Las palabras impactantes del juez Claudio Bonadio –“Si aparezco suicidado, busquen al asesino”– marcan, desgraciadamente, un clima que nunca hubiéramos imaginado en un período constitucional. Una violenta postura del gobierno nacional frente a la Justicia que, obviamente, integra uno de los tres poderes que sustenta la Constitución.
—Si bien la frase está enmarcada y encuadrada en una pregunta que me formuló en su momento Fernández Díaz en la que estaba haciendo una contextualización de los últimos fallos de la Sala I (básicamente de los doctores Ballesteros y Freiler), cuando enumeró una serie de ejemplos mencionó al fiscal Nisman. Y yo, de alguna manera intentando ser mordaz e irónico, puse un punto, aun cuando no es la primera vez que me amenazan en estos últimos tiempos.
—¿Cómo fueron esas amenazas, doctor Bonadio?
—Recibí un anónimo bastante desagradable en el que vinculaban a mi hijo con un tema de drogas más o menos en el mismo momento en el que Nisman aparecía muerto. Y el periodista Jorge Asís, en una de sus columnas, había escrito un diálogo (aparentemente) entre la señora presidenta y algún alto funcionario de la SIDE donde ella planteaba que a mí “había que sacarme de encima” la causa Hotesur.
—¿Y en cuanto a su hijo?
—Como le decía, en el mismo anónimo, en el cual validaba las afirmaciones de Asís en el sentido de que habían existido tales amenazas, supuestamente decían que estaban intentando armar una causa por drogas a mi hijo.
—Con respecto a la intervención de la Policía Metropolitana que usted ordenó en el caso Hotesur, tenemos entendido que la Constitución Nacional prevé que la Justicia pueda acudir a las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal, Gendarmería, etc., cuando las circunstancias lo hacen necesario.
—Es lamentable que la discusión ronde alrededor de una cuestión marginal como ésa –señala el juez Bonadio–. Pero, para contestarle debidamente, debo decirle que, por ejemplo, todos mis colegas que se desempeñan como jueces federales de las provincias, donde muchas veces no hay asentamientos de fuerzas federales o son de dimensiones muy pequeñas, trabajan dentro y fuera de su jurisdicción con las policías locales. Yo decidí poner a la Metropolitana en el Sur cuando hice los primeros allanamientos a fines del año pasado y principios de éste porque no había ningún tipo de razón para sacarla. Cuando los jueces utilizamos a las policías como auxiliares de la ley estamos haciendo simplemente lo que se indica en forma puntual. Por ejemplo: “Vaya a tal dirección y pida allí tal documentación. Luego, haga un acta de ese procedimiento y envíeme toda esa documentación”. ¡Sea la fuerza que fuere la discusión no puede ser ésa! El problema es el valor de la documentación que se traía y no quién había ido a buscarla.
—¿Le enviaron todo lo que usted pedía?
—El tema fue así: nosotros organizamos los allanamientos en Santa Cruz, es decir, órdenes de presentación con allanamientos. Yo los pedía, y si usted me decía que no me los quería dar, cosa que está dentro de las facultades constitucionales que usted tiene, yo entonces allanaba… Y casi en ningún caso fue necesario hacerlo. Fue suficiente con explicarle todo esto a la gente. Hicimos este tipo de procedimientos en El Calafate, El Chaltén, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y Capital Federal. Incluso, en Comodoro Rivadavia y en Bariloche se realizaron con fuerzas federales locales porque así lo dispusieron los jueces a quienes se exhortó para que lo hicieran. La jueza federal interina de Santa Cruz que autorizó los allanamientos de Río Gallegos y El Calafate fue quien designó (porque tiene dominio) a la Policía Metropolitana para que se hiciera cargo de los procedimientos.
—Usted ha sido muy didáctico cuando ha definido lo que significa una causa penal…
—Mire, una causa penal es como una avalancha: una primera piedra golpea a la segunda que, a su vez, golpea a una tercera y, en un determinado momento, se produce el aluvión completo. ¿Cómo llevo esto a la causa penal? Bueno, en primer término por la naturaleza de esta causa que era una denuncia de Margarita Stolbizer a la cual el fiscal Stornelli impulsó en la acción penal y donde se planteaba que lo que ellos estaban denunciando era un movimiento aparentemente irregular de fondos financieros y relaciones comerciales entre una serie de empresas y algunos hoteles que estaban administrados y que pertenecían a la sucesión de Néstor Kirchner. Es toda la denuncia. Nosotros empezamos a ver determinados indicios que por sí solos no indicaban nada, pero que sumados resultaban importantes en tanto se hiciera una pericia contable. En una causa de estas características, evidentemente económica, la pericia contable es lo que podríamos llamar “la madre de las pericias”, la única importante. Con lo cual, cuando yo ordeno la pericia, los peritos, que se notifican de los puntos de pericia que yo estaba pidiendo, presentan un escrito y dicen “…para hacer esta pericia necesitamos esta documentación”. Y esa documentación es la que fuimos a buscar en los lugares donde se hicieron las órdenes de presentación con allanamiento. La documentación fue remitida hacia Buenos Aires en un microbús de la Metropolitana y llegó a la Capital cuando la Cámara Federal ya me había apartado del caso, con lo cual nunca tomé contacto con esa documentación…
—¿Se trata de la documentación física?
—Es la documentación física, que debe ocupar algo así como un metro cúbico de cajas con documentos, y una cantidad de computadoras, etc.
—Entonces, antes de ser apartado de la causa, usted rechazó declararse incompetente como desean los imputados que quieren pasar la causa a la jurisdicción de Río Gallegos, donde están radicadas la mayoría de las firmas investigadas. Y usted se niega a pasar la causa al Sur, ¿no es cierto? Esto, entonces, ¿sería el primer tema a tratar después de la feria judicial?
—Claro. Yo resolví el pedido de incompetencia de la defensa de Sanfelice el miércoles anterior a que la Cámara resolviera mi apartamiento. Esto quedó resuelto. No está firme. En realidad las defensas pueden apelar esa decisión y la Cámara revocarla… pero no está firme –reitera el juez Bonadio.
—Y si bien estamos en la feria judicial de invierno, ¿podría haber novedades en el caso Hotesur que involucren a la familia presidencial?
—Esto depende de la decisión del juez Rafecas… –Bonadio hace una pausa y luego reflexiona en voz alta–: Fíjese que hay un pasaje bíblico que dice “por sus frutos los conoceréis…”. Yo estoy en desacuerdo con los argumentos de la mayoría de la Cámara Federal porque creo que el planteo del apartamiento desde el punto de vista jurídico es muy raquítico y le hicieron una serie de agregados que, cuando uno lee que en el voto del camarista Farah él mismo les hace ver a sus colegas de la Sala: “Miren, aquí estamos resolviendo si es nulo o no el apartamiento de los peritos contables….”, es un intento de hacer ver el apartamiento como una cuestión absolutamente técnica que va a tener correlato en la realidad. ¿De qué manera? Si la causa sigue avanzando, se sigue investigando y se hace la pericia… Si los hechos se dilucidan y las responsabilidades se establecen, o se demuestra que no hay tales responsabilidades, yo les diría: “Mire, es posible, aunque yo no esté de acuerdo, que la razón de mi apartamiento sea un tema técnico válido”. Si la causa se estanca, si se divide, si sale de la jurisdicción de Capital para ir a Santa Cruz y… bueno, ahí ya vamos a estar en libertad de plantear otras hipótesis acerca de por qué fue este apartamiento.
—Una de las cosas que decía Margarita Stolbizer es que en una declaración jurada de la presidenta de la Nación sería irregular que estas realidades se confirmaran… Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad de Máximo?
—Yo no quisiera hablar de cuestiones puntuales de la causa porque como Margarita Stolbizer ha apelado mi remoción y el fiscal Moldes todavía está en tiempo hasta después de la feria para hacer la apelación, esto abre una instancia de recursos. Yo, entonces, preferiría no hablar de cuestiones puntuales. Pero lo que sí dijo Margarita, y lo puede decir con una libertad que yo no tengo, es que cada una de estas piedritas de la avalancha que le describía recién fue el análisis de la documentación que nosotros le pedimos a la AFIP de todas las personas físicas y jurídicas que estaban involucradas, incluyendo las declaraciones de Máximo Kirchner, de la señora presidenta, de los otros empresarios y de toda la documentación que fue encontrada en las carpetas de clientes de los bancos y en las carpetas de las inspecciones jurídicas donde los que ejercen el comercio están obligados a hacer determinadas declaraciones, pagar determinadas tasas y aportar documentación que, en algunos lugares, secuestramos. En otros lugares no la secuestramos porque no estaba. Le repito: solos no quieren decir nada, pero todos juntos indican que había que hacer una pericia completa desde el punto de vista contable. En un expediente, sobre todo de estas características, los que mandan son los papeles. A un expediente usted le puede correr cinco centímetros el límite izquierdo u otros cinco el límite derecho, pero los papeles son los papeles. ¡Si usted tiene evidencias no se pueden ocultar! En casos más o menos importantes, como el de Guillermo Moreno, yo encontré evidencias y procedí a elevarlo a juicio. Con Ricardo Jaime hice lo mismo. Con los funcionarios y los empresarios de una de las mayores tragedias que denota una corrupción estructural, como fue la tragedia de Once, que hoy están en juicio y el juicio está terminando. Y le redondeo: no pude demostrar que el crecimiento patrimonial que habían tenido cuatro de los secretarios de la señora presidenta fuera ilegítimo, y entonces los sobreseí porque mandan los papeles.
—¿Y en el caso de la responsabilidad de Máximo? ¿Existe un poder?
—Es lo que cuenta Wiñazki en la edición de Clarín del domingo pasado, es así.
—Usted no lo vio…
—Sí, ese poder estaba en la carpeta de clientes de Hotesur del Banco de Santa Cruz.
—¿Cómo ve la posición de la Corte Suprema con relación a este caso?
—Siendo un juez de grado (juez de instrucción) es muy difícil hablar y opinar en general sobre instancias superiores. La verdad es que esto no se debe hacer, y yo no quisiera ir más allá de decir que la Corte sigue trabajando, con alguna vacante, y produciendo fallos como el de la muerte digna que son fallos inéditos y, cuando uno los lee, sumamente ajustados a un concepto y a una construcción doctrinaria muy profundas.
—Repasando cables veía esta mañana que usted, cuando lo separan de la causa Hotesur, al día siguiente pide el allanamiento del Ministerio de Planificación, de YPF y de Enarsa por irregularidades en las compras de gas licuado, ¿es así?
—Sí, pero aquí hay un facilismo que tiene que ver con lo rápido que los argentinos construimos teorías conspirativas. Esta semana pasada hubo allanamientos importantes: el lunes, en el Sur. También un allanamiento en el Ministerio de Salud donde se secuestró el expediente de un programa que se llama Qunitas y se supone es una entrega de kits para madres y bebés recién nacidos. Es una denuncia de Graciela Ocaña. El jueves se iban a hacer dos allanamientos: uno en el PAMI, también de Ocaña, por suscripción de manera ilegítima de Letras del Tesoro. El mismo jueves también se realizarían estos allanamientos en la Secretaría de Energía (Enarsa e YPF) en función de una denuncia de los diputados Bullrich, Pinedo y Alonso que señalaba irregularidades en la contratación de los barcos regasificadores que se han comprado en estos últimos años. El problema es que esto se firmó una semana antes, y cuando nosotros le entregamos a la Metropolitana las órdenes para YPF, Secretaría de Planificación y Enarsa, en la Metropolitana nos dijeron que no tenían personal suficiente porque se encontraba justamente en viaje desde Santa Cruz hacia Buenos Aires. Entonces yo atrasé el allanamiento: en lugar de hacerlo el jueves quedó para el viernes. Con lo cual, una semana antes, todos estaban previstos en sumarios y secretarías distintas. Fueron ejecutados en función de cómo los íbamos haciendo, con lo cual esta teoría de que esto fue una especie de devolución de atenciones es algo absolutamente falaz, ¡por decirlo suavemente!
—Me atrevo a preguntarle, doctor Bonadio, si con su experiencia y su larga carrera no lo angustia que lo obliguen a dejar una causa. Por ejemplo, ¿qué debería ocurrir ahora con esa causa?
—Lo que debería ocurrir con la causa es que se dilucide si existieron desplazamientos de fondos y contratos comerciales no ajustados a las prácticas sociales. Es decir, establecer si los contratos fueron válidos, que fueron contrataciones donde hubo contraprestación de las dos partes: o sea que una parte entregó dinero y otra parte entregó un servicio. Y luego ver si esos flujos de dinero fueron a los lugares y a las sociedades correctas. Ese es el punto de investigación. Lo que debe investigarse es si esto sucedió o no. Si sucedió hay que ver quién es el responsable y si no sucedió, no hay responsables.
—¿Todo esto no lo entristece?
—No me entristece y no me deprime.Yo no tomo estas cosas desde el punto de vista personal. Tampoco es la primera vez que esto sucede en causas importantes. Hay como una costumbre, cuando se quiere apartar a un magistrado: hacerlo por la vía de la determinación de una nulidad y el apartamiento. A mí me tocó una vez, en la gestión de Carlos Menem: en la quiebra del Banco Integrado Departamental estábamos por indagar a quien era entonces presidente del Banco Central, el doctor Pedro Pou, y se me apartó. La causa fue a otro juez y siguió.
—También se le achaca haber dejado fuera del juicio por la tragedia de Once a De Vido.
—¡Palos porque bogas, palos porque no bogas!... De Vido era el superior jerárquico de Jaime y de Schiavi, que fueron los últimos dos secretarios de Transporte y, en realidad, cuando nosotros hicimos el análisis lo que encontramos es que todas las decisiones del control operativo que tenían que desarrollar respecto de cómo se usaban los subsidios por parte de los distintos grupos de operadores ferroviarios estaban bajo la responsabilidad de los dos secretarios.
—Volviendo al día de hoy, insistimos en que es triste ser testigos de la embestida de un gobierno constitucional contra la Justicia.
—Sin embargo, esto no es de ahora: no es el apartamiento de Cabral ni el apartamiento mío, ni la muerte de Nisman… Es una cosa que viene de mucho antes. Diría que desde 2009 o 2010, y lo que me entristece como ciudadano es que, en realidad, esto, que es una infracción constitucional e institucional muy importante, no esté en la agenda del ciudadano común. Que este tipo de cosas no se castiguen. O vivimos lo que estamos viviendo o también podemos hacer una reescritura de los artículos de la Constitución Nacional y borrar de allí la palabra “República” como la forma de organización política que tenemos.
