"La solución del presidente de EE.UU., Donald Trump, para pagar el inicio de la construcción de un muro en la frontera con México es ilegal e inconstitucional", afirmaron los opositores al plan a un juez federal en California, mientras intensificaban una lucha para detener el plan.
En documentos archivados a pocas horas de la noche del jueves, el Sierra Club y una coalición de 20 estados instaron al juez de distrito de EE.UU. Haywood Gilliam en Oakland a impedir que Trump desvíe más de US$6.000 millones, en su mayoría provenientes de presupuestos militares, para financiar proyectos del muro.
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Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur el 15 de febrero, después de que los demócratas del Congreso se negaron a proporcionar US$5.600 millones en fondos. Esto dio lugar a un cierre parcial de 35 días del gobierno federal. El Congreso asignó US$1.400 millones para la seguridad fronteriza.
El hecho de que Trump haya ignorado la voluntad del Congreso y la violación de los principios fundamentales de separación de poderes, es el núcleo de la solicitud de una orden judicial preliminar, dijeron los estados en su presentación. "El Congreso rechazó inequívocamente la apropiación solicitada por el presidente para un muro fronterizo, solo para que el presidente ordene el desvío de fondos federales desde otras fuentes hacia el mismo proyecto que el Congreso rechazó".
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La administración ha tomado "medidas concretas" para implementar el plan del presidente, revelando propuestas para desviar US$1.600 millones de otros presupuestos federales hacia la construcción de muros, según los estados, aumentando la urgencia del caso, que se presentó por primera vez en febrero.
El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la presentación.
La declaración de emergencia de Trump es objeto de al menos cinco juicios. El Departamento de Justicia respondió a dos de ellos a principios de esta semana, dijeron en un expediente judicial que "plantean cuestiones políticas que los tribunales no están preparados para responder".
El presidente ha defendido el decreto cuando ha sido necesario detener el flujo de migrantes centroamericanos hacia EE.UU. desde México. Su administración no ha respondido formalmente a los casos ante Gilliam, una persona designada por el expresidente Barack Obama.
Los estados que solicitan una orden judicial inmediata son California, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y Vermont.
En marzo, el Congreso aprobó una resolución de desaprobación de la declaración de emergencia nacional de Trump, pero no pudo anular el veto del presidente.
"Debemos detener de inmediato este proceso para evitar el daño irreparable de un muro sur que ocasionaría a las comunidades fronterizas y a nuestra nación", dijo Dror Ladin, abogado del personal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en un comunicado.
La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo el jueves que los representantes demócratas habían votado para presentar su propia demanda para bloquear el muro fronterizo del presidente.
