Los británicos pagarán precios más altos cuando compren en la Unión Europea a menos que el Gobierno del Reino Unido pueda asegurar un acuerdo para el brexit, mientras que los jubilados residentes en países como España corren el riesgo de perder el acceso a las pensiones que se depositan en bancos británicos.
Así rezan 25 notas técnicas publicadas este jueves por el secretario del brexit, Dominic Raab, que delinean cómo las empresas y los ciudadanos deberían prepararse para la posibilidad de que se frustren las conversaciones con el bloque. El funcionario fue interrogado acerca de cómo las empresas sufrirían más burocracia y cómo aumentarían los costos para los consumidores, incluso en los pagos con tarjeta de crédito. El destino financiero de los británicos mayores que se han asentado en países más baratos y cálidos en la UE surgió en varias ocasiones.
"Al sur de España no le interesa hacerles daño a los pensionistas británicos", dijo Raab cuando se le preguntó sobre las pensiones. "Y lo que esperaríamos es ver, incluso en el improbable caso de que no haya acuerdo, que en realidad prevalezcan las cabezas más frías".
Los servicios financieros atrajeron el mayor escrutinio debido a la estrecha integración del Reino Unido a la estructura de la UE. El documento bancario, de nueve páginas, advierte que las empresas británicas perderán el acceso a la infraestructura de pagos europea, como TARGET2 y la Zona Única de Pagos en Euros.
Los clientes "podrían enfrentar mayores costos y tiempos de procesamiento más lentos para las transacciones en euros", reza el documento. "Es probable que aumente el costo de los pagos con tarjeta entre el Reino Unido y la UE".
Eso se debe a que ya no se aplicará una norma de la UE que impide recargos a las transacciones. Por su parte, las personas en Europa que dependen de los servicios bancarios del Reino Unido "pueden perder la capacidad de acceder a servicios de préstamos y depósitos, así como contratos de seguros".
A nivel institucional, los bancos de inversión del Reino Unido tendrán más dificultades para vender servicios en la UE. El Gobierno reconoce que no podrá garantizar que los contratos de derivados sigan operando con los formularios de la UE y del Reino Unido. Es posible que las empresas de la UE no puedan cotizar en las bolsas británicas.
Se insta a otras empresas que comercian con la UE a "tener en cuenta el volumen de su comercio". Las mercancías que entran y salen necesitarán declaraciones de aduana y los importadores deberán registrarse. Esta serie adicional de pasos inevitablemente aumentará los precios para los consumidores británicos.
