a no ser que las reformáramos por completo porque ellos colocaban flores en el inodoro, no lo usaban. La finalidad del inodoro era servir de florero”, afirmó Emilio Odebrecht.