Casi todos los días, algún sector de la sociedad argentina realiza una acción directa en defensa de sus “legítimos reclamos”. El problema no son los reclamos, difícilmente se encuentre un caso en donde el mismo no responda al calificativo de “legítimo”, la cuestión pasa porque toda demanda se canaliza en forma de acción directa. En un país que funciona en democracia, con la plena vigencia formal de sus instituciones y en un momento económico dónde “sobra”, que cada grupo que reclama algo prefiera recurrir a este tipo de acciones indica, claramente, que la crisis de representatividad política, que tuviera su punto máximo en aquel “que se vayan todos” de 2001, no ha sido plenamente superada y que se presentan claras fallas institucionales que hay que corregir.
La reforma política, que en principio debería haber contribuido al avance de la representatividad y la participación orgánica de los ciudadanos, quedó reducida a un artilugio para favorecer las aspiraciones electorales del oficialismo y, complementariamente, de los partidos tradicionales. Tampoco las figuras de la “nueva política” han encontrado mecanismos de participación ciudadana más amplia, más allá de la ilusión óptica que generan los twitters y los facebooks.
Mientras, paradójicamente, la Constitución Nacional consagra el monopolio de los partidos políticos y, como se mencionara, se desaprovechan las nuevas tecnologías que democratizan el ejercicio de la opinión y el poder.
En ese contexto, no sólo es necesario aplicar la ley, para impedir que la protesta por esos legítimos reclamos se convierta en una invasión al derecho de los demás, o en la destrucción de bienes públicos o privados, también resulta imperioso que la política realice una fuerte autocrítica y reexamine su imposibilidad de instrumentar, en la convivencia republicana, los debates sobre las necesidades de la población.
Con este panorama, el Ejecutivo acaba de presentar su proyecto de presupuesto para el año próximo. En la práctica, el Presupuesto nacional, como el del resto de los niveles de gobierno, es un pedido de autorización a gastar, en base a proyecciones de ingresos. En ese sentido, el presupuesto se convierte en un “relato” de las prioridades que, en este caso, establece el Ejecutivo respecto del uso de los recursos públicos.
Por lo tanto, la discusión del Presupuesto en el Congreso Nacional, es una buena oportunidad para que la sociedad, a través de sus representantes, canalice y debata abiertamente aquellos legítimos reclamos que involucran gasto público. En la Argentina, en cambio, por lo expuesto más arriba y por el desprecio que las autoridades han tenido de este instrumento, no se discuten prioridades y asignaciones de gasto. Por el contrario, el Ejecutivo presenta una caricatura de presupuesto, que a lo largo del año irá modificando a su antojo, mientras diputados y senadores aprueban o se oponen a dicho dibujo.
En 2011, por ejemplo, entre la subestimación de ingresos y lo que ya está fuera del Presupuesto por artilugios varios (fondos fiduciarios, etc), no se discuten, en el Congreso, al menos, $ 100 mil millones. A lo que hay que sumar, como se mencionara, el hecho de que, al menos hasta este año, los poderes especiales le permiten al Ejecutivo reasignar partidas a su antojo a lo largo del año.
No debería sorprendernos, entonces, que sin una clara representación política y sin el instrumento presupuestario bien diseñado y seriamente debatido, las demandas por aumentos de gasto o por cambios en las prioridades en el mismo se trasladen del Congreso a las calles y rutas del país.
En otras palabras, sin representatividad política, sin el uso pleno de las instituciones republicanas y sin un Presupuesto que inste a debatir, legítimamente, prioridades de gasto, dadas las proyecciones de ingreso, e integre “sume y reste” las distintas aspiraciones de diversos sectores de la sociedad, todo reclamo se transforma en una acción directa y cada modificación del gasto se trata de manera aislada, esporádica y desordenada, tanto dentro como fuera del Congreso (como ha sucedido este año con las jubilaciones o con ciertos subsidios).
Insisto, lo dicho no justifica violar la ley, pero implica que el problema es mucho más amplio y que la deuda más importante que tiene la política con la sociedad es liderar la recuperación de las instituciones centrales de una democracia plural, entre ellas, el Presupuesto.
