La década del 90 marcó un antes y un después en la mirada respecto de la niñez. Con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989, los Estados firmantes se comprometieron a garantizar y hacer cumplir los derechos que en ella se enumeran. Argentina fue uno de ellos y con esto dio paso a una serie de transformaciones en el sistema jurídico, político e institucional para cumplir los compromisos asumidos.
Previo a la Convención, el tratamiento de la niñez se regía por lo que los expertos denominan el “paradigma de la situación irregular”, es decir, un modelo de intervención de carácter tutelar, con una mirada punitiva del Estado que tenía como objetivo “controlar” a esa porción de la población marcada como peligrosa desde una mirada moral. Este modelo produce como resultado la criminalización y judicialización de la pobreza, en especial de los niños y adolescentes pobres.
Recién en 2005, con la Sanción de la Ley Nacional 26.061, Argentina logró traducir el espíritu de la Convención en una ley interna e inauguró así el Paradigma de la Protección Integral de Derechos. Con esto se crearon un conjunto de instituciones y dispositivos que buscaban dar respuestas a las problemáticas de la infancia desde el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho. El Estado se reconoció así como garante de los derechos humanos de la niñez y se comprometió a desarrollar políticas que protejan y garanticen el acceso a los mismos y acompañen a las familias en ese sentido.
Casi treinta años han transcurrido desde aquel 1989 y ya son 13 desde 2005. En este tiempo hemos sido testigos de importantes avances en materia de protección de los derechos de niños y niñas. Asignación Universal por Hijo, ampliación de la obligatoriedad escolar, políticas de primera infancia, ampliación del cronograma de vacunación, entre otras. Pero también hemos visto cómo el Estado argentino, a pesar de los esfuerzos, sigue sin llegar a las infancias que piden a gritos –o en un silencio ahogado por la desesperación– mayor protección de ese Estado que se comprometió internacionalmente como garante.
Las estadísticas son contundentes: la niñez es el sector más golpeado por la pobreza: en Argentina el 50% de los niños son pobres y de ellos el 10% vive en la indigencia. En otras palabras, de cada dos niños uno es pobre, de cada diez niños, 1 vive en la indigencia. Vivir en situación de pobreza es sinónimo de limitaciones para el acceso al conjunto de derechos que la Convención manda.
Recientemente el Estado nacional ha recortado el presupuesto de la Secretaría de Niñez y Familia, y vemos cómo cíclicamente surgen discursos sociales que ubican a algunos sectores de niñez, adolescencia y juventud como “potencialmente peligrosos”. Nuevamente es incierto el panorama para el resguardo de los derechos de los niños y niñas. Son casi treinta años de la Convención y si bien hemos avanzado en cuanto a la legislación existente, no existe el andamiaje institucional, ni las políticas y programas que la transformen en una realidad concreta para los niños y niñas de nuestro país.
Como país tuvimos la oportunidad para dar el paso de la situación irregular a la protección integral, sin embargo dimos un recorrido en reversa. Durante los últimos años, fuimos de la protección irregular, en la que se intentaba brindar respuestas para el universo total de niños y niñas –aun con muchos al margen–, a la desprotección integral, donde cada vez son más los niños y niñas excluidos de la protección del Estado y librados a su propia suerte.
Nos alarma y mucho este panorama que en el corto plazo no parece tener solución, sino más bien indica que se va a profundizar cada vez más. Como organización experta en derechos de los niños, no dejaremos de interpelar al Estado para que asuma con responsabilidad sus compromisos y no lo lograremos solos, para ello es necesario el compromiso de toda la sociedad. Los niños no deben ser postergados porque así lo indica la Convención. Lo niños no pueden esperar más.
*Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.
