La soledad del cirujano que practicó la cesárea a la nena: "Declararon objeción de conciencia y se fueron"

El cirujano José Gigena, que le hizo la microcesárea a la nena tucumana que fue violada lanzó una furiosa crítica al equipo médico del Hospital Eva Perón: "Los profesionales del lugar fueron espectadores", dijo en Todo Noticias. "Es una nena de 11 años con sus genitales inmaduros y, por eso, no iba a ser posible el parto", relató. "La vimos jugar con juguetitos de plásticos y, al vernos a nosotros, se asustó. Nos dijo que quería hacerlo pero que le tenía miedo a las agujas. Todo el tiempo se abrazaba con la mamá".

El médico relató que explicaron a la nena cómo iba a ser la operación y que madre e hija ratificaron la intención en presencia de dos testigos, la jefa del servicio y el psiquiatra que la asiste. "Cuando logramos el contacto con la niña decidimos la vía de terminación del embarazo y fuimos al quirófano. Ahí nos dimos cuenta que las instrumentadoras declararon la objeción de conciencia y se fueron”. “Mi mujer iba solo a acompañar. Cuando las enfermeras se van, ella se convirtió en una instrumentadora quirúrgica para terminar con la tortura de la nena", reveló.

“Sentimos una soledad tremenda, pero no podíamos dar un paso atrás", relató Gigena. "Es como esta niña hubiera estado bajo custodia. La actitud que tuvieron los profesionales que estaban ahí fue de espectadores. Colaboraron parcialmente. Fuimos tres personas en soledad asistiendo a la nena. Había que respetar el derecho de la niña y de la madre, que había manifestado la interrupción legal del embarazo, contemplado por la ley", concluyó.

Cecilia Ousset, la especialista que estuvo presente durante el parto de la menor, sostuvo: “Creo que Juan Manzur (gobernador tucumano), por una cuestión electoral, impidió que se realizara la interrupción legal del embarazo y se obligó a la nena a dar a luz. Esto es una tortura”.

Según informó el diario tucumano La Gaceta, las autoridades del Ministerio de Salud provincial aseguraron que "no entorpecieron la Interrupción Legal del Embarazo" de la niña  y se se deslindaron de las acusaciones de haberla torturado, realizadas por organizaciones sociales en defensa de los derechos de mujeres y niñas, entre ellas, Amnistía Internacional, Andhes y Cladem. "El sistema de salud nunca obstaculizó el proceso de interrupción del embarazo ni dilató una situación", afirmó la ministra de Salud Rossana Chahla.

"Escuchamos a la niña y a su madre, estamos dispuestos a contarles cómo han sido todos los hechos", agregó la ministra. "Hemos visto y escuchado algunas situaciones que no son las correctas, las verdaderas, y queríamos aclarar. Ha sido un caso que nos ha golpeado muy de cerca sobre todo a las que somos madres. Tenemos tres patas: una parte médica, una legal y la que prima: la parte humana", agregó Chahla.

La menor de edad se había presentado el pasado 31 de enero en un hospital de la localidad 7 de bril por un dolor de estómago, momento en que descubrió que cursaba un embarazo de 16 semanas "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", habría dicho la niña, según el expediente judicial en curso que investiga la violación de la que fue víctima.

La menor no vivía con su madre, dado que también la pareja de ésta había abusado de sus dos hermanas mayores, aunque el hombre se encontraba condenado y preso por este motivo. Según contó la ministra de Salud, el 11 de febrero la niña retornó al hospital con un pedido de internación por parte de la Dirección General de Salud Mental por "ideación suicida". 

En 2017 se registraron 2.493 nacimientos de niñas menores de 15 años, de acuerdo a Amnistía Internacional.

El 25 de febrero, la niña y su progenitora manifestaron la intención de interrumpir el embarazo, pero el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), dependiente del secretario de Salud, Gustavo Vigliocco, se interpuso y finalmente consiguió que a la niña le fuera practicada una microcesárea. Mientras los alrededores del hospital comenzaron a concentran manifestantes en pro y en contra de la práctica de un aborto, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, difundió el nombre de la niña, vulnerando la intimidad de la víctima, y llamó a los suyos a "custodiar" la vida del recién nacido.

"Escuchamos mucho a la niña y a la madre", agregó la ministra de Salud en su defensa del equipo médico. "Tengo entendido que el 18 de febrero, después de que se hace la Cámara Gesell a la niña, la mamá dice que tenía miedo de la interrupción porque tenía miedo de que le pase algo a su hija. Todo está documentado. No obstaculizamos. Cuando decidieron, inmediatamente pusimos todo el sistema a intervenir", relató la funcionaria.

Aunque el aborto es ilegal en Argentina, el art. 86 del Código Penal autoriza la interrupción voluntaria del embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fue producto de una violación.

Repudio "proaborto" y "provida" en Tucumán

"Amnistía Internacional repudia la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de la provincia de Tucumán", señaló este organismo desde su cuenta de la red social Twitter. AI dijo que la niña fue víctima de una gestación forzada, por lo que en su caso se aplicaban las causales que habilitan en el país la interrupción voluntaria del embarazo: que el embarazo es consecuencia de una violación, y que conlleva un riesgo para la salud de la víctima. "Someter a una niña de 11 años, abusada, a dilaciones para el acceso a una interrupción del embarazo viola sus derechos humanos", sentenció la entidad.

Mientras tanto, Fundación Huésped, protectora por los derechos humanos y reproductivos en su trabajo en áreas de salud pública, recordó que hace unas semanas la provincia de Jujuy registró una situación similar, y que en realidad "no sabemos cuántas más son ni cuántas más serán torturadas". "No podemos permitir más torturas a niñas", advirtió. Diputados opositores de la coalición FPV, como Gabriela Estévez, o del Frente de Trabajadores de Izquierda, como Nicolás del Caño, repudiaron junto a otros representantes de sectores sociales, periodísticos y culturales que la menor de edad fuese obligada a parir.

Teresa Fagalde, integrante de Médicos por la Vida, manifestó el apoyo de su organización al “personal de la salud que se negó a someter a la niña de 11 años y a su hija a un procedimiento que puso en riesgo su salud”. Reclamaron con firmeza la protección de la niña y de la neonata y exigieron medidas públicas que “impidan la repetición de este accionar criminal” y condenaron el accionar de “todos los que directa e indirectamente abusaron de la niña”. Además, pidieron al Estado poner en marcha “acciones que prevengan y supriman las traumáticas situaciones de abuso sexual”.

D.S.