Guillermo O’Donnell, padre de la ciencia política argentina, desarrolló el concepto de “democracia delegativa”, haciendo alusión a un sistema de gobierno democrático que tiene legitimidad de origen; es decir, se trata de gobiernos que surgen de elecciones limpias y competitivas. Sin embargo, es una democracia menos liberal y republicana que la representativa, ya que tiende a no reconocer los límites constitucionales y legales de los poderes del Estado. El presidente muchas veces, por no decir siempre, se siente como el más autorizado intérprete de los intereses de la nación. En consecuencia, se siente por encima de las diversas partes de la sociedad (incluyendo a los partidos) y no cree necesario rendir cuentas, salvo en las elecciones. Esta es una manera de concebir el poder político que está sustentada en apoyos de la opinión pública, aunque con el tiempo estos vayan mermando.
Más allá de la asimetría entre los poderes del Estado, y de la preeminencia del Ejecutivo por sobre los demás (Legislativo y Judicial), hay otras cuestiones que adquieren una dinámica propia, muy interesante por el contexto de época. Una de las grietas de este modelo de democracia es justamente la interpretación que hacen los líderes sobre la innecesaria construcción de consensos, quizá en el rol interpretativo del arquetipo amigo-enemigo. Que luego termina siendo una falla sistémica, justamente porque los consensos alumbran políticas públicas sustentables y promueven la gobernabilidad.
En estos “consensos” tan necesarios se juegan las creencias y los modelos simbólicos de gobierno, país y ciudadanía. A los fines de graficar el escenario actual, debemos situar a los actores que funcionan como elementos disruptivos, ya que la contracara de la centralización en la toma de decisiones por el líder político es una ciudadanía cada vez más consciente y activa. Es decir, hay una llave, que es la participación ciudadana, que puja desde abajo y que no está formalizada como un partido político, pero se va haciendo lugar en los espacios públicos. En la calle, en los medios y en las redes sociales.
No vamos a decir que la participación es un fenómeno nuevo. Si nos remontamos a los inicios de los movimientos obreros, cualquier manual nos indica que hay acciones directas como sabotaje, boicot, huelga y el label, que son formas de presión, y si bien los tiempos han cambiado, la ciudadanía “milita” por la ciudadanía misma. Por querer ser parte de las decisiones, por ser escuchados, para manifestar apoyo o rechazo, gran parte de ella sin una identificación política partidaria o clasista, simplemente porque el término “ciudadano” se fue resignificando, internalizado como sujeto de derechos (además de obligaciones).
Las manifestaciones actuales, gracias a la democratización que trajeron las nuevas tecnologías, como las redes utilizadas en formato de canal de demanda, han generado una apertura a un colectivo mayor; solo con ver posicionamientos ciudadanos (o de organizaciones y movimientos sociales), desde temas de economía (volver al FMI) hasta género, aborto y tarifas, se adquiere una noción palpable de este contrapeso. Una nueva dimensión de poder, que interpela al líder en este sistema delegativo, es el poder ciudadano.
Este poder ciudadano como contrapeso del Poder Ejecutivo tiene diferentes capacidades, como interpelar a los gobernantes en funciones, y también ser parte de la formulación de consensos que desarrollen posteriormente políticas de Estado. Las elecciones solamente como forma de participación no son suficientes: el mayor grado de involucramiento ciudadano será proporcional a la madurez del sistema democrático, aunque este sistema continúe, por el momento, siendo esencialmente delegativo.
*Politóloga. Magíster en Relaciones Internacionales. (@barbaritelp)
