Al terremoto mortal y al accidente con final feliz en la mina de San José, se sumó la mayor pesadilla carcelaria de toda la historia. El Bicentenario negro de Piñera.
Presos del cuarto piso, torre 5, ala sur del Penal de San Miguel (Santiago de Chile), murieron carbonizados. Algunos de ellos fueron hallados con el cuerpo abrasado, aferrados de pie a las rejas. Los del ala norte que buscaron refugio en el baño murieron asfixiados. En total, 81 reclusos encontraron la muerte al alba del miércoles 8 de diciembre. Algunas de las víctimas estaban encarceladas por vender DVDs piratas. Pero antes de que estallara el fuego, alrededor de las 5 de la mañana, el Aguja –uno de los reclusos–, con una garrafa de gas y una manguera a modo de lanzallamas, apuntó a un espacio contiguo. En minutos, la fogata había contaminado frazadas y colchones. Antes aún, la chicha artesanal que los internos destilan en la cárcel inflamó los ánimos: un grupo de presos se resistía a compartir el módulo con un acusado de violación.
Después, a las 05.57, la primera autobomba llegó hasta el lugar; luego lo hicieron otras nueve más. Los bomberos de la 3ª Compañía relataron que los internos pedían a gritos que les tiraran agua. Para bajar la temperatura de las puertas, mojaron el seguro con trapos empapados y trataron de abrirlas con un alicate. En el meollo del incendio, la temperatura trepó a los 1.000 °C. Se desmenuzaban los cascos de protección, las ropas crepitaban. A las 09.30, el último camión abandonó San Miguel. Había tenido lugar la mayor tragedia en los 80 años del Servicio Penitenciario de Chile. No todos los pobres, se sabe, son delincuentes, pero casi todos los presos son pobres. La mayor tragedia de los pobres siempre está por venir.
El año del Bicentenario chileno empezó el 27 de febrero con un brutal sismo que, además de víctimas y daños, ocasionó el cuestionamiento que sufre la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, encargada de la reconstrucción. El presidente Sebastián Piñera la apoya: “Si la crítica se hace para sembrar cizaña, yo les digo que lo que requerimos es unidad para reconstruir el país”. Las palabras de la política, puestas al flanco de la tragedia, tienen la propensión a parecerse a un regalo empresarial dentro de un quirófano de guerra.
El jueves 5 de agosto de 2010, el derrumbe con final feliz de la mina San José en Atacama puso en evidencia la insuficiencia de los sistemas de fiscalización y de control en las tareas mineras y la precariedad laboral.
El miércoles 8 de diciembre de madrugada, “no había ni condiciones ni plan de emergencia debido a la precariedad del recinto”. En el editorial del 9 del vistoso sitio Elmostrador.blogs&opinión, puede leerse: “El Bicentenario ha traído a la realidad, de manera dramática, la precariedad institucional que vive el país en vastos ámbitos de las políticas de Estado”.
En la cuestión que nos ocupa no le faltan razones: en un país que tiene un ingreso per cápita de 14.992 dólares y que seguirá a la cabeza en Suramérica hasta 2014, la tasa de encarcelados por cada 100 mil habitantes es la más alta de Latinoamérica (318 presos); San Miguel albergaba 1.664 reclusos pero su capacidad máxima es de 800 y sólo tenía cinco agentes.
Aunque la tragedia siempre tiene visos de presente perpetuo, hay días subsiguientes. El viernes 10 se reunían el director del Servicio Médico Legal, doctor Patricio Bustos, y el director del Registro Civil para coordinar la prosecución del complejo proceso de reconocimiento de los cadáveres y entrega a sus familias. El fiscal Alejandro Peña, dedicado al incendio, anunció que no sólo se está estableciendo la cronología de los sucesos, sino también la modalidad, las cargas de combustibles utilizadas y los sistemas de seguridad desplegados. Determinar identidades y responsabilidades llevará su tiempo.
La directora del Instituto de Derechos Humanos de Chile, Lorena Fríes, comentó que lo más grave fue el sistema empleado para disparar el alerta. Se trata de una especie de protocolo chilean way: “Cuando ocurre una emergencia, la persona privada de libertad le grita por la ventana al guardia del perímetro y es él quien tiene que avisar. Un sistema de información deplorable: queda en manos del arbitrio del guardia de perímetro en caso de que decida avisar”, explicó.
Piñera no anduvo con rodeos para calificar a las cárceles de su país: “Son inhumanas”. Luego de la tragedia, Milton Juica, presidente de la Corte Suprema, indicó: “El crecimiento carcelario en Chile ha sido mayor de lo previsto por el sistema procesal penal, que hace que las personas sean llevadas con mayor fuerza a la cárcel”. Desde el oficialismo, el senador Alberto Espina (Renovación Nacional) respondió que “si Juica quiere imputar al gobierno los problemas del sistema carcelario, está equivocado. Los gobiernos de la Concertación relajaron las posturas y aumentó la masa de delincuentes”. En 2008, visitó Chile la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida por Florentín Meléndez. Las conclusiones señalan que en los centros de detención operados por el Estado hay un nivel de hacinamiento “pocas veces visto”, insalubridad extrema y ausencia de verdaderos programas de readaptación social. La fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, sostuvo que la solución no es construir más penales, sino aumentar las medidas intrapenitenciarias como “las salidas dominicales, salidas diarias y rebajas de condenas”.
En 2001, el entonces ministro de Justicia, José Gómez Urrutia (PRSD, Partido Radical Social Demócrata), prometió: “De aquí al 2004, la cárcel de San Miguel se termina”. Ojalá hubiese sido así para 81 almas.
El día de la tragedia, Víctor Pacheco posteó en un periódico chileno: “Es de esperar que por moral, ética, respeto por los chilenos y vergüenza, los ex ministros de Justicia de los últimos veinte años se mantengan callados: Francisco Cumplido Cereceda (PDC, Partido Demócrata Cristiano); María Soledad Alvear Valenzuela (PDC); José Antonio Gómez Urrutia (PRSD); Luis Bates Hidalgo (PRSD); Isidro Solís Palma (PRSD) y Carlos Maldonado Curti (PDC)”. Las mismas voces; sólo otros ámbitos.
