Luisa y Javier forman una joven pareja que vive en una populosa villa miseria del Conurbano de Buenos Aires. Ambos cursaron el secundario en un colegio local. Con el título de educación media, Luisa consiguió un buen trabajo; Javier ya lo tenía. Son trabajos formales, estables, de buena calidad laboral. La pareja está bien integrada y aspira a formar un hogar, con hijos. Y quisieran mudarse, salir de la villa, establecerse en un barrio donde imaginan que la vida sería más estable y que ofrecería a los hijos que vendrán un entorno más seguro. Pero no pueden encarar una mudanza; no hay un mercado hipotecario y alquilar una vivienda “normal” les parece que se les hará cuesta arriba. Ahí encuentran el obstáculo insuperable para la movilidad social a la que aspiran. El desafío educativo lo superaron exitosamente. En otros tiempos ese logro era el primer paso para la movilidad ascendente; hoy no lo es.
Ahora se está poniendo en movimiento en la Ciudad de Buenos Aires un proceso de reurbanización de villas, uno de cuyos pilares es la instalación en esos espacios de centros para actividades comunitarias y de edificios públicos que, por un lado, integrarían la villa al “mundo real” de la sociedad llevando allí entidades de él y, por otro lado, generarían una oferta de bienes públicos –culturales, recreacionales, espacios verdes– cuya oferta en el ámbito de las villas es especialmente escasa, cuando no inexistente. Eso al margen de las mejoras urbanísticas posiblemente valiosas en sí mismas. Procesos similares parecen estar despuntando en el Conurbano.
Está claro que, para personas en la franja de población que Luisa y Javier representan, el mayor déficit en su vida actual no es la falta de dinero –aunque obviamente aspiran a mayores ingresos–. Disponen de los medios para adquirir los bienes de consumo cotidiano que desean y aun algunos de los bienes durables –heladera, televisor, ropa– a los que con la financiación actual pueden acceder. Su mayor carencia es la dificultad para acceder a los bienes que definen un proyecto de vida con oportunidades y canales de movilidad. Su mayor demanda es “otra vida”, que no se define esencialmente por bienes de consumo corrientes.
Los “excluidos” del sistema social viven bajo la presión continua de dos fuerzas contrapuestas: una es la de los mercaderes de la exclusión, los traficantes de droga y otros bienes “perversos”, los cuenteros y los explotadores de distinto tipo; otra es la de sus propias aspiraciones a integrarse a una sociedad “completa”, a la que les cuesta muchísimo acceder. Todo eso fue analizado en dos libros importantes aparecidos hace varias décadas: El otro sendero de Hernando de Soto, a principios de los años 90, y Housing by people de John Turner, en los años 70. Dentro de un paradigma que puede ser llamado esencialmente “anarquista”, ambos reivindicaban la creatividad espontánea de las personas marginales para construir caminos alternativos al mundo al que no pueden acceder. Ambos, en parte, idealizaban los resultados de esas construcciones colectivas espontáneas; pero a la vez aportaron miradas originales y valiosas.
Los seres humanos podemos, en gran medida, encontrar soluciones a nuestras aspiraciones y necesidades de manera creativa; esas respuestas son, en muchos casos, vías hacia la inclusión social. Pero eso tiene límites y son esos los límites que el Estado debe compensar y que las organizaciones sociales pueden ayudar a superar. Un gran error de los enfoques pasados fue tratar de corregir las soluciones espontáneas a las que la gente arriba espontáneamente en su propia vida con soluciones imaginadas en instancias burocráticas o políticas; por ejemplo, “mejorando” los diseños de las viviendas que ellos mismos producen. Integrar al conjunto de la sociedad los hábitats donde se realimenta la exclusión es un paso fundamental para empezar a recorrer el largo y complejo camino de la inclusión social.
