Según un profesor danés experto en organización industrial y progreso tecnológico, B. Lundvall, el sistema nacional de innovación (SNI) de un país se concibe como un modelo interactivo de creación y uso del conocimiento en el cual participan los diferentes agentes relacionados con la producción y el desarrollo tecnológico. Este modelo resulta del reconocimiento de la necesidad de estudiar los procesos de innovación bajo una visión sistémica y de la importancia atribuida al contexto institucional y el factor organizacional en el aprendizaje, la investigación, la creación de nuevas tecnologías y la difusión de estas últimas. Así, entre los múltiples actores de un SNI, los países exitosos suelen tener cientos o miles de microemprendedores y pymes innovadoras e internacionalizadas.
El nacimiento, desarrollo y “éxito” de estos emprendedores y pymes no resulta de uno o más incentivos fiscales o financieros comprendidos en leyes, sino –y prima facie– de un contexto institucional propicio y predecible, de estabilidad macroeconómica, del respeto de los derechos de propiedad intelectual, de un régimen adecuado de patentamiento de las innovaciones, de mercados financieros profundos y líquidos dispuestos a tomar el riesgo del emprendedor y del grado de apertura del país, como lo muestran los casos de Italia e Israel.
El pasado miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, para promover la inversión en emprendimientos tecnológicos y productivos con dos fondos de capital mixtos, exenciones impositivas y la posibilidad de creación de nuevas empresas bajo la figura de sociedades de acciones simplificadas en 24 horas. El modelo de innovación de la Argentina en el marco de su SNI incluye al emprendimiento startup y a los “unicornios” como componentes de un sistema donde múltiples actores, bajo un paraguas de normas, incentivos e instituciones, impulsan a los agentes a tomar riesgo e innovar.
La valiosa pero incompleta experiencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en los últimos ocho años mediante los fondos provistos por la Agencia de Promoción Científico Tecnológica ha sido una prueba cabal de ello. Más de siete mil proyectos de cinco mil pymes o emprendedores han sido cofinanciados por fondos fiduciarios específicos con procesos que, lejos de ser burocráticos, con funcionarios públicos idóneos, preparados y procesos administrativos ágiles han conseguido resultados muy importantes para el sistema nacional de innovación. Se crearon empresas de nanosatélites líderes en el mundo, vacunas contra el cáncer de pulmón, desarrollos biogenéticos, incubadoras universitarias y software con progresos tecnológicos de avanzada. Esto fue posible gracias a una política científico-tecnológica que gozó de estabilidad y perdurabilidad y a la abundante dotación de capital humano, no obstante la inestabilidad macroeconómica, la insuficiencia de mercados de capitales y el bajo respeto a los derechos de propiedad intelectual, entre otros problemas de la Argentina.
Sin embargo, uno de los problemas centrales de la Argentina sigue siendo la escasez de inversiones privadas en investigación y desarrollo (ya sea para desarrollar una startup u otro tipo de empresa, producto o proceso). Estas inversiones no han superado los 25 a 30 centavos por cada peso invertido por el sector público en el último decenio comparado con un peso privado por peso público invertido en Brasil. Los resultados obtenidos en materia de innovación aún no han aumentado la productividad de largo plazo de la Argentina, y es posible que no la aumenten por muchos años más. Los motores de la innovación funcionarán si y sólo si todos los cables y circuitos están en orden, en sincronicidad y con un combustible que no dependa solamente de fondos públicos para incentivar la toma de riesgo y los emprendimientos. La nueva ley es apenas un (buen) aditivo para esos motores.
*Conicet y Universidad de Buenos Aires.
