Ultimamente, se publica abundante información sobre delitos cuyos autores habían sido liberados a pesar de la comisión de otros crímenes recientes. Los jueces y fiscales responsables de esas liberaciones reciben, cada tanto, el repudio social y la crítica periodística por el daño que causan. Sin embargo, una y otra vez vuelven sobre las mismas medidas.
¿Qué es lo que conduce a un funcionario a semejante desaprensión frente a los bienes que debe proteger, como la vida, la integridad física y la propiedad?
Debe descartarse que se trate de una actitud demagógica, porque nada hay más impopular, en todas las capas sociales, que el mal llamado “garantismo”.
Decimos “el mal llamado ‘garantismo’” porque nadie puede rechazar seriamente las garantías en los juicios penales. Los propios impulsores de estas corrientes hablan de “minimalismo” en la aplicación de las penas, más que de “garantismo”.
Y no nos estamos refiriendo tampoco a las motivaciones jurídicas. Ya sabemos que los argumentos jurídicos suelen, lamentablemente, darse vuelta aquí como un guante, según quién sea el imputado. Hablamos de los impulsos psicológicos, de los sentimientos morales que llevan a jueces o fiscales a propiciar que los delincuentes estén libres y los hombres y mujeres honrados, entre rejas.
Podría pensarse, entonces, en una sensibilidad muy fina de esos teóricos, en la consideración de las personas que han caído en el delito, así como en una sincera convicción respecto de la inutilidad de las penas. Y, ciertamente, hay algunos de ellos que de verdad piensan de ese modo. Pero tales argumentos se destruyen de inmediato cuando comprobamos que muchos sostenedores de esas mismas corrientes minimalistas, enemigos de las penalidades, piden y hasta aplican sanciones extremas contra el hombre común que tal vez ha cometido un exceso en la legítima defensa. Vemos, entonces, a esos funcionarios reclamando penas de prisión nunca menores a dos cifras, para castigar a aquellos de quienes saben, de antemano, que no son enemigos de la sociedad, aunque –ante la presión del momento– hayan perdido el control de sus actos y, en ocasiones, quizá ni siquiera hayan llegado al exceso.
Si nos enfocamos, por otro lado, en el resentimiento, tal vez podremos encontrar una explicación más realista al “minimalismo”.
Existen muchos motivos, no necesariamente económicos –y, generalmente, no económicos– por los cuales una persona puede obrar con resentimiento contra la sociedad. Quienquiera que haya leído la Retórica, de Aristóteles, encontrará una larga lista de estas inconfesables motivaciones.
En ese contexto, el “minimalismo” o el “abolicionismo” es –por decirlo en sentido figurado– el “crimen perfecto”, porque es otro quien lo comete. Quizá otro hombre poseído por el resentimiento, pero sin vuelo intelectual, de un nivel sociocultural menos afortunado, pero a quien hay que proteger, porque es el ejecutor autónomo contra la odiada clase media –aunque el intelectual pertenezca a ella–, contra el estereotipo del hombre de familia, contra el calor reposado del hogar.
En realidad, ni siquiera hace falta el crimen. Es suficiente con el miedo. Si sólo pudiera lograrse que la familia tuviera miedo, que se sintiera amenazada en su vida, en sus propiedades y en su integridad sexual, tan despreciada por ciertos intelectuales, no pocos de esos teóricos de las penas mínimas o nulas se sentirían satisfechos.
El Estado pasa a ser así, no ya algo inexistente, que nos deja librados a nuestra suerte. La anarquía todavía podría permitir la autodefensa de la gente honrada. El Estado es, en este contexto, el que nos sujeta las manos por detrás de la espalda, para que la delincuencia nos golpee en la cara.
* Autor del libro Soborno transnacional y co-redactor de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
