Una empresa petrolera y estatal gigantesca. Un gobierno generador de crecimiento socioeconómico, con la obra pública como una de las herramientas clave. Grandes compañías subidas a ese movimiento para emprender grandes negocios. Una clase política –oficialista y opositora– ávida de buscar y hallar fondos para financiar sus actividades y bolsillos. Una casta judicial que mira para otro lado, en muchos casos, hasta que alguien se anima a romper. Una sociedad que deja hacer mientras el sistema siga derramando.
Desde hace tres años, Brasil viene exponiendo a la luz pública un verdadero carnaval de corrupción tan desarrollado como obsceno. El proceso, conocido como Lava Jato, estalló en Petrobras y encadenó una sucesión de escándalos que no se detiene.
En ese desfile incesante, detonado por el juez Sergio Moro desde Curitiba, cayeron presos muchos de los principales empresarios y políticos brasileños, lo que desnudó una red de sobornos que cuantitativa y cualitativamente no se había mostrado en ninguna parte del mundo.
Dentro de esa trama han aparecido involucrados líderes del Congreso (de diferentes signos políticos y que permanecen detenidos, algunos procesados y otros ya condenados) y del Poder Ejecutivo, como los ex presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, y el actual, Michel Temer.
Imaginen el grado de descomposición instaurada como para que uno de los empresarios más poderosos del país (a cargo de un imperio cárnico) decida grabar al presidente de la Nación casi a la medianoche en una cita reservada en la residencia oficial, en la que le pide que aporte para callar a un posible delator. Otra que House of Cards.
Ante el éxito y la impunidad que tenían en su país, muchas compañías brasileñas utilizaron esos mismos mecanismos extendidos a nivel local para expandirse por el mundo. En especial en Latinoamérica, tan afecta a no preguntar (se) de dónde o cómo viene el dinero con tal de que llegue. La megaconstructora Odebrecht se convirtió en abanderada de esa invasión tramposa.
La Argentina es muy fértil para la soja, el trigo y las coimas. No sólo de Odebrecht, que admitió que pagó 35 millones de dólares en sobornos durante el kirchnerismo. Empresas argentinas y de otros países dan siempre a entender que aquí no se pueden ganar obras o contratos sin “adornar” a alguien.
Tampoco hay que limitarlo a la “década ganada”: de la patria contratista de la dictadura, pasando por las privatizaciones de Menem, los escándalos de IBM, Siemens y hasta de la firma sueca Skanska, revelado por PERFIL cuando todavía muchos periodistas luego implacables veían a Kirchner alto, rubio y de ojos celestes.
Al igual que en Brasil, intereses políticos y también económicos contaminan aún más la pelea por transparentar la prostituida confusión entre lo público y lo privado. Dan risa, para no ponerse a llorar, dirigentes K alentando sospechas de corrupción macristas. O al actual oficialismo (amparado por ciertos medios) disimulando sus conflictos de interés o los negocios que hicieron en la actividad privada, comenzando por la familia del propio Presidente. Siempre los chorros son los otros.
Y aunque el primer párrafo de esta nota se aplique a la Argentina, nuestra Justicia venal, timorata o politizada impide un Lava Jato. Por ahora.
