La Ley de Medios parece una margarita deshojada. Artículos centrales se han transformado en letra muerta. Unos, derogados por el Gobierno. Otros, objetados por el reciente fallo de la Cámara Civil y Comercial, a definir por la Corte. Por último, el cambio tecnológico, que la ley ignora, la tornan vetusta a temprana edad.
El Gobierno no aplica incómodos mandatos de la ley. Para ella, las licencias “son intransferibles”. Pero Hadad, en 2012, no respetó la ley. Vendió todo. Es Cristóbal López quien se presenta ahora para adecuar un grupo que no podría haber comprado. ¡Cállate, ley! Hoy, los medios se venden.
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La ley impide que empresas prestadoras de servicios públicos tengan medios audiovisuales. El Afsca lo borra con el codo: afirma sin sonrojo que las emisoras de Telefe no guardan relación alguna con Telefónica de Argentina, pese a tener igual dueño y a haberlo declarado oficialmente. Lo sabemos todos. El Afsca, no.
El fallo de la Cámara, por su parte, anula las limitaciones que impiden tener más de 24 localidades de cable y el 35% del total nacional de abonados, por razones de sustentabilidad económica de los medios. Lo que decidirá la Corte. El Supremo Tribunal deberá analizar si esas limitaciones son razonables, no sólo por motivos económicos, sino en la medida en que puedan o no incrementar la libertad de elección de los consumidores y el derecho a la información de los ciudadanos.
Las limitaciones legales al cable y señales deberán justificar su razón de ser, pese al fuerte cambio de escenario desde 2009: las telefónicas brindan video on demand en su red; plataformas extranjeras, como Netflix, permiten abonos por internet a las señales que intermediaba el cable; Direct TV, que tenía un millón de abonados, está por alcanzar los dos millones; la televisión digital terrestre, pública y privada, cubre el 70% de la población nacional. La Corte definirá qué actores de la convergencia tecnológica podrán o no ser opciones para satisfacer el libre ejercicio del derecho a la información.
