El proceso electoral para las elecciones presidenciales del 14 de abril está viciado estructuralmente a favor del gobierno chavista: El chavismo usa y abusa de los recursos financieros, materiales y humanos del Estado para los gastos de campaña, así como para aumentar demagógicamente las prebendas, los subsidios, las donaciones y la inauguración de obras, entre otros. El propósito es movilizar el día de las elecciones su tradicional mayoría electoral (unos 8 millones de votantes o 54% más o menos). Chávez logró esa mayoría regularmente desde 1998 con políticas asistencialistas de inclusión y servicios sociales que beneficiaron capas sociales largamente ignoradas y marginadas por previos gobiernos. Este modelo paternalista/clientelista “empoderó” a esa mayoría Estado-dependiente con un nuevo sentido de identidad, pertenencia y dignidad chavista. Por ello a Chávez lo idolatran y lo votan.
El régimen chavista controla todos los poderes del Estado, incluyendo el Legislativo, el Judicial, el electoral, la mayoría de las gobernaciones y las Fuerzas Armadas. Con ese control, el chavismo ha modificado las reglas electorales para favorecer a sus candidatos y permitir la re-reelección. Así ha forzado la utilización de un sofisticado sistema automatizado de votación, cuya transparencia y seguridad es cuestionada por al menos la mitad de los votantes. Este genera dudas sobre el secreto del voto, animando a los chavistas, pero amedrentando a los opositores. El mensaje velado: “El gobierno sabe por quién votas. La tecnología lo permite”. Con ese control también se ha evitado desde 2008 una auditoría independiente del Registro Electoral. Las Fuerzas Armadas, encargadas de la seguridad de los comicios, son abiertamente chavistas.
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El gobierno manipula y abusa de los medios de comunicación del Estado y de sus aliados (controlan el 80% de los medios). Así, los canales oficiales ignoran la campaña de la oposición, pero usan sus espacios para denigrar y descalificar la candidatura de Henrique Capriles, violando las reglas electorales. La oposición cuenta con cuatro minutos diarios disponibles en los medios televisivos para su campaña, mientras que el gobierno tiene los mismos, más diez minutos reservados para publicidad institucional, además de las cadenas nacionales por tiempo indefinido. El candidato chavista, el presidente a cargo Nicolás Maduro, hasta se niega a debatir con el candidato opositor. La hija de Chávez usa las cadenas para convertir en votos la memoria, emoción y devoción que el pueblo chavista siente por su difunto líder.
Esta distorsión estructural genera un ventajismo difícil de contrarrestar. Y existe, además, la posibilidad de una manipulación electrónica de los resultados, tal como estudios estadísticos han demostrado que ocurrió en las elecciones de 2004 y 2012. Está diseñado para perpetuar el chavismo en el poder. Sólo con este ventajismo el chavismo puede superar el voto castigo que debería recibir por la grave situación en que tiene al país, incluyendo el desabastecimiento y la inflación (la mayor en América Latina), la criminalidad (de las más altas en el mundo) y los deplorables servicios del Estado. Un 50% de venezolanos cree que el país está en mal camino. Es la única manera de asegurar el continuismo en el poder de un régimen autoritario en control de una democracia incompleta. Un régimen que por sólo ganar elecciones cree que puede ignorar o violentar principios y libertades fundamentales de la gobernanza democrática. Este ventajismo viola preceptos constitucionales y no es sancionado por el Consejo Nacional Electoral ni por la Contraloría General. También contraviene los principios y las prácticas fundamentales de elecciones libres y justas, acordados por todas las democracias del continente en la Carta Democrática Interamericana de la OEA (como pasa en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y República Dominicana). Por ello el chavismo rehúsa invitar la observación electoral de la OEA y la Unión Europea. Pero un triunfo chavista en estas condiciones electorales será cuestionado por la oposición y por la comunidad internacional, y no gozará de legitimidad.
*Ex funcionario de OEA y jefe de varias misiones de observación electoral. Enseña en las universidades de Georgetown y George Washington.
