Estos son días difíciles para la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. La ausencia de su marido, ahondada por el contenido emocional de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y la convulsionada cotidianeidad de este mes de diciembre se han combinado para impactar fuertemente en su ánimo. “Cada día que pasa lo extraña más”, confesaba en estas horas un funcionario del Gobierno que conoce lo que pasa en la intimidad de la residencia de Olivos. El devenir de esta realidad, que subraya la presencia que hoy tiene la ausencia de Néstor Kirchner, está demandando al Gobierno la toma de decisiones sobre temas de alta sensibilidad social. En situaciones como éstas, a quien ejerce el poder se le presentan dos alternativas para llevar adelante las tareas de gobierno: o se abre a escuchar otras voces o se cierra sobre su círculo íntimo. La Presidenta parece haber adoptado esta última postura, reforzando así el hermetismo de su gobierno. Esto, que en el fondo no es más que una muestra de falta de confianza en buena parte de su elenco ministerial, tiene consecuencias, siendo una de ellas la de fogonear las peleas internas que ya de por sí se dan naturalmente en cualquier elenco gubernativo.
El más golpeado de todos ellos, por estas horas, es Aníbal Fernández, quien reconoció en su Twitter de Navidad que está de turno. No obstante, ni la Presidenta lo va a echar ni él se va a ir. Pero el círculo de poder se ha desplazado hacia otra geografía. CFK ha decidido recostarse, una vez más, sobre “la pingüinera”. Allí están, entonces, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, con quien la Presidenta ha hecho las paces.
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Los dos últimos reemplazos resonantes que se han producido en el Gabinete nacional –el del secretario de Justicia, Héctor Masquelet, por el Dr. Alejandro Julián Alvarez, y el del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, por la Dra. Angelina Abbona– responden al profundo disgusto de la Dra. Fernández de Kirchner con los dos últimos fallos judiciales que el Gobierno ha sufrido en el contexto de su guerra contra Clarín: uno fue el de la Corte Suprema confirmando su doctrina de no abocarse al tratamiento de medidas cautelares, lo que devino en el mantenimiento de la suspensión de la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios –ese es el artículo de desinversión que los Kirchner siempre consideraron como fundamental– y el otro, el de la Cámara Federal, que dispuso el cese de la intervención decretada sobre Papel Prensa. A partir de estos fallos, la Presidenta estuvo convencida de que tanto Masquelet como Da Rocha actuaron con poca eficacia y que al actuar así fueron funcionales a Clarín. Algunas voces que han cobrado relieve dentro del entorno presidencial ponen énfasis en señalar la crítica hacia lo que consideran poca enjundia de la demanda que el Dr. Da Rocha hizo en nombre del Estado, así como también la furia que produjo en la Presidenta una foto del Dr. Gustavo Caraballo en la fiesta de una hija del funcionario echado. Hay que recordar que el Dr. Caraballo, ex secretario técnico del general Perón, es autor de una carta publicada el 23 de agosto pasado en la que desacreditó la versión impulsada por el Gobierno según la cual Lidia Papaleo, con quien compartió el mismo lugar de detención ilegal durante la última dictadura, había sido obligada bajo tortura a desprenderse de las acciones de Papel Prensa pertenecientes a su esposo, David Graiver, en beneficio de los diarios La Nación y Clarín.
La designación del Dr. Alejandro Julián Alvarez como secretario de Justicia ha puesto al Poder Judicial en alerta naranja. “Es un prenuncio de nuevas embestidas contra los jueces que no fallan como el Gobierno quiere”, señala alguien que conoce el paño tanto del lado del Gobierno como de la Justicia.
En estas horas, el Gobierno está atravesado por teorías conspirativas. La Presidenta y varios de sus funcionarios de su entorno están convencidos de que los hechos de convulsión social que se están produciendo en estos días tienen la finalidad de debilitarlo. Es un clásico que cuando hay una protesta social extendida aparecen los que se suben a ella con el objetivo de fogonear su prolongación y sacar así algún rédito político.
Hubo esta semana un marcado protagonismo de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Primero fue la comunicación de nuevas medidas destinadas a controlar la Policía. Allí produjo revuelo el anuncio de que, en adelante, en las manifestaciones y protestas sociales los agentes actuarán desarmados. La verdad es que esto de novedoso no tiene nada. Y es por eso que tanto el ex jefe de la Federal, Néstor Vallecas, como desde la Jefatura de Gabinete, se indicó que viene siendo así desde el año 2004.
Finalmente, sobre la investigación de hechos sospechados de corrupción en el Hospital Bartolomé Churruca, hay que recordar que ya hacia fines de 2003 el mismo Beliz había echado al entonces jefe de la Policía Federal, comisario Roberto Giacomino, por denuncias de supuestas irregularidades en la provisión de equipamiento médico. ¿Qué pasó desde entonces que no se hizo nada más para evitar nuevas irregularidades?
En el caso del Club Albariño, el juez federal Daniel Rafecas se ha encontrado con que la orden que dio de bloquear el paso de gente desde Ciudad Oculta al club –para de esa manera iniciar una negociación pacífica orientada a que los ocupantes abandonen el predio– no fue cumplida por las fuerzas de seguridad de la Nación. “De esta manera, se alejan las posibilidades de un desalojo no violento”, expresa alguien desde las cercanías del juez. Rafecas es un magistrado comprometido con el tema de los derechos humanos, por lo que nadie puede imaginar que su orden signifique apalear o matar gente.
Nadie puede explicar a ciencia cierta por qué no se continúa con el diálogo entre el Gobierno nacional y el municipal que dio buen resultado en el caso del Parque Indoamericano.
En cuanto a los hechos en la estación Constitución, la metodología puesta en práctica por el Ministerio de Seguridad fue decididamente mala. Los trabajadores tercerizados que cortaron las vías estuvieron ahí desde las 11 de la mañana. Cuando pasaron las horas y el corte no se levantó, no hacía falta ser muy sagaz para avizorar una situación de enojo por la tarde. Cuando la policía llegó, la furia ya se había desatado con su secuela de locales rotos y saqueados, lo que hizo ímproba la tarea de sus efectivos. Se vivieron pues horas de gran tensión, violencia y peligro para los pasajeros, los propietarios de los negocios y también para el personal policial. A pesar del dramatismo de esas horas, las fuerzas de seguridad trajeron reminiscencias de la Armada Brancaleone. Algunas crónicas señalaron que la ministra Garré llamó al jefe del operativo para felicitarlo por el éxito de la tarea, lo que suena tan disparatado como decir que el agua y el aceite son la misma cosa.
