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Pese a órdenes de Trump, migrante salvadoreña pierde custodia de los hijos en Texas

En Texas las autoridades la consideraron "un peligro para los chicos" al vincularla con la violenta pandilla MS-13.

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HOLD FOR STORY DO NOT USE | Photographer: Sergio Flores/Bloomberg

El día que el presidente Donald Trump ordenó a su administración que dejara de separar a los niños migrantes de sus padres detenidos por cruzar ilegalmente la frontera con México, una mujer salvadoreña llamada Raquel llegó a Texas con sus dos hijos. Ella había huido de su país por temor de un oficial de policía que la había acosado durante años, dijo en una entrevista. Esperaba pedir asilo en Estados Unidos y buscar una vida mejor para ella y sus hijos.

En lugar de eso, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) le quitó a los niños, a pesar de la orden de Trump. La agencia afirmó que ella forma parte de la MS-13, la violenta pandilla cuyos miembros el Presidente ha llamado "animales" y, por lo tanto, un peligro para sus hijos. Raquel y sus abogados niegan vehementemente que sea miembro de la pandilla, y un tribunal de inmigración concluyó que no representa un peligro público; fue liberada de la detención en EE.UU. bajo fianza mientras se procesa su solicitud de asilo.

"Dejé mi país porque había sufrido y aquí también estoy sufriendo", dijo en español Raquel, de 33 años, en el salón de la casa de San Antonio donde se ha estado quedando desde su liberación de un centro de detención de inmigrantes hace una semana. A petición de sus abogados, Bloomberg News la identifica solo por su nombre porque dice que la policía local en su ciudad natal amenazó con matarla.

El caso de Raquel demuestra que, aunque Trump se ha retractado públicamente de la política de "tolerancia cero" hacia los cruces fronterizos que tuvo como resultado cerca de 3.000 niños migrantes separados de sus padres, las familias inmigrantes atrapadas en la frontera aún pueden estar en riesgo de separación. Desde la orden de Trump el 20 de junio de dejar de separar a los niños de sus padres simplemente porque cruzan la frontera ilegalmente, el gobierno ha reanudado una política anterior de tomar la custodia de los niños cuando las autoridades no pueden confirmar una relación familiar, un cuidador es trasladado para ser procesado o el niño está en una situación insegura.

Un padre documentado como miembro de la MS-13 "podría cumplir" uno de esos estándares, dijo Matthew Bourke, vocero de ICE.

Sin antecedentes penales

ICE se negó a proporcionar evidencia a Bloomberg o a los abogados de Raquel, que trabajan para la organización sin fines de lucro de Texas, Centro para la Educación y Servicios Legales de Refugiados e Inmigrantes, conocido como RAICES, de su acusación de que ella es miembro de la pandilla. Otra vocera de ICE, Sarah Rodríguez, dijo que había recibido "información" el 30 de junio de que Raquel "es un miembro documentado de la pandilla MS-13". Luego, Rodríguez dijo que la información "provenía de una fuente oficial; podrías llamarlo una base de datos del gobierno".

Una de las abogadas de Raquel, Kathrine Russell, proporcionó un documento del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador que declara que ella no tiene antecedentes penales. Raquel dijo que no tiene tatuajes, algo común entre los miembros del MS-13 y una pregunta que se hace en las entrevistas de asilo para ayudar a determinar las afiliaciones a pandillas.

A medida que el impacto de la política de "tolerancia cero" de Trump se hacía evidente en la primavera y el verano, con miles de niños migrantes separados de sus familias y ubicados en centros de detención administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la indignación pública aumentaba. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) demandó a la administración Trump en mayo, tratando de obligar al gobierno a reunir a las familias. Un juez federal en San Diego, Dana Sabraw, respaldó la medida de la ACLU y ordenó al gobierno devolver a los niños separados para fines de julio.

Desde entonces, Sabraw ha supervisado una iniciativa apresurada e improvisada del gobierno para localizar a padres migrantes, algunos de los cuales fueron deportados sin sus hijos, y reunir a las familias. Hasta el 9 de agosto, el gobierno había reunificado a 1.569 niños con sus padres o tutores y había liberado a 423 niños en otras circunstancias, tales como ubicarlos con familiares.

El proceso que generó el fallo de Sabraw no se aplica a Raquel porque excluyó los casos en los que hay una determinación del gobierno de que un padre representa un peligro para su hijo. "Todos se han reunido con sus hijos, excepto yo", dijo Raquel, que decidió hablar porque espera que la atención de los medios la ayude a recuperar a sus hijos.