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Fontevecchia y D'Amico vs el Estado

La Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre el caso contra la revista Noticias

Expresó su preocupación y le pide al Congreso que trate una ley específica para el tema. Qué dice la resolución.

Guido Lorenzino Matta asumió como Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Guido Lorenzino Matta asumió como Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. | Twitter @GLorenzino

La Defensoría del Pueblo bonaerense emitió una resolución basada el caso Jorge Fontevechia, fundador de la revista NOTICIAS, y Héctor D’Amico, en ese momento director del medio, vs el Estado Argentino por el fallo de la Corte argentina que relativizó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expresaron preocupación y le pide al Congreso que trate una ley específica para el tema. 

Esto surge luego de una denuncia impuesta pro el ex presidente Carlos Menem. El caso se dio en 1995, cuando Menem denunció a los periodistas por dos tapas que publicó la revista Noticias que revelaban la historia del hijo extramatrimonial del riojano; "¿El hijo de Menem?" y "La otra familia de Menem".

Noticias publicó la relación que tenía Menem con Marta Meza, diputada formoseña con quien tuvo un hijo, Nair. Ambas tapas provocaron el enojo del oficialismo de aquel entonces, que se dedicaron a negar sistemáticamente todo y el propio ex presidente inició el juicio.

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Es por ello que en 1997, Fontevecchia y D'Amico fueron condenados por la "mayoría automática" de la Corte Suprema a pagar una indemnización, pero esa resolución fue ser apelada. El caso, con ayuda del CELS, dirijido por Horacio Verbitsky, fue revisado y declarado nulo en el 2011 por la Corte Interamericana. 

En la resolución se deja en claro que "el Estado debe dejar sin efecto la condena civil impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico así como todas sus consecuencias, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 105 de la misma”. Así como también, pronunciaron la responsabilidad internacional del Estado argentino como consecuencia de la violación del derecho a la libertad de expresión.