Los ejecutivos de Google aún no han llegado a Washington para responder a la afirmación del presidente Donald Trump de que el mayor motor de búsqueda del mundo silencia las voces conservadoras.
Pero el gigante de Internet dejó en claro el miércoles que incluso si discriminase según opiniones políticas -algo que niega- no se le puede obligar a cambiar. No solo sería un error obligar a una empresa privada a garantizar la libertad de expresión de la manera en que la Constitución prohíbe la censura gubernamental, sino que tendría "consecuencias prácticas desastrosas", dijo Google en un documento a las autoridades judiciales.
"La Primera Enmienda limita adecuadamente la capacidad del Gobierno para censurar el discurso, pero aplicar esas limitaciones a las plataformas privadas por Internet socavaría la importante regulación de contenido", dijo la compañía. "Si se somete (a las empresas privadas) a las mismas reglas de la Primera Enmienda que se aplican al Gobierno, YouTube y otros proveedores de servicios perderían gran parte de su capacidad para proteger a sus usuarios contra contenido ofensivo o cuestionable, como la pornografía, el discurso de odio, los ataques personales y la propaganda terrorista".
El argumento de Google de que YouTube no es un "foro público" y, por tanto, no está sujeto a la Primera Enmienda no es nada nuevo. Se basa en una larga historia de fallos de los tribunales estadounidenses. En el documento Google insta al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito a desestimar una demanda de Prager University, un productor sin fines de lucro de vídeos conservadores sobre temas de asuntos públicos. el cual acusa a la compañía de Alphabet Inc. de usar su filtro de edad para restringir ilegalmente el acceso al contenido de Prager.
