Aprender las lecciones de la historia exige mucho más que un mero acto de recordar. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 instauró el terrorismo de Estado, con la consecuente inhabilitación de todos los derechos y garantías que hacen a la esencia de la vida en libertad. Aquel día se diseñó y puso en práctica un plan sistemático de detenciones ilegales, torturas, asesinatos y robo de bebés nacidos en cautiverio que cambiaron el curso de nuestra historia para siempre.
El aprendizaje de lo que nos ocurrió como sociedad nos exige en primer lugar recordar y honrar a las víctimas. Nos reclama comprometernos cotidianamente con el fortalecimiento del tejido social para promover una sociedad con sólidas convicciones democráticas, con apego a la ley, que destierre la impunidad y castigue a quienes violaron nuestros derechos fundamentales. El libre debate de ideas, la convivencia en la diversidad, el respeto a las diferencias y el rechazo a todas las formas de violencia son la esencia de este aprendizaje que se exige a sí mismo ser continuo, ya que la construcción democrática es una tarea siempre inconclusa.
Debemos permanentemente aprender a escuchar y a observar del desencuentro del pasado. Se requiere especialmente calma para la escucha y la observación del pasado trágico y del camino positivo recorrido, que incluye tanto las políticas gubernamentales activas en derechos humanos y las acciones sin descanso de los partidos políticos y de los organismos y ONGs relacionadas con los derechos humanos, como también los pronunciamientos autocríticos de distintos sectores de la sociedad que permiten consolidar nuestra formación democrática y pluralista, incorporando contenidos antidiscriminatorios y de respeto a los derechos humanos en los programas de sus institutos de enseñanza.
Al establecer el derecho de todos a la educación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea en su artículo 26 que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.
Todos, y muy especialmente quienes ejercemos la función pública, tenemos la responsabilidad de defender estos principios, de educar a las nuevas generaciones, de trabajar en la construcción de una sociedad más justa y fraterna, en la cual nunca más se violen los derechos humanos, donde nunca más exista impunidad para terroristas de Estado.
La educación y el aprendizaje de la historia nos obligan a ser garantes y a recuperar los valores de la paz, a fortalecer los valores morales y derechos humanos, y a avanzar sobre derechos sociales, económicos y culturales.
El aprendizaje de lo sufrido nos debe dar las herramientas para ser creativos y marcar revoluciones que nos permitan superar un peligroso clima de confrontación y división para poder focalizar nuestra lucha contra los flagelos que nos acosan, como el tráfico y la trata de personas, la violencia doméstica y juvenil, la intolerancia, la xenofobia, la discriminación en todas sus manifestaciones, la corrupción, las violaciones de la intimidad personal, el uso ilícito de los datos personales, las manipulaciones de la información general y publicitaria y el cercenamiento a la libertad de expresión.
El conocimiento y la aplicación de los derechos humanos en el marco individual y social es una norma universal de comportamiento para todo ciudadano. La resolución del problema de la educación en derechos humanos tiene que ser abordada como una cuestión “de Estado”. Es para todos y exige un planteamiento integral.
Por todo ello, este 24 de marzo que recordamos y no olvidamos debe ser nuevamente un compromiso de todos nosotros hacia una Argentina mejor, más democrática, más justa, más humana y más libre. Eso es lo que necesitamos.
*Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Jefatura de Gabinete de Ministros, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
