En el marco del trabajo del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, elaboramos en 2014 el “Informe acerca del impacto negativo de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos”, donde señalamos que los efectos negativos de la corrupción son muchísimos más graves en relación a las personas vulnerables, ya que acentúan la desigualdad y generan violencias de distinto tipo. Como dijo Kofi Annan al presentar la Convención contra la Corrupción ante la Asamblea General de ONU: “La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia, y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. Es un obstáculo para el alivio de la pobreza y el desarrollo”. Asimismo, necesitamos diferenciar actos de “corrupción menor”, como el soborno de un funcionario público subalterno, y la “gran corrupción“, ejecutada por funcionarios en altos cargos que piden un pago por ejercer atribuciones discrecionales. Esta diferenciación permite un trato más justo hacia quienes debieron pagar sobornos, ya sea para sobrevivir en el ámbito de instituciones policiales y carcelarias, o para mantener una empresa. La actual situación nacional, provincial y municipal nos exige adoptar un plan integral contra la corrupción, con medidas preventivas, punitivas y reparadoras. En el corto, mediano y largo plazo, en el seno de los tres poderes del Estado y en los diferentes niveles de gobierno. No es que no sea necesaria la condena de los corruptos, pero la experiencia histórica a nivel mundial demuestra que es a todas luces insuficiente centrarse en esa búsqueda, para la erradicación de la corrupción. En todos los casos es necesario implementar un plan integral que no se encandile con la necesaria investigación y castigo penal de los responsables de la corrupción, sino que también prevea medidas preventivas y reparadoras, que consagren la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, instituciones independientes en las auditorías, y los mecanismos de protección efectivos a periodistas y otros denunciantes de corrupción que son hostigados, amenazados, y atacados de diferente manera. En cuanto a la protección de las víctimas es central la implementación de una legislación que permita la extinción del dominio como un proceso independiente y autónomo, sin sanción punitiva. Esta práctica, eficaz e inmediata, permite además la devolución de los activos recuperados a la sociedad en forma de servicios básicos. El esfuerzo en el impulso y sostenimiento del avance de los casos penales, en entornos de gran corrupción no debe ser menor al que la dirigencia política, los medios de comunicación, investigadores, y la sociedad en su conjunto le dediquen a la prevención y reparación. En ese sentido, proponemos que se hagan relevamientos en las justicias penales, de las diversas jurisdicciones, de las causas iniciadas en torno a esta problemática, conociendo los estados actuales e imputados, siendo necesario para ello recurrir a diversas fuentes. Para ello, deberían crearse por ley comisiones de 3 a 5 expertos independientes que en 90 días efectúen un diagnóstico y recomendaciones que se hagan públicas, y que los poderes se obliguen a poner en marcha de manera inmediata. Además, debería crearse una comisión bicameral que realice una evaluación periódica de los avances, obstáculos y desafíos. Es una prioridad erradicar la gran corrupción -sistémica y estructural-, por ser uno de los factores que favorecen la desigualdad económica de nuestro pueblo y por ser generadora de violencia social e institucional en franca retroalimentación. Los pobres son, sin ninguna duda, los más castigados por ese tipo de corrupción y, a la vez, los más necesitados de ser defendidos con un plan integral que diga: basta a la corrupción.
*Miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
