Uno de los principios con los que nace el derecho penal liberal es el principio de “última ratio”, que quiere resumir la idea de que la respuesta punitiva (el uso del sistema penal, el castigo, la cárcel) es –debe ser siempre– la última opción o alternativa para el Estado, cuando todos los otros mecanismos hayan sido agotados. Hoy asistimos en la región al paradigma inverso (a un retroceso antiliberal, ya que el garantismo es una filosofía liberal igualitaria, que apuntala al desarrollo más que a la criminalización de la pobreza, que siempre termina en un círculo vicioso del que se hace muy difícil salir): la idea de que el sistema penal, la persecución penal (el aumento de potestades de las fuerzas de seguridad, la baja en la edad de imputabilidad, nuevos protocolos para ampliar la actuación de la policía, restitución a la fuerza de policías sospechados de crímenes graves, etc.) como primera opción, esto es, como única “respuesta” que brinda ante diversos conflictos sociales el Estado. Cuando la ministra Bullrich cuestiona el garantismo penal, está diciendo que gran parte de los problemas que vivimos los argentinos se deberían a las garantías constitucionales, lo cual es poco menos que absurdo. Pero esta política (de mano dura, antigarantismo) ha demostrado ser contraproducente en todos los países donde fue aplicada. Solo ha incrementado la conflictividad y la violencia, agravando todos los problemas que dice en teoría venir a prevenir o a resolver. El sistema penal es de “última ratio” por un segundo motivo: los juristas liberales sabían que el sistema penal (la cárcel, el castigo, y por eso nuestra Constitución reza que la cárcel será “para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”) no “resuelve” conflicto alguno, apenas si lo “suspende” por un plazo determinado de tiempo (el estrecho plazo en que la persona queda detenida, que no debiera ser eterno). Pero nuestras dirigencias cometen otro error severo: toman esta “suspensión” (del conflicto, transitoria y muy precaria) como una “respuesta”, como una (la única que parecen conocer nuestros dirigentes y parte de la Justicia) “solución” al problema. Por eso aplican el encarcelamiento masivo preventivo (incluso durante el proceso, lo cual mancilla el principio de inocencia), porque toman la cárcel como lo que no es: como una “respuesta”. Como “solución”. Como “salida”. Esta política represiva se sostiene sobre una falsa antinomia, hoy repetida por nuestra ministra de Seguridad: la falsa oposición entre derechos humanos de unos (fuerzas de seguridad) contra derechos humanos de otros (ciudadanos que delinquen). En un Estado de Derecho todos tienen los mismos derechos humanos y garantías. La antinomia es falsa y viene con una prédica beligerante, que usa la retórica militar para instalar la idea de que en el país hay una “guerra” al delito, una guerra para la cual las garantías procesales y constitucionales pasan a ser representadas peligrosamente como un “obstáculo”, como un problema. Así este discurso llega al corolario antidemocrático más cuestionable: plantea que la razón de los problemas sociales que atraviesan los argentinos no se deben a políticas económicas o criminales equivocadas, que agravan cuadros sociales de exclusión y marginalidad, sino que el problema de fondo serían las garantías y los derechos humanos que figuran en nuestra Constitución, que serían un “obstáculo” o escollo en la “guerra” al delito. Pero los derechos humanos no son un “obstáculo” para la democracia. Son la única “salida”. La única respuesta posible.
*UBA-Conicet. Director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social (Lima, Perú).
