En 1991, ocurrió en el Chaco algo que nadie esperaba, menos aún del Superior Tribunal de Justicia: violando la denominada “ley de enganche” el alto tribunal se dio a sí mismo un aumento salarial del 150%, dejando de lado a todos los demás jueces, funcionarios y empleados judiciales.
El escándalo motivó masivas movilizaciones judiciales bajo la consigna “No a la injusticia; no a la marginación”. Los jueces y funcionarios a su vez declararon ilegítimo el aumento salarial de alcance limitado y amenazaron con acciones legales.
El entonces secretario general del gremio judicial, Adolfo Britez, exhortó a rever la medida “para impedir la formación de una bola de nieve que termine golpeando duramente las finanzas provinciales con otro monstruoso juicio perdido”.
Como todos esos reclamos y protestas tuvieron el mismo efecto que el ladrido de un perro a la luna, finalmente acudieron a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Valiéndose de los más variados recursos jurídicos, los gobernantes de turno se pasaban uno a otro la bola de nieve, que crecía más y más según pasaban los años.
A mediados del 2015 hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: el gobierno chaqueño, todavía en manos de Jorge Capitanich, debía pagar a unos 1.500 empleados judiciales chaqueños casi 1.450 millones de pesos.
A partir de dicha sentencia, algunos de los demandantes alcanzaron a cobrar. Entre ellos, María Emilia del Valle, ahora ministra de la Corte chaqueña.
En cuanto asumió, en diciembre pasado, el nuevo gobernador Oscar Domingo Peppo frenó los cobros declarando a la provincia en estado de emergencia económica y financiera.
Lo hizo a través de un decreto, considerado válido por un juez en lo civil que ahora ocupa un cargo superior.
Pero al mismo tiempo anunció que antes de terminar este año todos cobrarían sus créditos, totalmente y en dinero en efectivo. La noticia calmó a la tropa judicial. Por fin se iba a cerrar la herida que algunos jueces abrieron 25 años atrás.
Logró que la Cámara de Diputados aprobara una ley autorizando el endeudamiento de la provincia, para cumplimentar con su promesa. El gobernador incluso viajó a los Estados Unidos para negociar el crédito. Y el dinero llegó.
Estafa económica y moral. El dinero llegó y está, pero nadie cobrará totalmente y en efectivo como el mandatario chaqueño prometió.
El decreto que instrumenta el pago obliga a quienes pretendan cobrar totalmente a una quita de la mitad de lo que se le debe, o bien hacerlo en el término de diez años, pero también con quitas que llegan hasta el 43%.
“Ya esperamos 25 años y ahora el gobierno quiere que esperemos 35”, “se aprobó una ley para tomar deuda para el pago de las sentencias pero no se utilizan los recursos para ese fin”, “estamos en un polvorín”, se escuchó decir en una agitada asamblea concretada por centenares de decepcionados judiciales.
Los diputados de la oposición también salieron a cuestionar fuertemente el decreto que instrumenta el pago. “Es una aberrante tergiversación de la legislación original”, apuntaron.
Calificaron de “caballo de Troya” a la ley que autorizó a la provincia a endeudarse, remarcaron que se ha producido “una estafa económica y moral”, y acusaron al gobierno de “usar a los judiciales y a los diputados para zafar del déficit atroz que padece la provincia”.
Convencidos de que el gobierno ha incurrido en los delitos de desobediencia judicial, malversación de caudales públicos y retención indebida, ex magistrados y funcionarios judiciales se encuentran preparando, en estos días, las correspondientes denuncias penales.
*Periodista.
