Autos atravesados en la vereda, vecinos que pintan “motu proprio” la bajada del cordón más allá de su garage, ruidos molestos a toda hora. No son culpa de la raza. Diáfanas urbes del primer mundo fueron sucias y caóticas. Hace nada que los excrementos en la vereda nos hacía equilibristas. Hubo un cambio en prácticas de resultado visible e inmediato que se atenúa según aumenta el costo personal y se mediatiza su visibilidad, como dejar el auto en casa, reciclar u obedecer las normas de tránsito. Vemos el árbol de nuestra conveniencia, no el bosque de la ciudad mejor. Pero, ¿qué ocurre cuando quien nos debe una mirada superadora aborda distorsiones en las representaciones que tenemos de lo urbano y del bien común, pero recae en otra que causa las que aborda? Dos noticias de esta semana ilustran la pregunta. Mutar en paseo un cadáver de autopista de Cacciatore, el Metrobus, las peatonalizaciones construyen urbanidad progresiva, reasignando espacio escaso a una mayoría dependiente de medios públicos.
Lo que el ministro de Transporte, un improbable vocero del término, bien define como “redistribución”. Pero una cifra vertiginosa de privatización de suelo de casi 200 mil m2, que ocurre a expensas de una pérdida de potencial vivienda pública de igual carácter y de servicios a los que se asocia, es matriz de una urbanidad regresiva, aun asumiendo el traslado a obra pública del incremento recaudatorio, ariete de un “presidente-ingeniero” y, para la platea atónita por el “metro de asfalto”, sin duda del titular de Educación. Torres con habitabilidad ociosa de un 30%, shoppings y countries satisfacen la necesidad de valorización de capital, no la de hábitat digno, concentran y colapsan redes, alteran drenajes y humedales. Un ominoso pasivo socioambiental de cortes de luz, agua y gas, inundaciones y congestiones que contaminan e impiden accesibilidad nos es ilegitímamente transferido. En los países desarrollados, aun los más market-friendly con urbes que obnubilan como el low cost a viajeros argentos, el camino es inverso. Estados que ejercen discriminación positiva restituyendo suelo. Disputándole ciudad a una globalizacion en la demanda de tierra que, por la fragmentación y multiplicación del financiamiento de las TICs y la caída del 2008, hizo infranqueable la brecha entre su precio y el ingreso medio. Inversiones que sextuplican las nuestras por parte de PBI en vivienda pública. Confiscaciones sí persisten en el habitaje ocioso o especulativo en Londres. Techos de alquileres en Berlín.
El gobierno debería atender los combates de la alcaldesa de Barcelona con el turismo, una jugosa caja municipal pero cuya omnipresencia magnificada virtualmente por Airbnb o Booking eleva a la estratosfera la renta y expulsa a los vecinos, alterando el modo de vida tradicional, marca registrada de su geografía. Las campañas en toda la UE que acercan la percepción ciudadana al efecto negativo de practicas naturalizadas.
La crisis de Buenos Aires es emergente de una crisis nacional. La labilidad filosófica del macrismo para con la tierra pública replica en el interior con el aval a un modelo extractivo que medra sobre rezonificaciones y una mancillada Ley de bosques, que mientras otorga ingentes superficies a cambio de escasa renta provincial y poco empleo precarizado, desplaza a quienes no accediendo al suelo imposible, ocupan o compran dignamente con lo que pueden su nicho de ambiente indigno en el camino del agua. Carne de cañón que alimenta involuntariamente el problema urbano sumando carencias crónicas a las ya insatisfechas.
Acaso tal factura persuada aun a la gestión más desdeñosa de costos sociales, que el remedio de privatizar suelo es peor que la enfermedad, y que no hay ciudad para todos si la “redistribución” que refiere el ministro Dietrich, sólo se confina al espacio de circulación.
