Ni los piquetes, ni los palos, ni las encerronas, ni los encapuchados se inspiran en la democracia, aunque invoquen sus fundamentos: los derechos. En estos días de confusión conceptual se reclaman legítimos derechos, como la libertad de expresión y a la protesta, incitando al odio, a la violencia, lo que invalida la misma idea democrática porque imponen la extorsión del miedo. Una concepción que niega a los otros sus derechos; los que reducen la democracia a las elecciones, paradójicamente desconocen la legitimidad y la autoridad que surgen de las urnas.
Si el terrorismo de Estado vivificó la idea democrática, la prepotencia política de la decada pasada ha revalorizado la participación ciudadana. Aspectos novedosos que no pueden ser analizados con categorías y acciones de los tiempos autoritarios. El que se siga creyendo que la política se dirime en las calles es la confesión de ese atraso cultural político que no termina de incorporar la idea democrática.
No son marchas ni movilizaciones las que faltan en nuestra historia contemporánea, dominada por las interrupciones de la vida democrática, que las justificaron. Sin embargo, las marchas revolucionarias de la decada del setenta desembocaron en la pesadilla totalitaria del terrorismo de Estado y nos impulsaron en el sentido contrario, la reivindicación de la República y los derechos individuales. Aun cuando en nuestro país el lenguaje de los derechos humanos fue distorsionado por su utilización partidaria, debemos restituirles el sentido humanitario original con el que nacieron de las cenizas de las dictaduras. La mejor garantía de respeto a los derechos es que seamos capaces de tener instituciones que los garanticen y una cultura de respeto a la pluralidad democrática.
Si es válida la definición de que el progreso moral radica en el aumento de nuestra capacidad para tornar irrelevantes las diferencias, los argentinos, en estos días, hemos dado un paso gigantesco, ya que al contrariar las imposiciones de los que gritan más fuerte o invocan representaciones dudosas, hemos contribuido, también, a disminuir la crueldad que sobrevive en el espacio público, donde campean los agravios, las descalificaciones personales y las amenazas. Una muestra más de que la condena a la dictadura no significa que se tengan necesariamente convicciones democráticas. Entre nosotros, se constata también lo que observa el canadiense Michael Ignatieff, un defensor de los derechos humanos: “Con frecuencia, grupos no gubernamentales afirman que representan los intereses humanitarios y los derechos humanos con mayor efectividad que los gobiernos y no siempre son más representativos ni transparentes que los gobiernos electos”.
Con dolor hemos visto cómo algunas organizaciones utilizan el discurso universal de los derechos pero, en realidad, defienden intereses grupales o personales. Y con su práctica pública niegan la filosofía humanista universal que surgió para defender de la prepotencia del Estado tanto a los débiles como a los poderosos. Pero, también, de la propia violencia.
De modo que para reclamar por la falta de pan y el trabajo necesitamos instituciones y gobernantes que garanticen ampliamente las libertades democráticas, especialmente el derecho a expresarnos. Una libertad que no puede ser utilizada para incitar al odio y a la violencia, tal como advierte el Pacto de San José de Costa Rica, la Biblia de los derechos humanos en el continente americano.
La pobreza se combate con derechos ciudadanos, no con el clientelismo que hace de los pobres rehenes electorales. La democracia es el único sistema que legitima el conflicto, ya que la libertad pone en movimiento intereses y derechos. La condición del entendimiento y el diálogo es que la democracia sea un ideal común y todos hablemos el mismo lenguaje de respeto y tolerancia. Al final ésa es la verdadera grieta.
*Periodista y escritora.
