Las recientes elecciones en la provincia de Tucumán mostraron las dificultades de nuestra democracia para conocer la voluntad genuina del pueblo en el momento de votar. Las distorsiones se relacionaron con el robo de boletas, el acarreo de personas, maniobras para alterar el contenido de las urnas o irregularidades en los cómputos y la comunicación de resultados.
Se trata de formas de fraude muy graves, que necesitan una urgente corrección. Esta puede lograrse con sólo reunir las voluntades políticas suficientes para imponer los cambios legislativos que hagan más transparente el proceso electoral (boleta única incluida, como lo hace ya la mayoría de los países de la región).
Pero en varias provincias con dominación de tipo feudal se da otra forma de fraude, más compleja, cuya erradicación necesita no sólo cambios legales sino también otros más profundos, estructurales. Me refiero a formas de fraude basadas en prácticas gubernamentales que condicionan el voto con acciones que van más allá de la entrega de bolsas de comida u otros objetos que hacen a las necesidades de los grupos carenciados. Condicionamiento que viene de lejos, nacido de diversas formas de asistencialismo o empleos públicos creados con el solo objetivo de comprar la voluntad de los más pobres, que temen perderlos si no votan por el candidato oficialista.
Esto, que puede existir en alguna medida en otras provincias, resulta determinante en los resultados electorales de aquellas con atraso económico, aislamiento cultural y dominación política de tipo feudal. Formosa es un caso paradigmático de todo esto.
La “crisis terminal” de las economías regionales no hace más que agravar deficiencias estructurales que además de condicionar el voto de los “súbditos del poder” desvirtúa el funcionamiento de la democracia de varias maneras: incentivando candidaturas que sólo buscan resolver apremios económicos (en Tucumán se presentaron más de 25 mil ciudadanos como candidatos) u obligando a las personas con mayor iniciativa a abandonar sus provincias para instalarse en las grandes ciudades industriales. Son todas respuestas individuales que no hacen más que perpetuar el atraso económico y ese tipo de dominación feudal.
Terminar con esta forma de fraude sólo es posible con un cambio estructural que dé lugar a un desarrollo económico basado en inversiones privadas para la creación de riqueza y empleos genuinos. Pero esta nueva estrategia económica sólo será posible con un cambio del gobierno nacional en cuanto a la forma actual de entender el federalismo: debe abandonar una connivencia espuria con los gobiernos de esas provincias, mediante la cual les hace entrega de recursos considerables para atender el empleo público superfluo y el asistencialismo; lo que esos gobiernos provinciales retribuyen haciendo que sus diputados y senadores acompañen todas las medidas que el gobierno nacional toma para consolidar su poder.
La acción de un nuevo gobierno nacional que termine con la financiación espuria de ese tipo de gastos, sumada a una batería de estímulos adecuados, será un factor de presión, no fácil de eludir, para que esas provincias redefinan el rol de sus Estados, que deben abandonar su omnipresencia paralizante como empleadores improductivos o asistencialistas, para pasar a ser promotores y reguladores de una industrialización en manos de empresas privadas. Una adecuada recaudación impositiva acorde a las nuevas actividades productivas, más los fondos de una coparticipación legítima, los recursos derivados de los estímulos y el ahorro por asistencialismos y empleos públicos ya innecesarios permitirá a esas provincias financiar obras de infraestructura y buenas políticas sociales.
Erradicar esta forma de fraude requiere, además, ciudadanos libres, y a esto también contribuirá una estructura productiva basada en la industria privada: la única capaz de crear “obreros libres”.
*Sociólogo.
