El cierre de contratos, la odisea de 2008

La presente columna fue escrita con anterioridad a la renuncia del ministro Martín Lousteau, a pesar de lo cual, la agenda que analiza es de estricta vigencia.

En el campo por las retenciones móviles y en la ciudad por el significativo aumento de las expectativas de inflación, un tema relevante de la agenda 2008 es la creciente dificultad para cerrar contratos entre privados. Esta nueva odisea puede llevar a postergar decisiones, con el consiguiente desaliento de la demanda de bienes y servicios. No será sencillo en el campo restablecer fluidez en la celebración de contratos si se mantienen las retenciones móviles. Mientras, en la ciudad, o bien se logra bajar significativamente las expectativas de inflación, o bien debería pensarse en establecer alguna unidad de cuenta como el salario. En ambos casos, el panorama se haría más complejo si finalmente se impusieran ideas como la del desdoblamiento cambiario.
La soja es el cultivo líder en la Argentina, con una cosecha estimada en 2007/08 de 47 millones de toneladas, casi el 51% de la producción total de cereales y oleaginosas de esta campaña, calculada en 92,7 millones de toneladas. Es también una fértil fuente de recursos fiscales, con retenciones estimadas en US$ 6.700 millones para este ejercicio. Pero además,  la soja ha venido sumando otros atributos, menos analizados pero igualmente relevantes: en el campo argentino ha pasado a ser una verdadera moneda, como la sal en la Antigüedad, con funciones plenas:

• es reserva de valor, siendo almacenada en silos propios y ajenos por tiempos significativos;
• es la unidad de cuenta que simplifica, entre otras cosas, los contratos de alquiler, que se pactan en quintales por hectárea;
• es también medio de pago, ya que se canjea por agroquímicos, tractores e inmuebles.

Las retenciones móviles  fueron percibidas como un instrumento de mayor presión tributaria entre los chacareros pero, a largo plazo, probablemente el impacto más significativo provenga del hecho de que puede afectar el rol de la soja como moneda y, por ende, hacer más engorroso el cierre de los contratos. Las retenciones móviles hacen mucho más difusos los precios relativos hacia adelante entre este cultivo y el resto, al igual que se dificulta el canje con insumos y bienes, ya que las fluctuaciones del mercado internacional alteran el set de cotizaciones locales, tamizadas por los diferentes tramos de alícuota impositiva. Este fenómeno, que comenzó a trabar el funcionamiento de los mercados de futuros locales, incorpora un factor de incertidumbre a los contratos del sector agroindustrial que no había aparecido ni con la deflación ni con  la devaluación. Con incertidumbre, las decisiones tienden a postergarse, concentrándose el gerenciamiento en objetivos del día a día y de menor riesgo: entre otras cosas, esto podría aumentar la “sojización” en lugar de desalentarla, debido a que cultivos alternativos como el maíz implican involucrar más del doble de capital de trabajo por hectárea, en un contexto en el cual los chacareros posiblemente prefieran achicar su exposición al riesgo.
Frente a este cuadro de situación, y buscando opciones para que los contratos no se resientan, debe reconocerse que es difícil imaginarlas en el marco de la persistencia de las retenciones móviles. Si la situación de por sí es compleja, qué decir si a esto se agregan rumores de desdoblamiento cambiario.
En lo que hace a los contratos urbanos, la noticia más preocupante vino de la mano de la encuesta de expectativas de inflación que realiza la Universidad Di Tella. Este relevamiento, que en la última parte de 2007 se ubicaba en un andarivel alto pero estable del orden de 23% anual, se empinó el último mes a 32,8% anual. Un guarismo preocupante, porque ocurre en un contexto de tipo de cambio que venía estabilizado, de pauta salarial del 19,5% y sin que exista emisión monetaria destinada a financiar déficit fiscal, que era el caso de los años 80.
Entre otros mercados, este empinamiento de las expectativas afecta el funcionamiento de los alquileres comerciales, que deben celebrarse a un plazo mínimo de tres años.
Obsérvese que en el presente están venciendo contratos pactados a principios de 2005, cuando la inflación (y probablemente las expectativas) se ubicaba en torno al 0,5% mensual.
Ahora, con expectativas inflacionarias superiores al 25% anual, un contrato a 3 años implica desde el punto de vista del propietario demandar un alquiler mensual en pesos 50% superior al que correspondería en caso de, por ejemplo, una inflación esperada de 2% a 3% anual. Pero el problema no se agota aquí, sino que podría generarse un sesgo hacia contrapartes más riesgosas: esas condiciones podrían ser aceptadas por empresarios más desaprensivos, que creen que habrán de “licuar” el costo del alquiler con una inflación todavía más elevada que la esperada. ¿Pero qué ocurre con el nivel de actividad en ese caso? En realidad, ni unos ni otros tienen la información necesaria para tomar decisiones de este calibre. Mientras tanto, el cierre de los contratos se hace cada vez más engorroso, y aquellos comerciantes más conservadores pueden verse llevados a no renovar, perdiendo las inversiones previas destinadas a posicionar su negocio en un sitio determinado. La opción de dolarizar los contratos sigue siendo desaconsejable cuando se trata de actividades vinculadas al mercado interno, como es el caso de la absoluta mayoría.
Con este cuadro de situación, el escenario óptimo pasa por una baja sustancial y genuina de las expectativas de inflación. Un “segundo mejor” es la opción de recrear una unidad de cuenta como fue la soja en el campo, aunque para la ciudad este lugar corresponde al salario. En trabajos recientes de Ieral, se encontró que para el período 1995/2007 la relación entre la evolución de los salarios privados formales (no agrícolas) y el Indice de Precios al Consumidor muestra una elasticidad entre las series de 0,97. Es decir, para una suba de 10% de los salarios el ajuste esperado del IPC es de 9,7%. Con un margen de más o menos 5%, el sueldo bruto promedio privado no agrícola, que para la última medición del Sistema Integrado de Jubilaciones se encuentra en  $ 2.529, podría ser una buena referencia para evitar cometer errores graves de apreciación en un alquiler comercial.