A partir de la década del 80 se produjeron cambios de importancia en los mercados de trabajo y en las relaciones laborales prevalecientes en ellos. Estos cambios fueron una de las consecuencias de profundas transformaciones estructurales de la economía, de innovaciones técnicas de características singulares e inéditas, y de cambios en la estructura, la composición y los niveles educativos de la fuerza de trabajo.
De los desarrollos observados, dos han sido especialmente significativos para la vida sindical y han demandado respuestas coherentes de parte de las organizaciones gremiales. El primero se refiere al requerimiento de una mayor flexibilidad laboral, y el segundo, a la creciente emergencia de una economía de servicios. Uno de los efectos más importantes de la flexibilidad se ha dado en lo referente a la organización del trabajo.
Los sindicatos argentinos han sido siempre criticados por su falta de adhesión y entusiasmo por promover cambios en la organización del trabajo que mejorarían la calidad de vida de los trabajadores, y por no haber asumido la necesidad de adecuar sus objetivos, estrategias y tácticas a las nuevas características de los mercados laborales. La sostenida desindustrialización del empleo, los cambios técnicos y el creciente desempleo han puesto en evidencia la necesidad de contar con mayor flexibilidad en el uso de la mano de obra y con nuevas formas de negociar y encarar las relaciones laborales. Estos aspectos son rechazados totalmente por las organizaciones sindicales y también por ciertos sectores políticos.
Un rasgo muy negativo de algunas organizaciones sindicales y de sus dirigentes está dado por una actitud beligerante, muy poco favorable a una negociación equilibrada que tampoco tiene en cuenta el indiscutible perjuicio que tal característica conlleva para los sectores afectados. Ello resulta muy evidente en el caso de los paros decretados por los gremios docentes, con graves consecuencias para los alumnos y para su ya deteriorado nivel de aprendizaje. También, a título de ejemplo, ya que existen numerosos casos, puede mencionarse el caso de los bancarios, cuyos paros perjudican en distintas dimensiones a los clientes. O los paros declarados en el sector ferroviario, que obstruyen a los trabajadores que utilizan este medio de transporte y que se ven afectados en sus tareas y, en muchos casos, les hacen perder la remuneración por presentismo. Resulta evidente que a los llamados sindicalistas les generan muy poco interés los eventuales perjuicios que sus actitudes y decisiones provocan en otros sectores. Pero, para la sociedad, los beneficios que puedan obtener de tal comportamiento serán compensados por pérdidas presentes o futuras en otros sectores de esa misma sociedad. Y las negociaciones se habrán convertido así en un juego de suma cero.
No hay competencia en el sindicalismo argentino, que está organizado de manera monopólica, lo que lleva a la acumulación de poder y a la corrupción. Es cierto que en las negociaciones colectivas se pone en evidencia el llamado “poder económico de los sindicatos”, definido como “el poder para influenciar las tasas salariales por encima de los niveles obtenibles en un mercado de trabajo no sindicalizado”. Pero los datos disponibles parecen indicar una ausencia de ejercicio de tal tipo de poder. Si esto puede llamar la atención, debe considerarse la posibilidad de que los dirigentes sindicales hubiesen dirigido sus esfuerzos hacia el ejercicio de otro tipo de poder, como su enriquecimiento personal y su permanencia en el cargo por períodos insólita y extraordinariamente prolongados.
De lo anterior se puede concluir que, si bien es cierto que el Estado debe respetar la libertad sindical, no debe por ello escudar los evidentes hechos de corrupción.
*Directora del Doctorado en Dirección de Empresas, Ucema.
