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Revés para el kirchnerismo en la ONU: solo Bolivia defendió la denuncia de lawfare en Argentina

La delegación oficialista, presidida por Horacio Pietragalla, recibió el informe del organismo de Derechos Humanos de la ONU. Ya Alemania había expresado su "preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia".

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Twitter Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. | Twitter @UN_HRC

El gobierno nacional recibió este viernes el informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un trabajo del que participaron expertos de una centena de países que evaluaron la situación de los derechos humanos tanto en Argentina como en otros países.

Entre los ejes de la propuesta presentada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se encuentra la existencia de lawfare o "guerra jurídica" en el país, como se conoce a la persecución judicial de políticos, una figura popularizada por Cristina Kirchner.

Sin embargo, en el informe preliminar, que consta de 287 observaciones, solamente Bolivia hizo referencia al controversial asunto que motivó las críticas de la oposición liderada por Juntos por el Cambio cuando el gobierno hizo su planteo en un primer momento. El gobierno de Luis Arce, en tanto, también reclamó por Milagro Sala, la dirigente de la Tupac Amaru que alega ser una presa política, siendo esta denuncia otra de las banderas de Pietragalla.

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La presentación argentina en la ONU

El pasado lunes la delegación argentina convocada en Ginebra, Suiza, presentó los avances en materia de derechos humanos en Argentina y dio detalles de las políticas públicas implementadas. Según fuentes oficiales, la mayoría de las delegaciones presentes en la audiencia "elogiaron" la agenda del gobierno en la materia, como también "los esfuerzos realizados en los últimos años por combatir la violencia de género y la discriminación contra mujeres y el colectivo LGBTI+".

A esto se sumó la intervención de Alemania, que cuestionó la injerencia política sobre el sistema judicial argentino y habló de “presiones e intimidaciones” a los jueces e investigadores. Al principio esto fue interpretado como un triunfo por parte del oficialismo representado por Pietragalla. Sin embargo, también pudo haber referido al intento de juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.

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En ese sentido, el tema del respeto a las bases fundacionales del estado de derecho en Argentina, como la independencia de poderes, se convirtió en un asunto de discusión por varios organismos internacionales de derechos humanos. 

Así lo manifestó, por ejemplo, a organización internacional Human Rights Watch (HRW). En su último informe anual alertó sobre el tema y también echó luz a la demora en la designación de jueces y otros cargos importantes, como también la corrupción a nivel inter-poderes que "socava el estado de derecho" en Argentina.

La delegación alemana también hizo referencia a este último tema, y recomendó al gobierno argentino a "trabajar activamente con la oposición" para cubrir los cargos en la procuración general, la Corte Suprema y el Defensor del Pueblo. La administración de Fernández, por su lado, tiene tres meses para contestar el informe.