En el último mes hemos escuchado a cientos de pymes en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Lo hicimos porque sabemos que son el motor de la economía argentina: generan más del 70% del empleo. Los resultados empiezan a verse: esta semana, a partir de una modificación que el Frente Renovador introdujo al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación al Régimen Fiscal, logramos que la moratoria impositiva para las pequeñas y medianas empresas se haga en 90 meses en lugar de los 60 meses que proponía el proyecto original.
Algo de alivio, en el medio de la tormenta perfecta que atraviesan.
Para que el motor de la economía argentina se encienda, el arranque tiene que funcionar: hay que generarles a las pymes las condiciones para que puedan crecer. En la Argentina, en lugar de lubricar su funcionamiento, las sobrecargamos y las exigimos en subida. ¿El riesgo? Desalentarlas y que no arranque la economía.
Los números de 2016 encienden las luces rojas del tablero: durante el primer trimestre, las ventas de las pymes industriales cayeron 1,6% en términos interanuales. Además, entre 2009 y 2015, cayó el 40% la cantidad de pymes que exportan –según datos de Observatorio Pyme–. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2009 el 31% de las pymes exportaba. En 2015, sólo el 19%.
Por si faltaba algo, el sector viene enfrentando otras amenazas a su subsistencia: la tasa de interés por las nubes, el proyecto (fallido) de la doble indemnización, la baja rentabilidad, la suba de costos logísticos, la inflación, la elevada presión fiscal y la amenaza de competencia importada desleal.
Desde la Comisión de Industria que presido en la Cámara de Diputados hemos convocado en estas semanas al sector pyme para trabajar juntos y con todos los bloques en soluciones superadoras. En el último de estos encuentros nos enfocamos en una de las cuestiones más preocupantes para la generación de empleo: la industria del juicio.
Vivimos una situación paradójica: mientras bajan los siniestros y accidentes en la industria, suben los litigios. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre 1996 y 2015 la tasa de siniestralidad industrial sufrió una reducción del 42%. Pero entre 2011 y 2015, la litigiosidad subió cerca de un 80%, llegando a que en la actualidad se calcule un stock de 300 mil juicios por un total de 5 mil millones de dólares. Aunque las demandas son a las ART, los sobrecostos que produce la alta litigiosidad se trasladan a las empresas.
El Ejecutivo y el Congreso tenemos que trabajar junto al sector para ayudarlo a dar el puntapié inicial de la recuperación de la economía. Es clave que se cumpla con el compromiso legislativo de aprobar cuanto antes la ley pyme. Recordemos: luego de la crisis en 2001, fue el dinamismo de las pymes en el período 2002-2008 el que explicó en gran medida la sustancial baja del desempleo: pasamos del 25% al 8%. En la industria hoy tenemos 20% más de ocupados que en 1998.
Hoy también pueden y tienen que ser ese motor. Pero para ello hay que ocuparse de su competitividad, sin demora. El riesgo de no hacerlo es dejar a pie al país, con la rueda de la inversión, el crecimiento y el empleo, pinchada
