Quien acepta llamar “corrupta” a toda sociedad en la que circulan relatos sobre la
corrupción en sus instituciones, y reconoce que cualquier índice que pretenda medir la corrupción
de un país refleja la curiosidad pública sobre el tema y la transparencia de las instituciones a
los aspectos corruptos de su funcionamiento, termina resignándose a este flagelo vigente desde que
el mundo es así de mundo. Que altos oficiales y hasta la máxima autoridad del Ejército estuvieran
comprometidos en hechos dolosos, asombró menos que la novedad de que el Estado los sancionase
remitiéndolos a la Justicia. La escena real habría sido más compleja: al parecer un fraude reciente
que comprometía a altos oficiales provocó su separación de la fuerza y poco después se exhumó la
causa que desde hace más de cinco años justificaba el procesamiento del jefe del Ejército. Los
listos quedaron invitados a pensar que la caída del general Bendini bien pudo ser un castigo por
haberle soltado la mano a sus subordinados en desgracia. Pero, en todo caso, hay que computar el
episodio a una nueva victoria K instrumentada por la ministra Nilda Garré.
Difícilmente haya en el campo de la cultura alguien que no celebre cada avance del poder
civil sobre la corporación militar, y hasta yo aplaudiría a la ministra si se hiciera pública la
política de seguridad del Estado. Pero esa política –como las tributaria, minera, agraria,
industrial, de salud, cultural y tantas más–, si existiese, sigue siendo un misterio a
develar a partir de unos pocos golpes de efecto electoralistas, o, si se acepta,
“populistas”, como aquel de las retenciones. Poca gente, o casi nadie en el campo de la
cultura, manifiesta interés por el tema de la seguridad nacional. Piensan como si viviesen en
Australia o en Babia y no bajo el ardiente contexto político-militar de Sudamérica, con tres
vecinos como Chile, Venezuela y Brasil que, cada cual a su modo, tienen proyectos de seguridad bien
explícitos, autosostenidos y, al menos en los dos limítrofes, visiblemente exitosos.
Mientras, todo indica una inminente politización de las tres fuerzas armadas que, por ahora,
se manifiesta en una simpatía oficialista: siempre muy informado, Jorge Asís enumera en su blog a
los generales “garristas”, no por su garra sino por Garré. En cuanto a la corrupción en
la fuerza, la minimiza, como “corruptela funcional para sortear las obturaciones de la
burocracia”. En esto coincide con el insider Rosendo Fraga, que desde La Nación sugirió que
los fondos desaparecidos pudieron haberse destinando a reforzar “un presupuesto militar que
está en crisis desde hace mucho tiempo por falta de recursos”. Esto es lo que hay.
Resignémonos.