En un Estado de Derecho consolidado las personas son encarceladas luego de un juicio justo basado en leyes dictadas antes del proceso. El encarcelamiento de personas sin condena -e incluso el apresamiento de personas sin procesamiento o antes de una indagatoria- configura, o debiera configurar (como la exhibición de la intimidad de las mismas en los medios masivos, incluso cuando son detenidas) en una democracia- una excepción y no, como sucede en la Argentina, una penosa regla. Una regla que horada el Estado de Derecho, contraviene nuestra Constitución y todos los tratados internacionales de derechos humanos en la materia, a los que nuestro país está comprometido.
Existe una tendencia en la actualidad: las “condenas” (y los tiempos de muchos procesamientos, así como las prisiones preventivas inconstitucionales) parecen depender más de los medios masivos y las necesidades políticas del poder de turno que de lo que dictamine, con observancia estricta de la Constitución, el Poder Judicial. Se invierte de este modo la relación de prioridad entre ambos: los medios no informan de las eventuales condenas de la Justicia, sino que en cierto sentido la subrogan en su trabajo inicial: los medios “condenan” ante la sociedad, y muchas de esas personas, ya estigmatizadas y “condenadas” mediática y políticamente, son luego encarceladas –sin procesamiento o contraviniendo las reglas básicas de la constitución argentina- por la Justicia.
La Justicia se aparta así de su mandato básico: ser un poder imparcial e independiente. El atropello del Poder Judicial a las mismas garantías jurídicas que ese mismo poder debe proteger se explica por la inversión de esta relación de prioridad, donde muchas de las cosas que antes hacía y decidía la Justicia (con sus tiempos lentos), hoy son decididas en los hechos por los medios masivos, con sus tiempos rápidos, y a menudo voraces. No importa muchas veces, a los ojos de la sociedad, lo que diga la Justicia. No importa saber si Boudou, De Vido o Zannini son culpables o inocentes de algo. Porque ya están en cierto sentido condenados. Importa mucho más, a la hora de determinar que una persona es culpable o inocente, lo que se diga en los medios. Por eso mismo hasta el poder judicial se aparta de las garantías procesales mínimas. Y por eso mismo las detenciones se han convertido en verdaderos shows mediáticos. En una democracia, las detenciones no son nunca un show.
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En la Argentina de hoy no se respeta el debido proceso. Que la prisión preventiva, que debiera ser la excepción, se haya convertido en la regla (para encarcelar personas sin condena, que según la Constitución se deberían presumir inocentes y no culpables hasta que se demuestre lo contrario, demostración que debe suceder en un juicio con garantías claras y no ante la prensa), es una acabada muestra de esto. Esto afecta a miles de personas apresadas sin condena, que están inconstitucionalmente presas, ya que la peligrosidad no rige en nuestro sistema jurídico como causal de encarcelamiento preventivo.
En una república la condena no la deciden los medios, sino los tribunales. Como advirtió la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, estamos en un momento tan sensible y crítico, que se hace menester “aclarar lo obvio”.
En la Argentina de hoy no se respetan ni el principio de inocencia ni el debido proceso. Y esto trasciende –aunque incluye- a los apresamientos por eventuales delitos de corrupción, es una falla procesal que se extiende, desde hace décadas, a todas las áreas penales. Esta falla ha sido alimentada, precisamente, por los medios masivos, con su necesidad de encarcelar personas por el peligro que representan o representarían –violando la constitución- y no por los delitos que cometen. Esta falla, lejos de ser disminuida y atacada, es cada día mas grande y se la emplea procesalmente como una poderosa arma de revancha política.
