Se embarcó Mauricio Macri en una serie de escaramuzas judiciales como si fueran el pasaporte a la felicidad. O al triunfo en las elecciones del 22 de octubre que, en su caso, parece que fuera lo mismo. Si uno observa un núcleo de causas en vigencia y publicitadas concluirá en que todas remiten a Cristina de Kirchner, sea por azar o inteligencia artificial. Sin olvidarse de Ella misma, a su propio camino de la cruz a Comodoro Py, tropiezos por su vasta hotelería, episodios pendientes (Nisman) y una veda económica que la somete, nerviosa, a no poder gastar sus fondos. Ni para ponerlos en la campaña que, según los antecedentes sin comprobación del finado Néstor, se acumulaban para hacer política.
Como dicen las escrituras, felices los que creen sin haber visto, ya que por ahora una lista de intendentes –con preemimencia de Avellaneda, Lomas de Zamora y Matanza, según mentas– son los que deben arbitrar los aportes para actos como el de ayer en Mar del Plata, segunda o tercera tierra de Daniel Scioli gracias a la vertiginosa expansión de la familia Aldrey Iglesias. No en vano, para unos pocos, es ¨La Feliz¨.
El cerco imaginario a la viuda candidata esconde una conveniencia politica. Se compone de un trámite inconcluso para liquidar en el Consejo de la Magistratura al camarista Eduardo Freiler, un ¨Chiche¨ de la ostentación, quien hasta ahora conserva la cabeza por falta de número entre los que deben juzgarlo y sobre el que pesa hasta una venganza personal atribuida al propio Presidente por historias pasadas. Habrá que sumarle a Freiler el rosario de denuncias contra Julio De Vido, repositor de la mayoría de las obras del anterior gobierno al que imputan venalidades varias, quien quizás sea responsable de sus propios errores. A poco de haber asumido, la revista Noticias le dedicó un artículo que parecía convertirlo –como ocurrió– en el Emir Yoma de Kirchner. No quiso replicar ese artículo, sostuvo informalmente: ¨Néstor no quiere que hable, no hablo. Así son las cosas en este gobierno¨. Pero, lo presionó un periodista con la frase: ¨Difícilmente Néstor te lleve cigarrillos a Devoto¨. A lo que contestó De Vido: ¨Así son las cosas, así fueron en Santa Cruz, si no me gusta me tengo que ir...¨. Y no se fue, claro. Tampoco habló, como otro que nadie convoca: Carlos Zannini.
La ofensiva judicial no se limita al volumen de los negociados y participantes, también incluye a la procuradora Alejandra Gils Carbó, odiada más por la influencia del cargo sobre los fiscales que por la sospecha de haberse hecho rica. Aun así, le cuesta desmontar una pesquisa sobre la compra de un edificio. Hasta el mismo Macri ha dicho que se la debe echar (pronunciamiento raro justo cuando ella concentra investigaciones y delaciones en el caso Odebrecht que merodean al propio Presidente) y en la disconformidad para cesantearla hasta se debatió la forma del despido: a través de un decreto, un juicio político o un desplante que la ofenda lo suficiente como para irse sin saludar (hace 20 días se prescindió del instrumento presidencial por consejo de Clusellas contra la opinión del decretista perenne, Rodríguez Simón).
Si se observan procesos vigentes, se concluye que todos remiten a Cristina
Esta suma de causas tan publicitadas revela un fundamento de campaña que el oficialismo pregona: las mafias, los sobreprecios, la corrupción, están del otro lado, huelen al desodorante de Cristina. No pertenecen a María Eugenia Vidal ni a Macri. Para ciertos encuestadores, mantener y profundizar esta sensación colectiva será decisiva en el resultado de los comicios, inclusive en la provincia de Buenos Aires.
Futuro. Se cumplan o no los desalojos, las expulsiones o hasta alguna detención, en el Gobierno reina un criterio político que no se agota en las elecciones, persistirá en otras batallas con la Justicia. Apunta a un propósito superior: desde remover la mayor cantidad de magistrados federales al desplazamiento de Ricardo Lorenzetti, aunque este último apetito se ha morigerado debido a que la incorporación de Rosatti y Rosenkrantz, más el respaldo de Highton al dúo, le ha restado poder y caprichos al actual titular de la Corte Suprema. Al menos eso supone el Gobierno. Y aunque considera a Comodoro Py como una asociación ilícita, casi sin excepciones y a pesar de que no le ha ido mal en sus últimos procesos –Carrió sostiene que los jueces son corruptos o medrosos–, también sabe que no podrá apartarlos en masa. Como alternativa tal vez inunde el fuero con otros magistrados que lo jibaricen y eso los obligue a compartir responsabilidades.
Más de uno cree que además de incrementar gasto público, en rigor se multiplicará el sistema de peajes. Por lo tanto, ofrecen reservas las batallas de hoy y las futuras: hasta ahora rinden poco y no hay garantías de que sirvan para ganar la guerra, ya que el Gobierno no supo elegir lugar ni oportunidad para hacerlas, menos evaluó sus fuerzas. Y, como se sabe, estas son condiciones básicas, ademas de tener generales con suerte, pericia y destreza.
Desde que inició su administración, Macri tuvo roces y dislates con la Justicia (sin olvidar sus penurias municipales con el juez Gallardo). Calificaba a Oyarbide como el peor juez de la historia, mientras proclamaba a Galuccio y a Echegaray como funcionarios ejemplares del cristinismo. Consumió cartuchos en la grosería de designar por decreto a dos ministros de la Corte y, vía el ministro Garavano, supuso que Gils Carbó se quedaría apenas seis meses en su cargo. Nada peor que un varón engañado.
Al mismo tiempo, juraba que no iba a tener operadores para aliviar o engordar causas como se especializó el gobierno anterior, prometió un modelo de transparencia: desde entonces, abundaron los espontáneos para ejercer esa tarea. Fracasó Angelici por trabas internas, merodeó Torello, apelaron a Majdalani sin fortuna, Arribas se estacionó y resiste con sus secretos, algunos medios interesados hacen participar a sus periodistas en objetivos puntuales y hasta mencionan a un reconocido dueño de diarios para instalarse en ese ejercicio.
Contradictoria la autoridad del mandatario por construirse un traje judicial a medida, cuando ya se sabe que ese traje se confecciona siempre después que pasa el gobierno y según el corte y confección que determinan los magistrados.
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