Lo marca un informe de la Auditoría General de la Nación sobre las metas acordadas con Naciones Unidas. Falta asignar financiamiento y definir acciones contra la violencia. “No hay planes a largo plazo”, indica la evaluación.
Promesa. Argentina firmó en 2015 con la ONU. Macri estableció ocho objetivos hasta diciembre. |
cedoc
La Argentina se comprometió en 2015 al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que tiene 17 componentes. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el objetivo 5, de “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, sostiene que el Gobierno lo cumple a medias.
El período auditado es 2016/2017, y el organismo de control señala que los presupuestos no se vincularon con las políticas de desarrollo acordadas con la ONU y, si bien señala que el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales contribuyó a una eficaz coordinación, también indica que, como tiene menos jerarquía que los ministerios, se dificultan los resultados.
De las nueve metas propuestas por las Naciones Unidas, Argentina adoptó tres: eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados; reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado; y velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo.
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Otras tres metas “forman parte de la mirada transversal de género de la Agenda 2030” y dos más fueron absorbidas por otros objetivos (salud e infraestructura), lo que “impactará en la posibilidad de delinear e implementar políticas públicas de género”, de acuerdo con la AGN que preside Oscar Lamberto.
El plan de acción para eliminar la violencia está incluido en la Agenda 2030. “Menciona las metas pero no las vincula con las acciones a realizar”, indica la auditoría.
“No hay planes nacionales a largo y mediano plazo que incluyan el ODS 5 en particular, o alguna dimensión de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con un enfoque transversal, lo que afecta negativamente la sustentabilidad de las políticas públicas”, sostiene la evaluación. Sobre el corto plazo –hasta diciembre de este año– marca que el Gobierno estableció ocho objetivos y cien prioridades que “carecen de un marco legal nacional y no establecen su seguimiento ni indicadores”, según Cepal.
En los presupuestos de 2016 y 2017 no hubo fondos específicos para los objetivos de Naciones Unidas. Este año, en cambio, el Gobierno englobó todos los programas de género en una gran cifra. En el ejercicio 2018 se incorporó la actividad específica “articulación de ODS” al programa de Asistencia del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que “priorizó metas de acuerdo con el objetivo aspiracional de eliminación de la pobreza y con los objetivos y prioridades del gobierno nacional, sin dar participación a los demás sectores gubernamentales y otros poderes del Estado, ni a la sociedad civil, la academia ni el sector empresarial, dejando así de lado la visión y las herramientas de transversalidad que estos habrían podido aportar, especialmente los sectores gubernamentales”, cuestionó la AGN.
Sobre el financiamiento, el análisis agrega que “no se han estimado los recursos necesarios para implementar la Agenda 2030 en general ni el ODS 5 en particular, lo que afecta a la sustentabilidad de las políticas a implementar.
