A comienzos del siglo XX, Ley Sáenz Peña mediante, nuestro país institucionalizó la participación del conjunto de ciudadanos hombres en la elección de sus gobernantes. Esto ocurre cuando el país no había resuelto aún el desafío de poner en marcha una estrategia de desarrollo económico sustentable que fuera más allá del modelo agroexportador. Las expectativas creadas a partir del éxito de ese modelo debió influir en el voto ciudadano que llevó al poder a candidatos radicales en 1916, 1922 y 1928; gobiernos que no resolvieron ese desafío productivo, como tampoco lo hicieron los autores del golpe de 1930 que los desalojaron del poder. En las elecciones de 1946 vuelve a triunfar una propuesta que responde a las demandas no satisfechas mediante la creación de nuevos derechos y políticas distributivas, dejando pendiente una vez más aquel desafío productivo. Desde entonces, los gobiernos que se fueron sucediendo se vieron condicionados por la fuerza electoral de una mayoría que demandaba mejores condiciones de vida, a las que respondieron con medidas que no superaban el corto plazo. Y la reiteración de este proceso de demandas que condicionaba las respuestas cortoplacistas de los gobiernos de turno se fue plasmando en una cultura política que está en la base de las dificultades para salir del estancamiento y la pobreza. Cultura que se aproxima a una ideología cuando destacados intelectuales progresistas la agitan como bandera (https://www.lanacion.com.ar/2108469-derechos-incondicionales-que-estan-por-encima-de-los-planes-economicos). Diferente fue la experiencia de los países hoy más desarrollados y con mayor bienestar social, los que impusieron el modo de producción capitalista antes de que la ciudadanía pudiera elegir libremente a sus gobernantes. Incluso ya avanzado el siglo XX, cuando algunos países logran superar el subdesarrollo, lo hacen eludiendo las formas democráticas de gobierno. Es el caso de los países del sudeste asiático, y más claramente China, devenida en la segunda potencia económica mundial. Un ejemplo más cercano es Chile, que da un salto cualitativo en su desarrollo económico a partir de la dictadura de Pinochet. Frente a estas experiencias, el gran desafío que tenemos por delante es el de encontrar la estrategia política adecuada para alcanzar un desarrollo económico sostenido con alta productividad, sin renunciar a la convivencia democrática. Para lo cual se debe enfatizar el trabajo sobre nuestras características culturales, que son las que dificultan los consensos necesarios para imponer una dinámica económica como la señalada. El ejemplo de Alemania sirve de aliento para este desafío al observar cómo en varias de sus regiones con mayor productividad se logran consensos empresario-sindicales que llevan a acuerdos que excluyen las medidas de fuerza (primacía del consenso presente también al nivel político con gobiernos de coalición entre socialdemócratas y conservadores). En cuanto a los cambios culturales que harían posible los consensos necesarios para la concreción de ese desarrollo sostenido, nos limitamos (por razones de espacio) a enunciar los contenidos de aquellos que más contribuyen a obstaculizarlo: ausencia de definición (y de preocupación) en cuanto al origen de los cuantiosos recursos que se necesitan para atender las demandas sociales; sobrevaloración ingenua de las posibilidades de un Estado que no genera recursos propios; un prejuicio contra la empresa privada, disfrazado de lucha anticapitalista, que dificulta la creación de riquezas y de empleos genuinos (lo que por un lado disminuye la base impositiva para recaudar, y por otro demanda más planes sociales por la falta de empleos); una concepción de la política donde el que piensa distinto es un enemigo con el cual no se puede acordar nada, lo que impide consensos que lleven a políticas de Estado; y la incapacidad de ceder posiciones renunciando a privilegios sectoriales; entre otros.
