La administración Trump no puede esquivar una demanda sobre su plan para eliminar el estatus de inmigrante especial concedido a decenas de miles de haitianos después de que un terremoto devastó la isla nación el 2010, dijeron los fiscales generales de 17 estados a un juez que revisa una solicitud de Estados Unidos para desechar el caso.
Finalizar el Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés, para los haitianos que han establecido familias, carreras y negocios en EE.UU. daría lugar a deportaciones masivas a un país que no está preparado para recibirlos, dijeron Nueva York, California y otros estados en una presentación ante un tribunal federal en Brooklyn.
"La administración persiste en tratar de expulsar a decenas de miles de inmigrantes trabajadores, respetuosos de la ley", señaló el viernes el procurador general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, en un comunicado.
Grewal dijo que quitar el estado de TPS a 9.000 haitianos de Nueva Jersey causaría un daño económico de US$872 millones al estado, de acuerdo con un informe del Centro para el Progreso Americano.
EE.UU. dijo que la decisión de terminar el TPS para los haitianos se tomó después de un "extenso acercamiento" a los miembros de la comunidad en EE.UU. y las "importantes medidas" que Haití ha tomado desde el terremoto para manejar el regreso de sus ciudadanos. Eso siguió a las quejas de políticos republicanos como el senador Charles Grassley de Iowa, quien dijo en una carta de octubre al Departamento de Seguridad Nacional que los titulares de TPS están obteniendo empleos que podrían ser realizados por estadounidenses.
EE.UU. también está retirando el TPS a El Salvador y Honduras. En EE.UU. hay alrededor de 320.000 personas que viven bajo el TPS, más del 90 por ciento de los cuales provienen de los tres países a los que apunta el Departamento de Seguridad Nacional.
