De sindicalistas a CEOs de la caja gremial

“Yo les di poder; ricos los hicieron otros”. Se atribuye esta frase al último Juan Perón, el que a los 78 años regresó al país para ganar por tercera vez la presidencia, luego de un exilio larguísimo. Se refería a los sindicalistas, a quienes siempre reservó un rol clave en su movimiento aunque subordinado a su liderazgo, que, según su manual, conciliaba y conducía los intereses de una alianza heterogénea, policlasista.

Por eso, en sus dos primeras presidencias, cuando tuvo casi todo el poder, nunca accedió a una sentida ambición de los gremios: la administración de las obras sociales, que ya existían, pero formaban un conglomerado muy diverso. ¿Por qué no quiso? Para impedir precisamente que la “columna vertebral” de su movimiento accediera a una montaña de dinero que incentivara sus deseos y sus posibilidades de autonomía política.
Ocurrió que Perón fue derrocado en 1955 y que los gremios se fueron convirtiendo en la última trinchera del peronismo. Fueron dieciocho años en los que, además, los sindicatos tuvieron que tratar cotidianamente con los gobiernos civiles y militares que mantenían proscripto a Perón, pero tenían la llave para solucionar las demandas concretas que interesaban a los trabajadores, es decir a sus bases.

Esa relación con los ocupantes de los roles de poder incentivó el natural pragmatismo de la mayoría de los sindicalistas, que fueron generando la idea de “un peronismo sin Perón”, una suerte de laborismo criollo, cuyo máximo exponente fue el metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, “El Lobo”. Es que muchos, dentro y fuera del gremialismo, se habían convencido de que Perón no volvería nunca más.

Vandor fue asesinado el 30 de junio de 1969; al poco tiempo, el general Juan Carlos Onganía firmó el decreto ley 18.610, que reorganizó el sistema de las obras sociales y estableció que serían financiadas por los aportes de trabajadores y empleadores, y administradas por los gremios. Onganía, que encabezaba una dictadura llamada “Revolución Argentina”, cambió esa ley por una promesa de paz social de los sindicatos.
Los defensores del sistema de obras sociales argumentan que la salud de los trabajadores y sus familias está muy bien atendida, a diferencia, sostienen, de lo que ocurre en otros países.

En otro plano, la decisión de Onganía explica la frase atribuida a Perón: los sindicatos pasaron a manejar mucho más dinero y los sindicalistas, en general, se enriquecieron. No todos: la viuda de Vandor tuvo que salir a trabajar, al igual que la viuda de José Ignacio Rucci, asesinado en 1973, también metalúrgico pero que, a diferencia del Lobo, no creía en un “peronismo sin Perón”. Más acá en el tiempo, Saúl Ubaldini murió casi con lo puesto.

Pero son muchos los sindicalistas que ostentan un nivel de vida muy superior al de sus afiliados. Viven como ricos y, además, a varios les encanta mostrarlo. Hay quienes se enojan cuando a algún periodista se le ocurre mencionar una verdad tan evidente; pretenden demasiado y no comprenden las razones de su mala imagen.

El dinero de las obras sociales les dio mayor poder político, dentro y fuera del peronismo; también más influencia en las decisiones de los sucesivos gobiernos. Y dio lugar a una reformulación de la figura tradicional del sindicalista, que ahora dedica buena parte de su tarea a los diversos negocios en los que participa su gremio, como el CEO de una empresa de primer nivel.

Si en los 90 se les abrió la puerta de las privatizaciones, con el kirchnerismo también encontraron nuevos nichos, algunos por su cercanía al poder de turno y otros para protegerse de los aprietes y la voracidad patagónicos. Todo suma para el objetivo supremo del sindicalismo: ser parte del poder permanente de la Argentina.

*Editor ejecutivo de la revista Fortuna.