Entre el “sálvese quien pueda” y el juego ególatra y vanidoso de parte de los jueces que encarnan la figura de “justicieros”, intermediados por una opinión pública atónita y con sed de justicia frente al despilfarro ostentoso, las reglas más básicas de la Constitución de 1988 pasan a adoptar una flexibilidad reveladora con el afán de encontrar un chivo expiatorio.
El proceso judicial contra el ex presidente Lula es un claro ejemplo de eso. Primero, la condena de Lula por el juez Moro respecto del caso del Triplex en Guarujá se basó, mayoritariamente, en la delación premiada del ex presidente de la Constructora OAS, Leo Pinheiro, y de algunos de sus directivos.
La transformación de la delación premiada en una especie de mercado árabe en el que se regatea información por beneficios en las condenas de manera poco transparente viene encendiendo varias luces de alerta. Pinheiro, por ejemplo, logró rebajar su condena de ocho a cinco años de prisión, mientras que la de Lula fue impetrada sin la existencia de pruebas materiales o directas y justificada por la sobrevaloración de lo que se pasó a conocer como “indicios de prueba”.
Segundo, la negación por el Supremo Tribunal Federal del habeas corpus pedido por la defensa del líder petista al finalizar la segunda instancia del proceso judicial desafía el propio texto de la Constitución brasileña. La Carta Magna defiende el supuesto de la inocencia y, por lo tanto, el encarcelamiento solo puede ser producido después de agotados todos los recursos judiciales posibles.
No está de más mencionar que desde el año pasado hay dos acciones declaratorias de constitucionalidad (ADCs) a la espera de discusión en el plenario del STF, concernientes a la necesidad de enmarcar en la Constitución la jurisprudencia que permitió, en 2016, encarcelar a acusados en la segunda instancia de juzgado, y en base a la cual fue denegado el pedido de HC de Lula.
Más allá de las valoraciones subjetivas que se puedan tener sobre Lula y su trayectoria política, está claro que la avidez de poder y notoriedad de algunos y los manotazos de ahogado de otros están doblegando los pilares más básicos de las instituciones democráticas y republicanas que creó la Constitución brasileña de 1988. Estamos en tiempos de democracia regulada, regulada al sabor de los acontecimientos. *Politóloga. Escuela de Política y Gobierno, Unsam.
