El blanqueo constituirá un test fundamental para entender la dinámica de corto plazo en materia económica. La capacidad de financiar el sistema previsional incluyendo la reparación a los jubilados, la eventual recuperación de la economía y las expectativas respecto de la evolución del déficit fiscal dependerá del éxito o fracaso de esta amnistía fiscal que por amplia mayoría acaba de sancionar el Congreso. Si luego de más de cinco años de esta extenuante estanflación finalmente Argentina vuelve a crecer, el Gobierno encarará el ciclo electoral del año próximo con buenas perspectivas de consolidar su poder. Por el contrario, si la economía continúa planchada y se profundiza el desgaste que gradualmente experimenta el Gobierno, el hasta ahora fragmentado peronismo tendrá la chance de apurar su proceso de renovación, alejarse más aún de la debacle kirchnerista y demostrar que está en condiciones de rearticularse detrás de un liderazgo moderado y legitimado en las urnas. En este contexto, la provincia de Buenos Aires será, como de costumbre, el principal escenario del proceso electoral 2017: como ocurrió en 1987 con Cafiero y en el 2001 con Duhalde, luego de una derrota presidencial el peronismo se reorganizará a partir de un triunfo en territorio bonaerense. A pesar de que, curiosamente, el poder se escabulló hacia distritos periféricos: La Rioja con Menem y Santa Cruz con los K. Sin embargo, es posible que las consecuencias más significativas del blanqueo se verifiquen en el mediano y largo plazo, afectando el poder de influencia y la capacidad de acción colectiva de un actor social que hasta ahora tuvo un comportamiento errático y a menudo desconcertante: la burguesía nacional. En efecto, si finalmente las clases acomodadas de este país deciden exteriorizar sus activos e incluso invertir al menos parte de ellos en el proceso productivo, deberán involucrarse de forma mucho más efectiva y permanente en el debate político: ya no podrán dormir tranquilos sabiendo que su riqueza está bien preservada, en algún destino en el cual estén garantizados los derechos de propiedad. Por el contrario, tendrán un incentivo muy claro, hasta ahora inexistente, para influir en la agenda pública para que de una vez por todas la Argentina desarrolle reglas del juego claras y previsibles que garanticen límites efectivos a la voracidad fiscal, las conductas predatorias y hasta las expropiaciones compulsivas que caracterizaron nuestro entorno político al menos desde 1975 (el rodrigazo) a la fecha. Hasta ahora, la estrategia dominante de la burguesía argentina consistió en ahorrar buena parte de su riqueza en el exterior. De ese modo, no sólo evitaba los riesgos de un entorno macroeconómico volátil e incierto, sino que tampoco necesitaba involucrarse demasiado en un sistema político voraz, imprevisible y a menudo violento. Más aún, en contextos de atraso cambiario, lograba acumular dólares baratos que eventualmente rendían frutos luego de la corrección cambiaria. A veces convenía vender activos para recomprarlos luego de una crisis, y mientras tanto los recursos financieros estaban preservados en una cuenta en el exterior. No todos ganaban siempre ni era fácil comprender el timing y la dimensión de las crisis, pero sin duda con el tiempo se generó un enorme círculo vicioso que perfeccionó este mecanismo perverso por el cual las familias ricas argentinas dejaban en el país sus hijos pero sacaban su dinero, como señaló José María Fanelli. Mientras que la riqueza acumulada estuviera depositada en un lugar seguro, ¿qué sentido tenía meterse en el fárrago de la política vernácula? Pero todo puede cambiar si el blanqueo es exitoso y la AFIP pasa a controlar lo que los argentinos realmente tienen. Es cierto que la nueva regulación internacional dificulta enormemente el resguardo del dinero no declarado, aunque su origen haya sido legítimo. También, los inversores están desalentados por este curioso y prolongado período de bajos rendimientos, derivados del hecho de que la incertidumbre global combinada con una inusitada liquidez ha llevado a que en los destinos más seguros (que el temor vuelve más atractivos) la tasa de interés sea nula o incluso negativa. En otras palabras, dejar la plata afuera no sólo es riesgoso sino un mal negocio, frente a la posibilidad de regresar a la Argentina, donde hay también riesgo pero posibilidades de lograr una tasa de retorno mucho mejor. El primer interrogante político que surge es si los individuos y familias adinerados en efecto confían no sólo en Macri, teniendo en cuenta sus credenciales pro mercado, sino en el resto de los actores políticos. ¿Qué ocurre si en el 2019, o en el 2023, gana otra fuerza o coalición más proclive volver a las andadas típicas del populismo? El éxito del blanqueo será de este modo un test de confianza de la burguesía nacional respecto del sistema político. Si viene poca plata, evidentemente será porque los inversores prefieren asumir el riesgo de dejarla afuera y ganar poco o nada, frente al vértigo de quedar atrapados en un país con instituciones tan débiles y cambiantes. El segundo interrogante político supone que el blanqueo es exitoso: ¿qué harán entonces los ricos argentinos para proteger sus activos? ¿Cómo evitarán ser expropiados o sometidos a una presión tributaria excesiva y cuasi confiscatoria? La historia de la democracia moderna ofrece algunas claves. En primer lugar, la frase no taxation without representation es concluyente: si el Estado pretende cobrarle muchos impuestos a los ciudadanos, deben asegurarse efectivos mecanismos de participación política, incluyendo el control del presupuesto, es decir, de las prioridades y ejecución del gasto público. Segundo, la única manera de evitar ser expropiado es fortaleciendo el Poder Judicial, para asegurar la imparcialidad en la aplicación de las leyes vigentes. Tercero, esas leyes se debaten en el Parlamento, lo cual genera un claro estímulo a involucrarse en el proceso electoral, directa o indirectamente (participando en política o financiando la actividad). Cuarto, los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil tienen la posibilidad de aprovechar este espíritu darwiniano del capital para tonificarse y convertirse en efectivos mecanismos para canalizar sus demandas. Finalmente, el sistema democrático en su conjunto podría en consecuencia volverse mucho más estable, compacto y vigoroso puesto que un porcentaje relevante de actores clave estarían mucho más y mejor involucrados en el proceso de toma de decisiones políticas.
