En estos días de campaña, el tema de la participación del Estado en la economía ha quedado reducido al debate por Aerolíneas Argentinas o YPF.
Sin embargo, el verdadero debate es otro.
Pero antes de ir hacia el debate que hace falta, sólo dos reflexiones sobre el debate menor. La primera es que ignoro por qué los argentinos seguimos, en su mayoría, aferrados a la “línea aérea estatal” como solución a la política aerocomercial. Gran parte de los países del mundo ya ha comprendido que el tema de la conectividad aérea a precios razonables no depende de tener una línea de bandera de propiedad del Estado, sino que depende de tener una política de transporte aéreo que genere competencia, mayor oferta y, en todo caso, otorgar un subsidio específico en algunas rutas no rentables que se desee cubrir. Aerolíneas Argentinas no es del Estado, es de los sindicatos, de sus funcionarios y de sus proveedores, pagados por nosotros, en especial por los pobres que no viajan en avión, y no es la manera más eficiente de cumplir con el objetivo de brindar el servicio de conectividad aérea dentro del país.
En cuanto a YPF, lo importante es tener una política de hidrocarburos que permita cumplir de la mejor manera los objetivos económicos y ambientales de corto y largo plazo en la producción de energía. Si la política es mala, YPF no es la solución. Si la política es buena, es un instrumento complementario. Su propiedad, mientras cumpla con eficiencia, profesionalidad y transparencia su trabajo empresario, es lo de menos.
Paso, entonces, al verdadero debate. Lo que ha pasado en estos años es que tuvimos un “shock de bonanza”, en el marco del boom de los precios de la soja, del fuerte incremento de la productividad del campo, de bajas tasas de interés internacionales y de un punto de partida, en 2003, de un tipo de cambio real recontra alto. El kirchnerismo, respaldado por la mayoría de la sociedad argentina, se encargó de redistribuir los mayores recursos de esa bonanza a favor de una mayor participación del gasto público en la economía. Aumentó el empleo público y los salarios. Incrementó el número de jubilados y la remuneración mínima de ellos. Y generó un fenomenal esquema de subsidios a los precios de la energía y el transporte.
Impulsó un modelo de crecimiento basado en el consumo, alentando aumentos salariales bien por encima de la productividad. Pero un modelo de crecimiento basado en el consumo, para ser sustentable, tiene que lograr que ese mayor consumo mueva la inversión, y que haya una mejora de la productividad con nuevas tecnologías y bienes públicos eficientes, de manera que una mayor oferta permita abastecer, sin tensiones, el incremento de la demanda. Por el contrario, las políticas se encargaron de desalentar la inversión, en particular en los sectores generadores de dólares. Y el gasto público concentrado en gasto corriente destruyó la calidad de los bienes públicos, empeorando la productividad.
Mientras tanto, el “shock de bonanza” se fue agotando. Primero, porque el tipo de cambio real, como consecuencia directa de un esquema basado en el consumo, empezó a caer. Segundo, porque los precios de la soja dejaron de crecer. Tercero, porque la destrucción de la oferta energética obligó a importar energía.
En ese contexto, para sostener artificialmente el consumo, desde el Estado, se recurrió a la expropiación directa e indirecta (las AFJP, primero y una presión tributaria real, inédita, después). Para conseguir los dólares que ya no generaba el sector productivo se tomó por asalto al Banco Central. Y para no quedarse sin reservas se tuvo que racionar la venta de dólares.
Pero ahora, la situación externa ha empeorado, y no sólo desapareció el shock de bonanza. Ahora tenemos un shock inverso.
Por lo tanto, el “ajuste” que la economía argentina necesita es, en realidad, devolverle al sector privado la capacidad de producir eficiente y competitivamente, y al sector público la capacidad de generar bienes públicos complementarios de calidad.
Es decir, hay que redistribuir nuevamente los recursos del Estado hacia el sector privado.
Y dentro del Estado, hacia la inversión. Y dentro del sector privado, hacia los “productores de dólares”.
Ese es el verdadero debate “Estado/ privado” que no se hace ni se hará.
Lo demás, como diría el ministro de Economía, “es para la gilada”.
