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Retrocesos y puntos ciegos

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Más allá de las espinosas cuestiones acerca de la familia y sus implicancias, el Código Civil presenta graves problemas, muchas veces invisibilizados tanto desde la agenda del oficialismo como de la oposición. Uno de los retrocesos más evidentes atañe a la cuestión socioambiental y está relacionado con la modificación del denominado “camino de sirga”. Originariamente, éste fue pensado como apoyo a la navegación, pero en el tránsito de un siglo se fue dotando de nuevos significados, vinculados a las luchas ciudadanas. Gracias a ello, la jurisprudencia y doctrina le habían otorgado una doble función: garantizar el acceso público a los ríos y constituirse como verdaderos corredores biológicos.
La nueva redacción no sólo reduce de 35 a 15 metros este camino sino, mucho peor, le quita el carácter de “camino público” que tenía su anterior redacción. Sus consecuencias prácticas son inmediatas: se elimina el acceso público a la totalidad de los ríos de nuestro país. Miles de hectáreas ribereñas, que eran usadas diariamente para el goce y disfrute de la población, se perdieron para siempre.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo Nacional eliminó del anteproyecto original un artículo sobre el acceso al agua como derecho humano fundamental, pese a que la inclusión de este derecho fue reafirmada por diferentes organizaciones y juristas en las audiencias públicas.
También quedó expresamente fuera de la nueva legislación el otorgarle una función social a la propiedad, algo reclamado por numerosos movimientos sociales, fundamentalmente aquellos vinculados a la problemática habitacional y de la tierra. De esta manera, se perdió una oportunidad histórica para aquellos sectores de la sociedad que se encuentran postergados en el acceso al derecho a la vivienda y la tierra. En vez de abrir oportunidades, el nuevo Código Civil cierra la puerta en términos de políticas públicas y otras herramientas de acción estatal, cuyo objetivo sea el de transformar el acceso al suelo, el territorio y la vivienda adecuada en un derecho efectivo

*Socióloga / **Abogado ambientalista.



Maristella Svampa* y Enrique Viale**