La declaración del default por las agencias calificadores y aseguradoras de riesgo, más allá de que sea selectiva, técnica o temporaria, tiene un efecto contagio que impregna a la totalidad de los bonos argentinos.
Como consecuencia del default, estos bonos no pueden formar parte de las tenencias de fondos de pensión o de inversión o de entidades bancarias. En el mejor de los casos, aquellas que las exhiben en sus balances deben constituir previsiones por los montos que en cada caso determina la respectiva agencia regulatoria o los estatutos de la institución que los posea.
Del mismo modo, dichos títulos no pueden ser utilizados como garantía de operaciones financieras o bancarias. Además, la declaración de default “enciende” automáticamente cláusulas de caducidad en todo tipo de contrato que requiera transferencias de fondos a la Argentina o su cancelación a través del mercado cambiario argentino. Esto puede llegar a afectar incluso a líneas de crédito entre casas matrices y filiales locales de bancos o de empresas.
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La mayor parte de las agencias de seguro de crédito a la exportación o a la inversión cesan de garantizar operaciones con Argentina, o pasan a hacerlo en forma muy selectiva y a un costo muy elevado para el tomador. Esto tiene dos efectos: compromete todas las importaciones de bienes de capital financiadas por créditos de proveedores y paraliza las inversiones cubiertas por este tipo de garantías; para colmo, torna irrelevantes los pagos que se hagan al Club de París, que atiende las operaciones de este tipo de agencias.
En estas condiciones, la financiación de importaciones de bienes de capital e insumos queda limitada a operaciones con crédito local o con líneas de crédito extendidas por países con los que hay acuerdos bilaterales (Brasil, Venezuela, Rusia, China) y a eventuales saldos no utilizados de acuerdos bilaterales de pagos de la Aladi.
Así resulta muy difícil el normal desenvolvimiento del comercio exterior y se llega a una paralización progresiva de las inversiones. Como extensión de esta situación y ante el riesgo de una eventual devaluación, algunos bancos locales han comenzado a procesar con mucha parsimonia cartas de crédito y otros documentos vinculados a comercio exterior que pudiesen originar un aumento de su exposición en moneda extranjera.
Por último, la aprobación de la ley cambiando la sede de pago de los bonos de la reestructuración de la deuda cierra las pocas posibilidades que aún existían de que el Gobierno pudiera acceder, en un plazo razonable, a financiamiento de bancos internacionales. Default más cambios unilaterales en las obligaciones asumidas en los prospectos de emisión de bonos son barreras difíciles de sortear a la hora de ir a buscar “fondos frescos” para financiar las operaciones corrientes.
Los esfuerzos del presidente del BCRA y del ministro de Economía por activar el acuerdo de swap con China, la decisión del BCRA de volver a obligar a los bancos a disminuir sus haberes en moneda extranjera, la nueva limitación de la AFIP a la compra de dólares “para fines de ahorro”, y las sumas que se acumulan de autorizaciones pendientes de transferencias de divisas por operaciones ya cubiertas en pesos indicarían que, a partir del default, las necesidades de divisas del Gobierno y de la autoridad monetaria han ingresado en una etapa de menor confort que la precedente, que se inició con la devaluación y las restantes medidas tomadas en el mes de enero.
Ante este cuadro de crecientes dudas sobre la posibilidad de mantener la política cambiaria actual, caracterizada por microdevaluaciones que van por detrás de la tasa de inflación, los exportadores retrasan sus ventas y liquidaciones de divisas, esperando incrementar sus ingresos en moneda local, devaluación mediante. Así se genera uno de los tantos círculos viciosos que, tarde o temprano, sólo es posible, lamentablemente, romper con una nueva devaluación… a menos que se solucione el default.
