ELOBSERVADOR CONCLUSIONES DEL INFORME

“Se corre el riesgo de violar el marco legal vigente”

Desde el CELS, Grupo Convergencia XXI y el Ilsed se sostiene que, al desdibujarse el límite de competencias de los militares, se abre la puerta a acciones en materia de política interior.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Foto:Cedoc

Desde que la alianza Cambiemos asumió el gobierno, la política de defensa se ha caracterizado por la confluencia de tres ejes.

Por un lado, se tomaron decisiones orientadas a debilitar o transgredir el principio de demarcación entre los ámbitos de la seguridad y la defensa y a ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas. Esta asignación de tareas se realiza, además, por vías administrativas o por decretos, es decir, sin debate político ni público.

En segundo lugar, otro conjunto de medidas y decisiones debilitó la conducción civil de las Fuerzas Armadas y amplió, por lo tanto, su margen de autonomía, vulnerando así uno de los pilares fundamentales del sistema político argentino.

En tercer lugar, el Presidente y otros funcionarios, al mismo tiempo que promueven la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, sostienen discursos que de manera explícita o ambigua desdibujan sus responsabilidades en el terrorismo de Estado o plantean que los militares han sido excesivamente castigados por la sociedad argentina y que ya es tiempo de que recuperen el lugar que les ha sido negado.

Rupturas, En este contexto, es necesario remarcar que:

-El regreso de las Fuerzas Armadas a misiones de seguridad interna viola el marco legal vigente y rompe el acuerdo multipartidario que le dio origen.

-La participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna las somete a una profunda desprofesionalización, genera condiciones para una mayor intervención política y trae aparejadas graves violaciones a los derechos humanos y degradación institucional, como surge de la experiencia comparada con otros países.

-Las políticas que favorecen el desentendimiento de las autoridades civiles del gobierno político de la defensa conducen a lógicas de autonomía militar que afectan la institucionalidad democrática y son muy difíciles de revertir.

La Argentina debe profesionalizar a las Fuerzas Armadas en la defensa contra agresiones externas de otros Estados, tal como indican las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia, fruto del consenso interpartidario. La asignación de misiones no primarias, como las de seguridad interna, constituye un indicador de expansión y proyección de la presencia militar sobre el sistema político y la sociedad que, además, conduce a su desprestigio y progresiva desprofesionalización, como se comprobó en la Argentina hace cuatro décadas y se verifica hoy en los países de la región que han apelado a estrategias de militarización frente a problemas de seguridad pública.

Malas experiencias. En la Argentina, que ha sufrido una de las experiencias represivas más devastadoras durante los años del terrorismo de Estado, la política de defensa y militar debe ir siempre acompañada de una de derechos humanos que la fortalezca y retroalimente. Cualquier política de defensa que se proponga fortalecer a las Fuerzas Armadas en los roles que les asigna la legislación vigente debe partir de la condena explícita al rol que las Fuerzas Armadas tuvieron en la historia reciente del país y en el compromiso activo con la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos.

Tanto la prevención del terrorismo y del narcotráfico como la contención de la conflictividad social y la protesta fueron argumentos esgrimidos en diferentes etapas de nuestra vida democrática para justificar un posible rol de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno. Desde 1983, las coyunturas socialmente críticas han sido utilizadas para legitimar prácticas militarizadas de las instituciones y fuerzas de seguridad o para reclamar la intervención directa de las fuerzas armadas en el restablecimiento del “orden público”. La apelación a esta posible inter vención constituye un reto que nos obliga a reforzar los consensos en torno al principio de la demarcación y a sus fundamentos históricopolíticos.

Discusión imprescindible. Este conjunto de medidas y discursos expresa dos problemas políticos: en primer lugar, la falta de discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas y los objetivos de la defensa nacional en democracia, y en segundo, la ausencia de reformas institucionales y policiales necesarias para dotar de eficacia a las políticas de seguridad, en particular las vinculadas con mercados ilegales como el tráfico de drogas ilícitas, asociados a altos índices de violencia. En simultáneo, se encubre el abordaje militarizado de las políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, cuyos correlatos inmediatos son el “modelo de disputa territorial” y las tácticas y estrategias de ocupación, o la utilización de la inteligencia en desmedro de la investigación criminal.

Serias repercusiones. Hay un debate pendiente sobre el papel de las Fuerzas Armadas y los objetivos de la defensa nacional en democracia que no puede saldarse con una orientación de la política por fuera del marco normativo actual, que podría tener serias repercusiones para nuestro país. Es fundamental que el sistema político reafirme su compromiso con el principio de demarcación, el control civil de las Fuerzas Armadas y la definición de políticas de seguridad que privilegien la reducción de la violencia y fortalezcan la institucionalidad democrática.