Pese a la creencia de que el decreto del Presidente Mauricio Macri sobre extinción de dominio podría basarse en el modelo brasileño aplicado en el Lava Jato, lo cierto es que un equipo de especialistas del Ministerio de Seguridad lleva más de dos años y medio estudiando las experiencias de Colombia y México.
PERFIL dialogó con el abogado Nicolás Gutiérrez Bermúdez, especialista del Ministerio de Justicia de Colombia en materia de extinción de dominio en la gestión del anterior gobierno de Juan Manuel Santos. Gutiérrez Bermúdez participó como asesor de los equipos legal y técnicos del Ministerio de Seguridad argentino desde 2016 y estuvo presente de los encuentros con la Ministra Patricia Bullrich y miembros del actual gobierno.
—¿Cómo fue la colaboración con el Gobierno para asesorar los sobre extinción de dominio?
—No sólo con el gobierno de Macri, también en 2018 nos reunimos con todos los bloques de ambas cámaras del Congreso, para compartir nuestra experiencia y responder a las diferentes inquietudes. Hablamos con grupos a favor y en contra. Entre 2017 y 2018 los intercambios fueron variados y recibimos en Colombia a miembros del gobierno y la oposición; luego fuimos a Buenos Aires dos representantes del Ministro de Justicia colombiano, como especialistas.
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—¿Qué es lo más destacado de la ley de extinción de dominio de Colombia?
—La Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a la propiedad privada, siempre que ella haya sido adquirida en forma legal. Cuando no se puede demostrar el origen de esa propiedad, es cuando entra en juego la extinción de dominio. Se la confunde con una ley penal, pero es una ley independiente. Este punto es clave de comprender su carácter autónomo e intemporal. Todo bien mal habido puede ser incautado, no importa cuándo se haya adquirido, lo que importa es el origen ilícito del mismo. Hay que destacar su rango constitucional. Colombia tiene su Código de Extinción de Dominio y cuenta con fiscalías propias independientes.
—¿Qué papel jugó esta ley en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico en Colombia?
—La principal motivación inicial fue atacar el problema adecuadamente. La ley es una herramienta que le permitió a Colombia desmantelar, por ejemplo, los carteles de Cali y de Medellín. Hay que recordar que en la década de 1990 el país atravesaba uno de los períodos más violentos y difíciles en pleno contexto de lucha contra las guerrillas y figuras como Pablo Escobar.
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—¿Cómo evolucionó la aplicación de la ley a través de los años en Colombia?
—Naturalmente, fue evolucionando con la experiencia y se amplió a otras luchas: contra la trata de personas, delitos del orden de la moral pública, secuestros extorsivos; nos ha permitido atacar las mafias de celulares robados y la reventa de autopartes robadas. A diferencia de la propuesta argentina, la aplicación en Colombia no se limita a unos pocos delitos.
—Una reforma de 2017 incorpora al arrepentido como beneficiario de los bienes recuperados, ¿cuál sería el alcance de estos beneficios?
—Se incorporó un artículo que habilita al Estado a disponer de hasta un 5 %, de los bienes rescatados para la compensación de quienes con su testimonio permitan desbaratar negocios ilícitos. En el caso del imputado, o delatado, que voluntariamente reconoce el ilícito, por su colaboración puede conservar hasta un 3% del patrimonio que se le ha incautado.
—La ley fue incorporada como parte de la nueva constitución de 1991. ¿Qué le parece que aquí ha se haya apelado a un decreto de necesidad y urgencia?
—Nuestra ley de extinción de dominio tiene rango constitucional, a diferencia de la que salió en Argentina por medio de un DNU, que es muy endeble. De todos modos, lo celebramos como un buen primer paso, pero sabemos que un decreto puede ser modificado o anulado fácilmente por el próximo gobierno. Lo que Argentina necesita es una ley aprobada en el Congreso.
