Para este gobierno, el reconocimiento de las comunidades indígenas y las políticas hacia los pueblos originarios son políticas de Estado”, dijo el presidente Mauricio Macri cuando se reunió con unas treinta comunidades aborígenes, a pocos días de haber asumido en su nuevo rol. Un mes antes, como candidato presidencial, para diferenciarse de tantos años sin diálogo, había visitado el famoso acampe de los qom alrededor del Obelisco y allí mismo se comprometió a entablar un diálogo directo con ellos.
En la plataforma electoral del actual presidente figuraba una serie de proyectos y acciones concretas con las comunidades contemplando una propuesta integral para reparar la deuda histórica que mantiene el Estado nacional con los pueblos originarios: realizar un censo, hacer un programa de acceso a la propiedad de la tierra y fomento de producción agropecuaria, potenciar el Programa de Apoyo a la Educación Intercultural Aborigen y, fundamentalmente, impulsar la participación de las comunidades en el diseño y gestión de las políticas de Estado que las involucran, respetando sus formas de organización tradicionales.
Más allá de este gran paso en la relación del Estado con nuestras queridas y postergadas comunidades ancestrales, el inicio de la ilusión fue decidir que estas temáticas no formaban parte del asistencialismo del Ministerio de Desarrollo Social sino de cumplir con la ley, a través de la Secretaría de Derechos Humanos. De algún modo, se puso de relieve el “derecho” por sobre cualquier acción paliativa. Nuestra Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Sólo es cuestión de leer los artículos que refieren expresamente a su libertad para aferrarnos sólo a hacer cumplir cada una de sus palabras, tan sabiamente redactadas.
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Entendemos que nuestro país pasa un momento, transitoriamente, de muchas urgencias socioeconómicas, de fondos buitre y de oscilación del dólar, pero esperemos que todo este buen gesto, estas fotos que nos alegran el corazón, sean la antesala de una inminente acción gubernamental a favor de las olvidadas comunidades aborígenes. Para ellos, los que viven a la intemperie, los que mueren sin atención a tiempo, los que no tienen para comer, los que nos enseñan todos los días sabiduría, todo lo que pasa en el país es importante…pero que esto no los siga postergando una y otra vez. No hay más tiempo para esperar.
Cuando entregamos, el año pasado, el Centro de Integración Comunitario a la comunidad de Tres Pozos, habitada mayoritariamente por wichis pero también por criollos, notamos la sabiduría de los caciques con su gente, la búsqueda de ellos por el progreso colectivo. Ellos le dan valor al diálogo porque la realidad del otro no le es ajena o indiferente. Pero, casi resignados, se acostumbraron al destrato de las autoridades nacionales y provinciales que, como tantos otros políticos, los usaron sólo para alguna acción electoral. Observan con distancia a quien se acerca, simplemente porque no tienen tiempo ni lugar para más heridas, entre tantas cicatrices a la vista.
Por eso, optimistas con las nuevas decisiones que, bajo el paraguas de Derechos Humanos, se tomarán, necesitamos que nuestros hermanos aborígenes gocen cuanto antes de todos sus derechos ciudadanos. Sistemáticamente excluidos, presentan una realidad que pocos quieren ver: desnutrición y mortalidad infantil, ausencia de agua potable, condiciones habitacionales insostenibles y erradicación de la lengua originaria. Seguimos de cerca las novedades y atentos a cómo podamos colaborar para que ellos puedan vivir dignamente, sin ser despojados de su cultura, lengua y costumbres. La expectativa es enorme, pero el miedo a nueva frustración es inmenso.
*Fundadora y presidenta honoraria de la Fundación Corriente Cálida Humanística.
