La relativa estabilidad que presentan las estadísticas públicas en la mayoría de las democracias modernas es el resultado de acuerdos político-institucionales y científico-académicos sobre los más importantes temas y los mejores métodos que permiten conocer y actuar sobre los problemas que son considerados relevantes para dichas sociedades. Esto hace que los diferentes actores acepten como válida la información así generada, de manera independiente que los datos informados tengan diferente interpretación y sirvan a proyectos políticos en competencia. Los cambios en las metodologías devienen cuando las preocupaciones sociales –y los hechos que los fundamentan– ya no encuentran una adecuada representación a partir de los datos disponibles.
Muy lejos de esta lógica, la decisión de un gobierno de manipular las estadísticas públicas alterando las reglas metodológicas y los consensos políticos y académicos preexistentes, no sólo constituye una ruptura con las convenciones establecidas sino también una práctica que afecta la función del Estado y la convivencia social. Si bien es posible que una decisión de este tipo pueda ofrecer justificativos de orden político, no puede perderse de vista que de esta manera se instituye un sistema arbitrario en la producción de información pública. Esto, de manera inevitable, genera resistencias desde la sociedad civil por parte de quienes se perciben amenazados por la imposición de una realidad social inverosímil. De esta manera, la falta de acuerdo sobre los temas y los procedimientos metodológicos más adecuados para conocer los problemas considerados importantes para una sociedad resulta corrosiva para la vida democracia que requiere información pública confiable, abierta y transparente.
En este marco, es importante recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de sus ciudadanos, y de esta forma asegurar un desarrollo social sustentable. La manifestación más injusta de la exclusión social es la pobreza, la cual impone fuertes limitaciones al progreso individual y colectivo, niega la igualdad de oportunidades y evidencia el fracaso del sistema político-económico para reducir las desigualdades sociales.
La dificultad de lograr una definición unívoca de pobreza da cuenta en última instancia de que ella constituye un concepto relativo al modelo de desarrollo y a los logros civilizatorios alcanzados por una sociedad. Al respecto, cabe agregar que es sabido que los significados adoptados para definir un determinado problema social configuran en gran medida los criterios que orientan las políticas para su resolución. En tal sentido, no resulta inocuo –desde el punto de vista sociopolítico– el modo en que se define la pobreza ni en los que se procede a medirla. Aunque, obviamente, mucho más grave e injustificable es no definirla ni medirla.
Entre las fuentes académicas no oficiales que ofrecen información sistemática sobre la situación social están los estudios que desde 2004 realiza el Observatorio de la Deuda Social (ODSA), a través de su propia encuesta (EDSA) y desde una perspectiva multidimensional del desarrollo social fundada en un enfoque que combina capacidades y derechos. De esto ha dado cuenta su último informe estableciendo que entre 5% (EPH) y 6% (EDSA-UCA) de la población experimenta una situación de extrema indigencia; entre el 20% (EPH) y el 28% (EDSA-UCA) de la población sufre pobreza por ingresos; y que, en este contexto, el 15% de los hogares y el 24% de la población experimenta al mismo tiempo pobreza económica y de derechos sociales básicos (alimentación, educación, vivienda, saneamiento, empleo y seguridad social).
Desde esta perspectiva teórica, las “deudas sociales” son aquellas privaciones inaceptables que afectan las capacidades de desarrollo humano e integración social en el marco de nuestra sociedad. Esas privaciones son “injustas” no porque las decida el investigador sino que son violatorias del marco normativo que regula nuestra vida social en un contexto democrático. De ninguna manera se busca hacer política con la información que genera y difunde –al menos en el sentido que ha sido denunciado–. Su función es analizar, diagnosticar y comunicar las privaciones sociales con el fin de hacerlas visibles y ponerlas en la agenda. No se trata de creer que haya una sola manera de interpretar las estadísticas sociales, pero la manipulación de la información pública no tiene justificación.
En cualquier caso no debemos perder de vista que es el Estado, a través de un organismo nacional o federal de estadísticas públicas transparentes, el que tiene la obligación de brindar información social creíble que les permita a los ciudadanos y a los actores de la democracia tomar conocimiento y actuar en consecuencia.
*Conicet / IIGG-UBA / ODSA-UCA.
