El escritor Mark Twain decía que “suelen hacer falta tres semanas para preparar un discurso improvisado”. Tal vez la ex presidenta Cristina Fernández, ejercitada en su exquisita oratoria, haya requerido de menos tiempo para elaborar su discurso popular y el escrito de defensa motivados por su declaración indagatoria en la causa en la que se encuentra imputada por la venta de dólares a futuro.
El match, disputado en las arenas de Comodoro Py, expone las peleas por escapar de la cacería a la que los jueces federales nos tienen acostumbrados una vez que un gobierno ha perdido o dejado el poder. Situación que benefició en su momento el propio kirchnerismo cuando se desempolvaron las causas de corrupción acaecidas en la era Menem. La ex presidenta mostró una estrategia armada para enfervorizar a sus fieles y, al mismo tiempo, intimidar a los que exigen explicaciones y rendición de cuentas de su gestión. Así, para su tribuna, buscó victimizarse al compararse con Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón a quienes –sostiene– se les atribuyeron la comisión de graves delitos con la sola finalidad de “barrer con las conquistas logradas” e “imponer programas de ajuste”, en clara referencia a una supuesta connivencia entre los operadores de Mauricio Macri y la llamada “Familia Judicial”.
Desde el costado legal, sostuvo que la convocatoria del juez Bonadio era “contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos”. Sin embargo, muchos se preguntan por qué la ex mandataria prefirió no declarar, cuando el camino más simple era hacerlo tratándose de la causa más endeble de las que podría afrontar en el futuro. Con ello hubiera logrado: acorralar al juez, demostrarle a la ciudadanía que nada tenía que ocultar, y generar un convencimiento acerca del exceso en torno a su citación. La designación del Dr. Carlos Beraldi como su abogado, el mismo que encabeza la defensa de su sobrina Romina Mercado en la causa Hotesur, expone también una estrategia organizada y corporativa en pos de proteger judicialmente al núcleo íntimo y familiar. Cristina Fernández, también podría quedar imputada en la Justicia por lavado de dinero en la causa en que se investiga la operatoria de la financiera conocida como “La Rosadita”, Pero las dos causas que generan más atención e inquietud de parte de su equipo de letrados, son las que se denominan “Hotesur” y “Los Sauces”. En ambas, Cristina Kirchner no ha sido imputada, ni citada a declarar hasta el momento.
La pregunta es si ella será convocada a rendir cuentas, si será procesada, si en algún momento terminará presa, y si se recuperarán parte de los activos que supuestamente se malversaron. Quienes tienen que avanzar en los procesos son los mismos que alguna vez los demoraron. ¿Puede resultar confiable una Justicia Federal encarnada por los mismos actores? ¿Acaso no exhibe esa Justicia la misma grieta que expone la sociedad? Si se proyectaran al devenir las estadísticas, se debería ser cauto y hasta pesimista. Las causas por hechos de corrupción prescriben tras años de idas y venidas, muestran una tendencia al embrollo procesal, y una eficacia tan baja que menos del 3% reciben algún tipo de condena.
En materia de rescate de bienes derivados de dineros públicos ilícitos, no existe en el Estado una oficina profesionalizada encargada de activar su recupero y administración.
Cristina Kirchner parece jugar a la política para sortear a la Justicia, mientras Mauricio Macri parece dudar en auspiciar un proceso de mani pulite. El combate por la impunidad parece enfrentarlos con un arbitraje muy cómodo de los jueces del poder, quienes exhiben enorme cintura para esquivar los golpes de los contrincantes y hacerse dueños del match. La batalla contra la corrupción parece que demandará muchos esfuerzos y será extensa. Y en esa lógica la ex presidenta, encabezando un Frente Ciudadano, podría jugar a obtener fueros en el 2017 para blindarse a tiempo.
*Director del Observatorio Internacional de Calidad Institucional de la Universidad Austral.
