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Salta usurpada: cien días de toma de tierras por "aborígenes fantasma"

Propietarios de las fincas denuncian que grupos de origen boliviano inventan comunidades aborígenes para quedarse con sus tierras.

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Terrenos usuarpados en Salta. | gentileza Huberto Bourlon

La principal preocupación de los dueños de las fincas en la provincia de Salta no son las lluvias ni las sequías. Su mayor desvelo pasa por defender sus tierras para evitar que sigan aumentando los casos de usurpación y toma de terrenos por parte de comunidades aborígenes que ellos denominan como “fantasmas”.


Según denuncia Huberto Bourlon, un afincado de la zona de Embarcación, al norte de la provincia, hoy se cumplen 100 días desde que un grupo de familias comenzó a invadir su finca el año pasado. “Todo empezó el 26 de octubre cuando quisimos entrar hacienda al campo y no nos dejaron ingresar. Hace 100 días que no puedo entrar a mi propiedad y por ende tampoco puedo trabajar”, comenta indignado en diálogo con Perfil.


“El problema es que hay un grupo de familias que reclaman hectáreas de campos de la zona en nombre de comunidades aborígenes inexistentes. De las nueve agrupaciones que nos rodean (hay un vecino de él que tiene el mismo problema), solo una de ellas es verdadera, es legal; las otras son truchas, fantasmas, no existen y nunca habitaron suelo argentino”, explica Bourlon que ante la falta de respuesta de la Justicia, tuvo que recurrir a Twitter para denunciar y difundir estas usurpaciones desde su cuenta El Guiso Agricultor.


Una de esas agrupaciones “fantasmas” a las que hace referencia se denomina Weenhayek, y, de acuerdo con lo que explica Antonio Salvatierra, cacique de la comunidad wichi “El Cristo Arriba”, “son familias que vienen de Bolivia”. “Hace meses que están queriendo quedarse con tierras ajenas. Además ellos no son originarios ni nativos como nosotros; ni siquiera son argentinos”, asegura.


“Una vez que nosotros nos establecimos aparecieron estas familias de origen boliviano y empezaron a formar supuestas comunidades de origen wichí, pero la única que siempre estuvo en esta zona es la nuestra”, afirma. “De hecho, una vez aprobada la ley (en referencia a la 26.160) a nosotros nos dieron 17 hectáreas que pertenecían a nuestra comunidad e incluso tenemos los papeles y las escrituras de todo”, adhiere.


Si bien la comunidad Weenhayek reclama tierras que no le pertenecen y ahora se encuentran usurpando el territorio de la gente que representa Salvatierra (he ahí su gran enojo), además de las hectáreas de las fincas, el conflicto más importante es con un grupo de origen guaraní llamado “Happo Puau”.


Aunque el cacique de la comunidad “El Cristo Arriba” que nació en la finca “Tres Pozos” dice que “en estos meses el conflicto es menos intenso”, las amenazas y los ataques por parte de quienes impiden que los dueños de las fincas ingresen a su propiedad se dan desde hace tiempo. El lunes de esta semana, el nivel de violencia quedó evidenciado cuando la policía detuvo a uno de los supuestos usurpadores por amenazas y actitudes violentas contra Bourlon y su gente.


“El lunes pasado, con el visto bueno de la justicia y custodiados por un operativo policial que parecía de película por el despliegue que tuvieron que hacer, volvimos a poner los portones de ingreso a la finca que habían sido quitados por los mismos usurpadores, y como no querían que los coloquemos, los integrantes de la comunidad Happo Puau se pusieron agresivos, nos atacaron (un empleado resultó herido) y se enfrentaron con la policía”, cuenta Bourlon. “Lo bochornoso acá es que como la misma gente de Weenhayek se autodenomina boliviana, los Happo Puau reconocen que son guaraníes, por lo que no tienen nada que reclamar”, dispara.


Cómo se defienden los "finqueros". Dado que el problema por el reclamo de tierras se da en distintos lugares de la provincia, los propietarios de distintas fincas, ante la ausencia de un organismo que los represente ante la justicia, decidieron, en diciembre del año pasado, fundar la Asociación de Propietarios de Fincas de los Valles Calchaquíes de Salta (APFINCAS).


En diálogo con Perfil, Carlos Portal, presidente de APFINCAS y propietario de una que está ubicada al sur oeste de Salta, comentó que “la situación varía según cada comunidad y cada campo”.


A diferencia de Bourlon, Portal sí puede entrar al campo. “Yo tuve suerte”, reconoce al hablar de su caso particular. “El desalojo por parte de la policía se hizo rápido, pero en otras zonas, hubo propietarios que tuvieron que armarse y recurrir a la violencia para poder echar a las personas que invaden su propiedad porque la justicia no responde”, explica.


“No usé la fuerza porque, aunque parezca mentira, en esas familias hay amigos, parientes, conocidos, vecinos, y no tuve el valor de hacerlo. Estoy convencido de que han sido engañados y manipulados con la excusa de que ese terreno iba a ser destinado para viviendas”, afirma con sensación de importancia.


La metodología. Los casos son distintos, pero la metodología, dice Portal, es la misma. “Cuando es de noche se puede escuchar ruidos de gente que va corriendo y rompiendo los cercos que delimitan la propiedad privada”.


Con el fin de ganar tiempo y facilitar el acceso al trabajo, los finqueros reservan un lugar de su estancia para construir una vivienda para sus empleados. Una vez que sacan los alambrados, dice Portal, “toman esas tierras y amenazan a los trabajadores y a sus familias para que se vayan o se unan a ellos y reclamen los terrenos como propios”, describe al demostrar la principal causa por la que les cuesta, a los propietarios, conseguir mano de obra.


Para Portal, lo llamativo es que lo mismo que sucede en sectores como Embarcación ocurra en la zona de Cachi, al sur - oeste de la provincia donde él tiene su campo. "Nunca existieron los pueblos aborígenres en esta zona. Estos que se dicen ser descendientes de pueblos originarios hablan solamente castellano, son católicos y no tienen nada que los identifique con una comunidad. Aparte, hay empleados públicos en este grupo de gente y trabajadores que han estado blanqueados en las fincas".


Aniversario. Si bien son varios los propietarios de distintas zonas de Salta que tienen este problema, para Bourlon y su vecino Ortega, hoy se cumplen 100 días desde que comenzó este inconveniente y aún no tienen solución concreta por parte de la Justicia.


Paradójicamente, dice Bourlon, “la fecha coincidió con una reunión en la fiscalía por el seguimiento de los convenios con las ocho comunidades que acordamos (en total son nueve y la única que falta sumarse al acuerdo es la Happo Puau)”. “Ahí los mediadores controlan que nadie se sienta mal ni haya agresiones, sobre todo después del episodio del fin de semana (ver más arriba)”, explica.


“La justicia salteña, en estos casos, es muy lenta. La mayoría de los afectados esperan mucho tiempo en ser convocados para hacer las reuniones de mediación o seguimiento como es el caso de Huberto”, se lamenta Portal. “En mi caso particular actuaron rápido, tuve suerte porque la auxiliar de la fiscalía de Cachi aumentó los controles, pero al norte de Salta se mueven muy lento y eso da tiempo a los usurpadores para ganar terreno”.


Con el inicio del nuevo año y a pesar de los reiterados pedidos del gobierno provincial para que apuren los trámites, para Bourlon y los propietarios de Embarcación los avances más importantes llegaron de la mano de Pablo Cabot, que es el reemplazo de Lorena Martínez, la fiscal titular del distrito.


Perfil llamó a las oficinas de ambos funcionarios judiciales pero no pudieron dar su testimonio ya que, según explicaron sus respectivas secretarias, se encontraban de viaje por distintos juicios. También intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con gente cercana al gobernador Juan Manuel Urtubey pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. 


El negocio de los aserraderos. El segundo motivo por el cual estas agrupaciones quieren obtener estas tierras, como muestran los videos filmados por Bourlon, es el negocio de la madera.


Según Salvatierra, además de la comunidad Weenhayek también los involucrados en este mercado son los de la “Happo Puau”. El negocio de ambos grupos, dice, “es robar la madera muerta que en las fincas se usa como leña para llevarla a los aserraderos en los que ellos producen distintos productos, y también talar madera verde (proveniente del roble o el cedro) que está prohibida su deforestación por cuestiones ecológicas”.